Entre la actual diputada nacional por Jujuy, Natalia Sarapura, y las comunidades originarias se volvió sumamente tensa desde que era funcionaria del gobierno radical en la provincia.
Impugnaron a Natalia Sarapura como candidata a Defensora del Pueblo de la Nación
Comunidades originarias hicieron la presentación contra la actual diputada nacional remarcando que “contribuyó y colaboró a la vulneración sistemática de derechos de los pueblos indígenas de Jujuy”.
Sin ir muy lejos, este mismo año la declararon “persona no grata” tras la asamblea provincial del Movimiento Comunitario Pluricultural que contempla a todos los pueblos indígenas locales.
Un nuevo capítulo se dio en esta relación de conflicto ya que la legisladora, a la cual se le vence el mandato en diciembre, se postuló para la Defensoría del Pueblo de la Nación.
La situación desató la furia en las comunidades quienes hicieron presentaciones para impugnar su candidatura remarcando que “contribuyó y colaboró a la vulneración sistemática de derechos de los pueblos indígenas de Jujuy”.
Santos Gabriel Mamaní, secretario del Consejo Comunitario de la Comunidad Azul Pampa, dialogó con Radio 2 sobre toda esta situación. El referente comunal dijo que Sarapura no es idónea para el cargo, ya que como funcionaria de gobierno contribuyó a la vulneración sistemática de los derechos indígenas.
Criticó su participación en la reforma de la Constitución provincial y en proyectos de ley que perjudicaron a las comunidades, así como por no haber impulsado la celeridad en los trámites de personerías jurídicas.
Mencionó un “pacto de fibra óptica de 2016” donde Sarapura era garante, pero cuyos plazos de cumplimiento están vencidos, señalando inoperancia o falta de voluntad para garantizar los derechos de los pueblos indígenas.
Consideró que es un peligro su posible designación como defensora del pueblo, no solo para las comunidades indígenas, sino para toda la ciudadanía argentina, por su ética y escasa su capacidad para defender los derechos humanos.
Calificó su intención de ocupar el cargo como una traición a la confianza de los dirigentes y comunidades indígenas, priorizando sus propios intereses.