Por un lado, está el clamor de las calles frente a la inseguridad. Ya no alcanzan los anuncios a medias sobre patrullajes preventivos; la realidad del Gran San Salvador y del Ramal empuja al Ejecutivo a declarar, de una vez por todas, la emergencia en seguridad.
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Emergencia en seguridad y coparticipación: dos temas que presionan a Sadir
Estamos a las puertas de un viernes clave en la Legislatura y la expectativa por el discurso de Carlos Sadir es total. Seamos sinceros: el gobernador ya no puede esquivar los dos grandes elefantes en la habitación que tiene la provincia de Jujuy en este 2026.
No se trata de un simple título. Es la herramienta legal que permitiría al Ministerio de Seguridad mover partidas con urgencia, comprar tecnología, equipar a las fuerzas y mejorar salarios sin las trabas burocráticas de siempre. Es lo que la sociedad exige ante el aumento del delito.
Pero además de la seguridad, el otro gran tema que marcará el termómetro político es la postergada ley de coparticipación municipal. Es una deuda que viene amagando desde 2024 y que ya no admite más demoras.
Los intendentes están con la soga al cuello, asfixiados por la inflación y los recortes nacionales. Lo que necesitan es previsibilidad. No pueden seguir dependiendo del “goteo” discrecional de fondos; requieren una ley con coeficientes claros, objetivos y automáticos.
El proyecto ya circula en comisiones y el discurso de apertura es el escenario donde Sadir debe enviar un mensaje contundente: que este será el año de su sanción definitiva. Sin seguridad y sin un reparto justo de recursos, el resto de la agenda de “orden y paz” quedará en lo meramente discursivo.
La situación es grave. La espiralización del delito, combinada con el avance del narcotráfico, dejó de ser una estadística para convertirse en tragedia humana. No se soluciona solo con más patrulleros; exige que el Estado baje al territorio de manera integral.
Donde el Ministerio de Desarrollo o la Justicia no llegan, el narco ya plantó bandera. Si el gobierno no entiende que el desembarco debe ser total para combatir el crimen y asistir el consumo problemático, lo que está en juego es el control territorial.
Aquí aparece el segundo punto neurálgico: la autonomía de los intendentes. Es inadmisible que ciudades como San Pedro, con 80 mil habitantes, deban mendigar operatividad con apenas tres móviles y un puñado de motos, mientras el centralismo asfixia.
La ley de coparticipación no es un capricho técnico. Es la herramienta para que cada localidad deje de ser rehén político y pueda autogestionar su seguridad y sus servicios básicos.
Si se mantiene ese egoísmo anacrónico que muchos adjudican a la sombra de Gerardo Morales, priorizando especulaciones hacia 2027 para revertir la última derrota electoral, el costo puede ser imperdonable en términos sociales.
Sadir tiene hoy una responsabilidad histórica. Si ignora las señales de agotamiento del electorado y continúa con evasivas, el malestar social, que ya no se contiene con marketing, puede escalar peligrosamente.
Porque la crisis de seguridad ya no es una sensación: tiene nombres y apellidos. Y si, además, se sigue “pateando” la ley de coparticipación, lo que se pone en riesgo es la autonomía municipal y el equilibrio territorial de la provincia.
Ignorar la realidad y gobernar de espaldas al mapa profundo de Jujuy es, lisa y llanamente, jugar con fuego en un polvorín social que ya no admite más evasivas ni relatos de paz construidos desde el discurso.