"No me van a callar": Cristina Guzmán denunció que intentan silenciarla por exigir transparencia en Cannava
La dirigente opositora recibió una carta documento del presidente de la empresa estatal tras denunciar la falta de habilitaciones en Palpalá y cuestionar los recursos públicos. Lejos de amedrentarse, atribuyó la responsabilidad política a Carlos Sadir y Gerardo Morales. El reclamo se suma al ultimátum de los concejales palpaleños y a las denuncias de Alejandra Cejas por los 100 millones de dólares sin rendir.
En un claro intento por sofocar el creciente cuestionamiento público e institucional sobre el funcionamiento de la empresa estatal CANNAVA S.E., la conducción de la firma apeló a la vía de la intimación legal para intentar acallar las voces críticas. La dirigente opositora María Cristina Guzmán del Movimiento Popular Jujeño hizo pública la recepción de una carta documento enviada por el presidente de la empresa, Ignacio Bruera, intimándola a rectificarse de sus recientes declaraciones periodísticas y a abstenerse de reiterar sus denuncias.
Sin embargo, la maniobra de amedrentamiento judicial lejos estuvo de lograr su objetivo. Guzmán contestó la intimación de forma inmediata y ratificó cada uno de sus dichos, advirtiendo que los intentos de silenciarla solo confirman la gravedad e incertidumbre que rodea a la gestión del cannabis en la provincia.
"Recibí una carta documento del presidente de CANNAVA, Ignacio Bruera, intimándome a rectificar mis declaraciones y a abstenerme de reiterarlas. Ya la contesté. Sadir y Morales no pueden desentenderse de lo que ocurre con CANNAVA. La responsabilidad política por la gestión de esta empresa estatal también les corresponde", aseveró la dirigente.
El trasfondo de las denuncias que el Gobierno busca tapar
La embestida legal de las autoridades de CANNAVA se produce tras las reiteradas advertencias presentadas por Guzmán respecto a las irregularidades que operan en Finca El Remate (Palpalá), espacio al que denominó la "Cannava 2". Allí, el Gobierno provincial avanzó con la instalación de cinco naves de cultivo de gran envergadura para albergar cerca de dos millones de semillas, sin exhibir resoluciones públicas ni autorizaciones oficiales de organismos nacionales que respalden las actividades en dicho predio.
Para la dirigente, la opacidad con la que se maneja la Finca El Remate contrasta de manera inexplicable con el predio de Finca El Pongo, donde la provincia ya cuenta con 260 hectáreas aprobadas de las cuales solo utiliza cerca de 35. "Si tienen un predio aprobado de 260 hectáreas, ¿por qué ponen estas plantaciones en Palpalá sin permisos claros?", cuestionó Guzmán, haciendo hincapié en que la falta de un marco legal riguroso y la precariedad en la custodia del lugar generan una profunda indignación en los vecinos de Palpalá.
Presión en el Concejo de Palpalá y denuncias por 100 millones de dólares
El intento de censura contra Guzmán se da en un contexto de acorralamiento institucional múltiple sobre la empresa estatal:
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Pedido de informes en el Concejo Deliberante de Palpalá: El concejal Rubén González (Frente Palpaleño) advirtió que el Municipio debe responder los pedidos informe sobre las habilitaciones comerciales, de seguridad e higiene en El Remate. Advirtió que, ante el silencio oficial, impulsarán la interpelación de funcionarios locales y no descartó el uso del poder de policía para clausurar el predio si no está en regla.
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La grave denuncia de Alejandra Cejas: La abogada y exlegisladora volvió a poner la lupa sobre la falta de transparencia financiera, recordando que en la gestión de Gerardo Morales se incorporaron créditos por 100 millones de dólares en tres presupuestos provinciales. "¿Dónde está esa plata? ¿Cómo se recuperó? Acá no sale aceite y nadie rinde cuentas de los millones gastados", disparó Cejas, denunciando además maniobras para blindar la información pública y cambiar la figura jurídica de la firma estatal.
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Testimonios de manipulación interna: A este cuadro se suman revelaciones de trabajadores en Finca El Pongo que aseguraron haber sido obligados a ocultarse cuando llegaban auditores externos para simular un funcionamiento normal.
"Exijo respuestas, no cartas documento"
Ante este escenario de crecientes contradicciones y pedidos de informes desde diversos sectores, Guzmán dejó en claro que las herramientas de intimidación legal no van a frenar la exigencia de transparencia:
"En lugar de cartas documento, espero respuestas sobre las habilitaciones, la producción y el destino de los recursos públicos. No voy a dejar de preguntar. No voy a dejar de exigir transparencia. Solo busco la verdad y la verdad nos hará libres", concluyó.