El 30 de diciembre de 2025 se presentaron los pliegos y el 6 de enero de 2026 se realizó la apertura de sobres. Seis oferentes, todos de Jujuy, participaron del proceso: cinco sociedades de responsabilidad limitada (SRL) y un monotributista. Finalmente, este último resultó adjudicatario.
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La licitación del restaurante del Cabildo se judicializó en medio de sospechas
La polémica licitación del restaurante del Cabildo suma un nuevo capítulo y ahora quedó en manos de la Justicia. El proceso, impulsado por el Ministerio de Turismo, vuelve a poner en debate la transparencia de los actos administrativos del Gobierno provincial.
Según pudo saber este medio, el oferente ganador no cumpliría con algunos requisitos establecidos en el pliego, como los tres años mínimos de antigüedad exigidos, la acreditación de capacidad para la contratación de personal y la prestación de un servicio integral durante todo el día, no limitado únicamente a cafetería.
Una de las empresas participantes presentó impugnaciones formales, pero el Ministerio de Turismo las rechazó. Ante esa decisión, la firma recurrió a la Justicia, interponiendo un amparo y solicitando una medida cautelar en el fuero contencioso administrativo para que se convoque a una nueva licitación.
Más allá de si el adjudicatario es una SRL o un monotributista, figura que por sí misma no constituye impedimento legal, lo que se discute es si el proceso respetó los principios básicos que rigen toda contratación pública: legalidad, igualdad, concurrencia, transparencia y razonabilidad.
En materia de licitaciones estatales, la ley no distingue por categoría impositiva, sino por capacidad, solvencia, cumplimiento de requisitos y conveniencia de la oferta. Si alguno de estos elementos fue vulnerado, el acto administrativo podría ser susceptible de nulidad.
Especialistas señalan que cuando el Estado rechaza una impugnación debe fundamentar técnicamente su decisión. Una respuesta meramente formal o insuficiente podría ser considerada arbitraria por la Justicia.
También se abre un interrogante técnico: si el adjudicatario no acredita empleados, estructura o capacidad económica, ¿evaluó correctamente el Estado el riesgo operativo? En caso de incumplimientos en el servicio, la responsabilidad final recaería sobre el propio Estado.
Otra cuestión clave es la transparencia del proceso: ¿se publicaron los dictámenes técnicos completos? ¿Se aplicaron los mismos criterios de evaluación para todos los oferentes? Cuando estas dudas no se despejan, crece la sospecha.
Ahora será la Justicia la que deba analizar no la conveniencia política de la decisión, sino su legalidad y razonabilidad. La judicialización del proceso deja en evidencia que el procedimiento no logró generar consenso ni confianza.
En contrataciones públicas, la confianza es tan importante como el precio.