En declaraciones periodísticas, la ex parlamentaria recordó que junto al abogado Juan Giusti iniciaron en 2018 las primeras actuaciones e investigaciones sobre el proyecto del cannabis. "A ambos nos costó la persecución por parte del gobierno por este caso. Lo dijimos desde el comienzo: acá hay una manipulación para sustentar un proyecto que no rinde cuentas", afirmó.
Endeudamiento, créditos y la falta de producto
Uno de los puntos más álgidos abordados por Cejas fue el destino de los fondos públicos aprobados en las pautas presupuestarias provinciales. "En la gestión de Gerardo Morales se incorporaron en tres presupuestos créditos por endeudamientos de 100 millones de dólares para plantar marihuana. ¿Dónde está esa plata? ¿Cómo se recuperó? Acá no sale aceite y nadie rinde cuentas de los millones gastados", disparó.
Asimismo, cuestionó la justificación de que se trataba de un emprendimiento exclusivamente con fines medicinales o sociales. "Sostuvieron el relato de que la marihuana salvaba vidas o que se iba a regalar en los hospitales. Pero la verdad es que es un producto caro, un paliativo temporal con riesgos hepáticos y no resuelve los problemas de fondo. Se disfrazó la realidad para avalar la expropiación de tierras en El Pongo", agregó.
Contrato "oculto" y el blindaje de las SAU
Respecto a la vinculación comercial con la firma estadounidense Green Leaf, Cejas reveló que el convenio original —firmado por Gastón Morales y el CEO Mark Bradley— "siempre se negó, nunca se exhibió públicamente y nunca se tradujo al español". Según sus dichos, el contrato registrado en San Francisco estipulaba el cultivo de cepas para uso recreativo, contrariando el marco legal local.
Por último, la letrada explicó cómo opera el mecanismo de opacidad institucional en la provincia mediante las Sociedades Anónimas Unipersonales. "Crearon un pull de SAU (Cannava, Litio, Fideicomisos) que son figuras comerciales privadas. Cuando uno quiere pedir los balances, están blindadas y hay que acudir a un juez. Las empresas con plata pública deben rendir cuentas a través de la Legislatura y el Tribunal de Cuentas, no esconderse tras auditorías privadas. En Jujuy estamos fuera del Estado de Derecho y la impunidad desborda", concluyó.
