Resulta cínico hablar de mesas técnicas que esquivan el elefante en la habitación: el salario docente y la salud mental, dos pilares que hoy están por el suelo mientras la inflación no da tregua. Es alarmante que el Ministerio de Educación hable de estabilidad laboral mientras más de un centenar de maestras de Actividades Prácticas se encuentran en un limbo administrativo, fuera del sistema y sin respuestas de la Junta de Calificaciones. Una contradicción flagrante que desnuda una gestión que parece haber perdido la brújula o, peor aún, la capacidad de persuasión ante el Ejecutivo.
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No hay contexto óptimo para el inicio de clases: otra ficción oficial
El inicio del ciclo lectivo 2026 parece estar más marcado por la ficción oficial que por la realidad de las aulas. Estamos ante un escenario donde el Gobierno apela a un discurso de optimización y garantías que, al rascar apenas la superficie, se desmorona bajo el peso de la precarización.
No se puede garantizar el derecho a la educación en escuelas con un mantenimiento que el propio oficialismo admite como “óptimo a medias”, un eufemismo que en la práctica significa techos que se caen y falta de recursos básicos. Mientras el gobernador viaja al exterior en busca de inversiones, olvida que ningún capital serio se asienta donde el capital humano está descuidado.
La brecha entre una currícula estancada y un mundo que avanza a otra velocidad solo conduce a una mayor deserción escolar. Sin una jerarquización real del salario y una inversión genuina, este no será el año de la educación, sino el de la profundización de un drama docente que nos afecta a todos como sociedad.
En las naciones que lideran los rankings educativos en 2026, como Singapur, Estonia o Japón, la educación no es un gasto: es la inversión con mayor retorno. Allí, los ministerios no son agencias de colocación política, sino centros de alta gestión administrativa donde cada recurso se administra con trazabilidad. No existe el “mantenimiento a medias”; la infraestructura es una prioridad porque entienden que el entorno físico también educa.
Pero el verdadero diferencial es la jerarquización docente. En esos sistemas, ser maestro tiene un prestigio comparable al de un médico o un ingeniero. El ingreso a la carrera es exigente y, a cambio, el Estado garantiza salarios que permiten una vida digna y dedicación exclusiva. No hay docentes “taxi” corriendo de una escuela a otra para completar ingresos, ni paritarias impuestas; hay una carrera profesional basada en el mérito y la formación continua.
Mientras aquí se discute si las escuelas tienen luz o si las maestras quedarán sin trabajo, el mundo desarrollado debate cómo integrar la inteligencia artificial al aula con docentes motivados y bien remunerados. La distancia es abismal.
El horizonte para la juventud jujeña, si no hay un cambio de rumbo, es preocupante. Se corre el riesgo de consolidar una educación de dos velocidades: una para quienes pueden pagar alternativas privadas y otra para la mayoría, atrapada en edificios deteriorados y contenidos desactualizados frente a la revolución tecnológica.
No es solo un problema presupuestario; es una cuestión de visión de Estado. Cuando se prioriza el ajuste sobre la formación, se hipoteca el desarrollo de la próxima década. Sin docentes valorados y sin una currícula conectada con el empleo del futuro, la provincia corre el riesgo de convertirse en un territorio de mano de obra no calificada y oportunidades truncas.
La violencia y la fragmentación social muchas veces nacen en la ausencia de perspectivas. La educación de calidad es el principal antídoto. Sin un giro profundo en las políticas públicas, el derecho a aprender dejará de ser una garantía y pasará a ser un privilegio. Y ese es un costo que ninguna sociedad puede permitirse.