Viviendas inconclusas: "El ciudadano recibe esa casa y recibe un problema"

• El gobierno provincial realizó la entrega de viviendas inconclusas y sin servicios básicos.
• Se trata de los complejos habitacionales de Alto Comedero abandonados por cooperativas desde hace 5 años, los cuales se había comprometido a terminar.
• El empresario José Balut cuestionó que en Jujuy no hay un plan de desarrollo, no se propicia la competencia en los procesos licitatorios y se desconoce cómo se utilizan los fondos públicos.

Con la pandemia como distracción el gobierno provincial aprovechó para sacarse de encima el compromiso que había asumido de terminar las viviendas que fueron abandonadas por cooperativas en el año 2015 y procedió a entregarlas, aun en las condiciones de extrema precariedad en la que se encontraban. Sin servicios básicos, algunas sin techo, sin sanitarios, entre otros faltantes.

“Estamos con la entrega de 400 viviendas que sorteamos el 30 de mayo pasado que seguramente muchos están esperando. Estamos haciendo la entrega mediante decreto, porque son viviendas hechas por cooperativas no terminadas. La intención del gobierno era terminarlas pero después del 30 de mayo vino la debacle de agosto, la pandemia y se decidió con el gobernador entregarlas como están”, fueron las palabras textuales de Humberto García, Secretario de Ordenamiento Territorial y Vivienda al realizar el anuncio de adjudicación.

Como están, no llegan a ser casas. Pero el gobierno utiliza el eufemismo de “unidades habitacionales” para que en el discurso puedan pasar como tal.

En este marco el empresario José Balut reflexionó en cuanto a que el gobierno provincial no tiene una estrategia de desarrollo para la ciudadanía, no es transparente respecto al uso de los fondos públicos y no genera las condiciones para que las empresas puedan competir en un proceso de licitación, lo que trae como consecuencia el no poder hacer contratos que signifiquen buen precio, calidad y cumplimiento de los plazos establecidos.

"El estado tiene leyes en las cuales tiene la obligación de hacer una licitación abierta de acuerdo al monto de la obra. Y si es un monto menor puede hacer una licitación menor invitando a empresas de la provincia, y sino puede hacer una adjudicación directa, depende siempre del monto de la obra".

"Lo primero que pide es un fondo de garantía de la obra que la empresa tendría que ejecutar, es decir que el Estado queda con un fondo de garantía para ejecutar cualquier mala terminación de la obra. Siempre hay un fondo de respaldo para que realmente la obra quede terminada de acuerdo a lo que el gobierno ha contratado".

La cuestión es que cuando las obras son ejecutadas por cooperativas y estas no se terminan, el Estado indefectiblemente se tiene que hacer cargo.

"Desde la época de Milagro Sala que empezaron a surgir todas estas cooperativas, todas las obras que hicieron fueron mal ejecutadas. A las cooperativas les daban plata, les daban plata y la obra no se entregaba", expresó Balut.

"Para el colmo de males, se perdió el oficial, el técnico, el especialista en determinados ítems de la construcción. Entonces ya no hay gente especializada en nada", cuestionó.

Previo a iniciar su primer mandato, Gerardo Morales fue muy crítico del deficiente uso del Fondo Nacional de la Vivienda (Fonavi) durante el período 2003-2008. El mismo que fue a buscar por adelantado (cuatro años) $600 millones a modo de garantía destinado a las 619 viviendas anunciadas en marzo del año pasado. En conferencia de prensa hizo alarde de haber conseguido financiamiento para “concluir la construcción de 500 viviendas que eran ejecutadas por organizaciones sociales y que tienen que ser finalizadas por cooperativas de trabajo”, compromiso del cual se desligó.

Para Balut el problema del Estado reside en que no hay una planificación consciente porque se le entrega vivienda a la gente, sin tener en cuenta que trabaja a kilómetros de ese lugar y quizá nunca la habite.

"Todo es una conquista que creen que hacen con el ciudadano al entregarle una casa y el ciudadano recibe esa casa y recibe un problema y muchas veces ni la habita. Si el gobierno tendría una estrategia de desarrollo sabría a dónde va a invertir para hacer viviendas, o realmente la gente que va a habitar un desarrollo inmobiliario tenga a dónde ir a trabajar".

Por otro lado mencionó que no hay un control del gasto público y eso resta transparencia a la gestión.

"El control del gasto público la tiene que hacer la cámara de diputados. Hay una comisión de obra pública que no sé qué petición está haciendo del programa que normalmente tiene que presentar el gobierno al inicio de cada ejercicio, del plan de inversión de obras públicas, el control de obras públicas, sobre todo de la licitación y de la ejecución presupuestaria, es decir de cómo se viene gastando la plata a través del tiempo".