Las primeras restricciones en los aeropuertos se pusieron en marcha hoy en la Argentina por la medida de fuerza lanzada por la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA), el sindicato que agrupa a los controladores aéreos. Las consecuencias del conflicto salarial impactan desde esta jornada sobre vuelos de diversas empresas y rutas, en el inicio de una serie de acciones que continuarán en los siguientes días de agosto.
Empieza el paro de controladores aéreos: cómo afecta la medida a los vuelos
La organización sindical dispuso retenciones escalonadas en el sector para los próximos días, con interrupciones de salidas en diversos horarios.
Esta mañana ATEPSA inició las acciones previstas en su cronograma tras el fracaso de la última ronda paritaria. De acuerdo con el sindicato, las medidas afectan exclusivamente los despegues, mediante restringir las autorizaciones para aeronaves y vehículos en superficie. Tampoco se tramitan ni se transmiten planes de vuelo durante los intervalos previamente establecidos.
El cronograma difundido por la ATEPSA especifica las siguientes franjas para aplicar la restricción de salidas:
- Viernes 22 de agosto: las suspensiones se extienden desde las 13 hasta las 16 y vuelven a regir de 19 a 22.
- Domingo 24 de agosto: las retenciones se repiten en idénticos horarios.
- Martes 26 de agosto: afecta los vuelos de 7 a 10 y de 14 a 17.
- Jueves 28 de agosto: la medida opera entre las 13 y las 16.
- Sábado 30 de agosto: vuelven a suspenderse los despegues de 13 a 16 y de 19 a 22, completando el ciclo anunciado.
Todas las operaciones de aeronaves que declaran emergencia, así como aquellas asignadas a servicios sanitarios, humanitarios, de Estado o de búsqueda y salvamento, quedan excluidas del plan de lucha, según aclaró Atepsa.
El conflicto gremial escaló después de que la Secretaría de Trabajo dictó, a principios de julio, la conciliación obligatoria durante el receso de invierno, pero la extensión del proceso no satisfizo las demandas. Mientras la posición gubernamental ofrecía una pauta de incremento salarial cercana al 1% mensual, representantes sindicales advirtieron que solo desactivarían las acciones si surgía una “propuesta salarial decente”.