Antes de fin de año se define el futuro judicial de CFK, Boudou y De Vido

El año judicial terminará en los tribunales federales de Retiro con definiciones en las causas que llevaron a prisión al ex ministro de Planificación del kirchnerismo, Julio De Vido, y al ex vicepresidente Amado Boudou, en la causa Nisman y en la del Memorandum con Irán, que derivó en el procesamiento y pedido de desafuero para la ex presidenta Cristina Kirchner.

La próxima semana habrá definiciones en la investigación de la muerte del fiscal Alberto Nisman, con un fallo del juez federal Julián Ercolini, que definirá si procesa o no al técnico informático Diego Lagomarsino como supuesto partícipe primario, y a cuatro ex custodios de la Policía Federal por incumplimiento de deberes, anticiparon a Télam fuentes del caso.

Además, se pedirá enviar a juicio oral a la ex presidenta Kirchner por el direccionamiento durante su gobierno de la obra pública en Santa Cruz a favor del detenido Lázaro Báez, en un dictamen que el fiscal federal Gerardo Pollicita entregará a Ercolini.

También el juez federal Sebastian Casanello definirá si envía a juicio oral por lavado de activos a Báez y sus cuatro hijos, entre otros, y si ordena en esa causa la indagatoria para la ex presidenta.

En tanto, por la firma del Memorandum de Entendiimiento con Irán, el martes próximo las defensas de los doce procesados por supuesta traición de la Patria y encubrimiento agravado, con y sin prisión preventiva, serán escuchadas por la Cámara Federal porteña.

Será una audiencia previa a resolver si se confirma lo resuelto por el juez federal Claudio Bonadio en materia de detenciones, procesamientos, prisiones preventivas y embargos y en la que los abogados podrán hablar, presentar escritos y hasta incluso los jueces podrán escuchar a los acusados, si se presentaran. 

Los abogados de la ex presidenta y de Timerman, Alejandro Rúa y Graciana Peñafort, pidieron a la Cámara que autorice la televisación a través del Centro de Información Judicial de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Tras escuchar a las defensas, la resolución de los camaristas Eduardo Farah y Martín Irurzun definirá si los actualmente presos ex canciller Héctor Timerman -con prisión domiciliaria-, el ex secretario Legal y Técnico Carlos Zannini, Luis D Elía y Fernando Esteche, y el referente de la comunidad islámica Jorge Khalil, pasarán las fiestas detenidos.

Pero, según anticiparon fuentes de ese tribunal de Apelaciones, la intención es resolver antes de la feria judicial sobre todo lo firmado por Bonadio: el procesamiento con prisión preventiva por traición a la Patria de los detenidos, de Cristina Kirchner -con pedido de desafuero- y los resueltos sin detención contra otros seis acusados, entre ellos el ex secretario general de la Presidencia Oscar Parrilli y la ex procuradora del Tesoro Angelina Abbona. 

En cuando a De Vido, también la sala II de la Cámara Federal porteña resolverá este mes un planteo de excarcelación en la causa por defraudación en Yacimiento Carbonífero Río Turbio y además fijó audiencia el 26 de diciembre próximo para escuchar los argumentos de sus abogados contra la cuestión de fondo: el procesamiento y prisión preventiva en esa pesquisa por una multimillonaria defraudación al Estado y desvío de fondos.

Los camaristas prevén resolver en vísperas del fin de año si confirman ese procesamiento dictado por el juez federal Luis Rodríguez, luego del fallo en el que esa misma sala del Tribunal de Apelaciones le ordenó al magistrado pedir el desafuero del diputado nacional, y detenerlo.

Paralelamente, la sala I de la Cámara Federal de Casación, el máximo tribunal penal del país, tiene a estudio ya sendos pedidos de excarcelación de De Vido y su ex segundo Roberto Baratta en otra causa por la que ambos están presos, la compra de buques de gas licuado a cargo del juez federal Claudio Bonadio. Y podrían resolverlos antes de fin de año.

También en los tribunales de Comodoro Py 2002 se espera para los próximos días alguna definición sobre la situación del detenido ex vicepresidente Boudou, ya que el martes vence el secreto de sumario impuesto por el juez federal Ariel Lijo en las investigaciones que lo involucran y el magistrado podría evaluar -como le sugirió la Cámara Federal- excarcelarlo y fijarle algún otro tipo de restricción que garantice su sujeción al proceso.

Boudou fue detenido por supuestas maniobras de lavado de dinero en la causa donde se lo investiga por enriquecimiento ilícito pero poco después declaró como imputado protegido otro de los acusados, Alejandro Vandenbroele y, a raíz de sus dichos, se ordenó el secreto de sumario en esa investigación y en otras dos, la firma de un contrato con Formosa para renegociar su deuda pública que se considera falso, y lo que queda de la causa por la venta de la ex Ciccone Calcográfica.

Lijo tiene que decidir además la situación procesal de nuevos indagados a raíz de la confesión de Vandenbroele: el ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray, y el banquero Jorge Brito, en Ciccone, y el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, por el contrato con su provincia.

El juez prevé también fijarle fecha de declaración indagatoria a la ex novia de Boudou, Agustina Kampfer, en la causa donde está imputada como supuesta testaferro del ex ministro de Economía y ex vicepresidente y en la que ella pidió prórroga por su reciente maternidad.

Kampfer es la única aún no indagada en esta investigación y, luego de escucharla, el juez quedará en condiciones de definir las situaciones procesales de todos los acusados: Boudou, el también detenido socio del ex funcionario José María Nuñez Carmona y el ahora imputado protegido Vandenbroele.

Otra de las causas que tendrá movimiento antes de fin de año es la vinculada al escándalo del "Lava jato" brasileño y la constructora Odebrecht, en el juzgado de Casanello y en relación a la construcción de las plantas potabilizadoras en Berazategui y Paraná de las Palmas.

El lunes próximo será indagado el empresario Benito Roggio y el martes cerrará la ronda de 28 citaciones otro imputado, Carlos Wagner, con lo cual Casanello quedará en condiciones de definir la situación procesal de empresarios y ex funcionarios como el ex titular de Aysa, Carlos Ben, en lo que -según la acusación- fueron licitaciones direccionadas para favorecer a los consorcios empresarios que participaron de las obras, a cambio de supuestos sobornos.