La “yapa” en la obra pública se pagaba sólo a la Tupac Amaru

La denuncia alcanza también al gobernador Eduardo Fellner y podría rozar en responsabilidad al Exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, quien tendría directa responsabilidad por cuanto era quien autorizaba los pagos.

La denuncia fue presentada en la justicia ordinaria de turno y en la misma se adjuntaron pruebas de los pagos que se hicieron en varios casos y un organigrama de las responsabilidades que le cabía a cada uno de los funcionarios tanto del gobierno provincial como nacional, que intervenían para concretar esta irregular operatoria.

Se menciona también a los integrantes de la Cooperativa “Pibes Villeros”, por ser quienes percibían finalmente los fondos liquidados irregularmente.

“En algunos casos se han pagado sobre precios o adicionales superiores al 35% del monto de obra2 dejó al descubierto el Fiscal en diálogo con Radio 2.

Reconoció que no está acreditado en ninguno de los expedientes cuales eran los motivos o causas, por los cuales debían pagarse esos mayores costos, en obras en donde los plazos de ejecución eran muy cortos.  “Técnicamente era imposible que en seis meses de ejecución de una vivienda, el Estado debiera re-determinar más de un 30% del monto de obra” apuntó.

Era la Unidad Ejecutora Provincial  que solicitaba al Ministerio de Planificación el pago y éste autorizaba y remitía los fondos a la provincia. “En el caso de que hubiera correspondido, debía seguirse un procedimiento y no se lo hizo” destacó Miranda.

En declaraciones a los medios de prensa nacional, el ex Ministro Julio De Vido decía que se enviaban a las provincias los fondos, cargando a ellas las responsabilidades. “Es claro que parte de las declaraciones son ciertas. El que ejecutaba y se debiera controlar en la jurisdicción era la provincia de Jujuy, pero en definitiva y en el caso concreto denunciado, los mayores costos adicionales debían ser aprobados y autorizados por el Ministerio de Planificación Federal. Figura en los contratos y las pruebas que acompañamos en los expedientes. La justicia deberá determinar en qué hecho delictivo encuadra cada uno de los funcionarios intervinientes  de orden provincial y de orden nacional” consideró el Fiscal de Estado.

Llama la atención que únicamente y según los registros el beneficio recaía solamente en la Organización Tupac Amaru. “Hay otras cooperativas que han realizado obras destinado a la vivienda social que no se le ha pagado ninguna suma adicional una vez concluida la obra. En caso los beneficios eran para las cooperativas de que integraban  la Red de Organizaciones Sociales pertenecientes a la Tupac Amaru”.  

Para dar ejemplo de esa operatoria, dijo Miranda que uno de los programas que ejecutó la Tupac entre el 2012 y 2015,  fue el de Integración Socio Comunitario que se desarrolló en distintos puntos de la provincia y donde se invirtieron 396 millones de pesos y se re determinaron los precios por 149 millones de pesos.  “Estamos hablando que superan el 35%”.

En algunos casos esos sobre precios alcanzada en obras de hasta once meses después de terminadas, “o por lo menos figura en los expedientes que está terminada, se procedió a otorgar suma adicional o yapa, como se quiere decir, plata que se la llevaron”.

Julio de Vido en sus excusas, menciona el Decreto 1295 donde se establece los pasos a seguir para determinar un sobre precio. “Ya sabíamos que no se habían cumplido ese Decreto, porque establece que se podría llegar a re determinar algún sobre precio por mayores costos, durante la etapa de ejecución de la obra, nunca con posterioridad”.

La Unidad de Ejecutora Provincial dependía del Instituto de Vivienda y estaba a cargo de un arquitecto de apellido Carrizo, quien deberá dar explicaciones en este sentido. “Dentro de la documentación que adjuntamos, es uno de los que suscribe los pedidos de adendas o mayores costos”.

Sobre la cadena de responsabilidades dijo que “Estamos denunciando todo un camino o circuito, va a estar en manos de la justicia determinar el grado de responsabilidad que tiene cada uno. Algunos surgen de la documentación que se ha acompañado, porque suscribieron cheques, han firmado pedidos de pago adicionales; han firmados convenios. Otros han cobrado, como por ejemplo, dentro de este mecanismo denunciamos a los integrantes de las cooperativas Pibes Villeros, porque aparecen estos pagos adicionales, algunos depositados en la caja de ahorro de esta organización y han sido cobrados”.

Dentro de esta estructura la justicia deberá determinar el grado de responsabilidad de alto o menor rango y arranca de la cabeza de Julio De Vido que autorizaba el pago de los adicionales hasta aquel que retiraba los fondos del Banco.

Sobre Eduardo Fellner, dijo Miranda que “Lo ponemos tanto en la primer denuncia como en esta, nada de esto se podría haber llevado adelante sin el conocimiento o el consentimiento del Poder Político que estaba en Jujuy en ese momento, tanto a nivel provincial como funcionarios nacionales”.

Finalmente, consideró que “me parece extraño que una organización haya manejado tantos  fondos sin que lo sepan los funcionarios de orden nacional o provincial. Si fueron parte o no, y que grado de responsabilidad penal lo determinará la justicia y no me cabe duda que aquí hay una responsabilidad de orden política”.