El Noroeste Argentino cuenta con uno de los complejos industriales más antiguos e integrados del país. El sector sucroalcoholero, principal agroindustria dela región, genera más de 57.000 empleos directos, una extensa red de proveedores locales (productores cañeros y Pymes) y un sistema logístico que moviliza anualmente más de 26 millones de toneladas de caña y sus derivados, constituyendo un polo de desarrollo y capital social para nuestros conciudadanos.
Jujuy |
Nueva Ley de Biocombustibles, una oportunidad para fortalecer el federalismo productivo
Por Jorge Feijóo, presidente del Centro Azucarero Argentino
Esta competitividad no es fruto del azar, sino de una sostenida inversión, innovación y eficiencia en todos sus procesos. Veamos los números: En los últimos 15 años, el sector invirtió más de 533 millones de dólares, expandió en un 42% el área cultivada con caña de azúcar y triplicó la producción de alcohol desde que se implementó el corte obligatorio de bioetanol en el año 2010. Estos avances han permitido satisfacer la demanda interna de azúcar, alcanzar producciones récord de alcohol y exportar 600.000 toneladas de azúcar en el último año.
Sin embargo, este modelo productivo enfrenta desafíos estructurales. La caña de azúcar es un cultivo plurianual, con altos costos de implantación y largos períodos de amortización, lo que exige estabilidad en las reglas de juego y en los mercados. A esto se suma la estacionalidad de la cosecha, que obliga a mantener elevados stocks de azúcar y alcohol durante gran parte del año, con el consecuente impacto financiero y limitaciones productivas.
Un dato preocupante es que el consumo per cápita de azúcar en nuestro país ha caído un 26%, por lo que hoy, menos de la mitad de la producción se destina al mercado interno. En este contexto, el alcohol —y en particular el bioetanol— adquiere un rol estratégico para la sustentabilidad de toda la cadena sucroalcoholera.
Desde el Centro Azucarero Argentino queremos que se reconozca el impacto económico y social del bioetanol de caña en el desarrollo regional. Es fundamental mantener un marco regulatorio que preserve, sin plazos de caducidad, el corte obligatorio del 6% en las naftas tanto para bioetanol de caña como para el de maíz. Asimismo, es necesario habilitar el incremento gradual de esos cortes y fomentar el mercado libre para mezclas superiores y los motores flex fuel. Estas medidas permitirán nuevas inversiones, más empleo en origen y mayor soberanía energética para el país.
En este sentido, celebramos el respaldo de la Unión Industrial Argentina al proyecto de nueva Ley de Biocombustibles presentado por la Liga de Provincias Bioenergéticas, que integran Catamarca, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, Misiones, Salta, Santa Fe y Tucumán. Esta iniciativa es fruto de un consenso entre sectores públicos y privados, y solicitó al Poder Ejecutivo que impulse su tratamiento legislativo.
Este respaldo se suma al de las uniones industriales provinciales y cámaras regionales que promueven una legislación renovada, con el objetivo de dar previsibilidad, fomentar inversiones y potenciar la producción de biocombustibles como pilar de la transición energética y del federalismo productivo argentino.
Valoramos que la Comisión de Minería, Energía y Combustibles del Senado haya iniciado el debate de dos proyectos que proponen modificar la Ley 27.640, con el objetivo de actualizar los porcentajes de mezcla obligatoria y establecer un nuevo marco regulatorio para el sector. De la intención, debemos pasar a la acción.
El proceso legislativo es una oportunidad para consolidar una política energética federal, inclusiva y sustentable.Pero ya no se puede dilatar más el debate. Ahora el Congreso tiene la responsabilidad de garantizar un marco normativo que reconozca el valor estratégico del bioetanol de caña para el desarrollo federal. Porque no se trata solo de una cuestión energética: está en juego el futuro de miles de trabajadores, de economías regionales que sostienen el tejido productivo del norte argentino, y de una agroindustria que ha demostrado capacidad de inversión, innovación y compromiso con el país.