En el encuentro con ediles de diversos municipios de la zona de Valles, se instó a la Legislatura a dar respuesta urgente al reparto previsible de fondos comunales. Además, hubo duros cuestionamientos al costo de la energía eléctrica.
Este viernes se desarrolló una nueva jornada del Parlamento del Gran Jujuy, espacio institucional que congrega a concejales de San Salvador, Palpalá, Yala y la reciente incorporación de la comuna de Perico.
Como se había anunciado, los debates centrales se enfocado en la necesidad de sancionar una Ley de Coparticipación Municipal y la crisis por los altos costos de la tarifa eléctrica.
El concejal de Palpalá, Rodrigo Reynaga (La Libertad Avanza), remarcó el consenso alcanzado entre ediles de distintas fuerzas políticas sobre la urgencia de dar estabilidad y previsibilidad financiera a las administraciones comunales.
Además, enfatizó que Jujuy padece un retraso institucional histórico al ser la única provincia del país que no cuenta con un marco legal automático para la distribución de fondos coparticipables entre sus municipios: "El tema de la coparticipación preocupa a todos los municipios. Coincidimos totalmente en que hace falta una ley para darle la previsibilidad que necesitan los intendentes para gobernar. Jujuy es la única provincia de la Argentina que no la tiene dentro de su ejido provincial. Lamentablemente vemos que siempre se utiliza el tema de los fondos para presionar políticamente a los municipios según de qué color político sean”.
El edil señaló que el Parlamento del Gran Jujuy emitirá una resolución de preferencia para solicitar formalmente a la Legislatura que acelere el tratamiento del proyecto de coparticipación.
En relación con el debate por la emergencia tarifaria, el legislador libertario diferenció las propuestas de congelamiento de precios de las iniciativas enfáticas para "limpiar" las facturas de cargos ajenos al consumo directo: "Desde nuestro espacio en Palpalá planteamos eliminar la tasa de alumbrado público y el cargo FOPEJ de la factura de energía, porque son ajenos al consumo real de cada hogar. Por otro lado, pedimos informes sobre la planta solar Cauchari: los jujeños hicimos un esfuerzo enorme para tener independencia energética con un parque en la Puna que cubre entre el 80% y el 90% de la demanda, pero seguimos pagando una de las tarifas más caras de la República Argentina”.
El concejal por Palpalá, Elías Ortega (Frente de Izquierda), lamentó que no se diera tratamiento sobre tablas a la declaración de emergencia tarifaria, remarcando que el impacto de las facturas de luz y gas resulta insostenible para las familias trabajadoras del ejido metropolitano.
Señaló que la acumulación de incrementos en los servicios básicos afecta gravemente a los vecinos de Palpalá, San Salvador y Alto Comedero, señalando además la situación crítica que atraviesan operarios fabriles y familias del sector industrial: "El aumento de tarifas es desmedido, a los laburantes de Zapla les viene dos o tres veces más en la boleta del gas. Las multas que el Gobierno le impone a EGESA son irrisorias al lado de lo que la empresa recauda con boletas impagables. Pedíamos tratar hoy la declaración para exigir el retrotraimiento y congelamiento de las tarifas, junto con la creación de una comisión de control integrada por trabajadores y estudiantes, pero prefirieron mandarlo a comisión".
El edil cuestionó además la falta de debate en torno al proyecto de emergencia salarial, el cual propone que todo empleado estatal provincial o municipal —docentes, personal de salud y trabajadores comunales— perciba un haber equivalente al costo de la canasta básica familiar, indexado automáticamente por la inflación.
Ortega contrapuso el discurso oficial sobre las cuentas públicas con la realidad de los asalariados y la distribución tributaria: "El Gobierno provincial dice todo el tiempo que tiene superávit fiscal, pero impone salarios a la baja. Se discute la ley de coparticipación para repartir la plata que hay entre municipios, pero no se toca a los sectores que más ganan, como las grandes mineras y las regalías del 2% o 3%. Tampoco se quiere discutir las exenciones impositivas a grandes industrias como Zapla o los ingenios azucareros mientras a los trabajadores les deben dinero".
