Jujuy adhirió a un protocolo de actuación policial en caso de manifestaciones impulsado por el gobierno nacional en 2016 que, entre otros puntos, priorioriza el diálogo y la búsqueda de soluciones y el uso de la fuerza solo queda como último recurso.
Las últimas intervenciones de los uniformados que responden a las directivas emanadas del gobierno demuestran lo contrario.
Por ese motivo y atento a las manifestaciones que tendrán lugar mañana contra el gobierno, en el marco de la apertura de sesiones ordinarias de la Legislatura, el gobierno envió un veedor Alejandro Armoa a que supervise el desempeño de la fuerza pero también que indague sobre los hechos de violencia acontecidos.
La policía violenta de Morales en la mira del gobierno nacional
La novedad cayó como un balde de agua fría en el gobierno local a la vez que movilizó a distintas organizaciones a buscar reunirse con el funcionario.
“Me dirijo al Sr. Gobernador en mi carácter de Presidente del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT), órgano rector del Sistema Nacional de Prevención de la Tortura, en virtud de las facultades concedidas por la Ley N°26.827, con motivo de haber sido alertados de la inminencia de la realización de protestas sociales en la provincia, a fin de solicitarle que se adopten las medidas adecuadas para dar estricto cumplimiento con los lineamientos internacionales en materia de uso de la fuerza en Manifestaciones públicas”, remarca en una nota Juan Manuel Irrazábal.
