Días convulsionados se vivieron en la provincia de Jujuy. El procurador general y máximo referente del Ministerio Público de la Acusación, Sergio Lello Sánchez, renunció tras un pedido de juicio político en su contra.
Dirigente social tras el escándalo en el MPA: "En Jujuy la justicia está sucia"
Así lo expresó Santiago Zamora de la CCC sumándose a las críticas tras la salida de Sergio Lello Sánchez del Ministerio Público de la Acusación y posterior designación de nuevas autoridades sin ningún tipo de autocrítica ni cuestionamiento.
Tras su estrepitosa salida y sin autocritica alguna, el gobierno provincial designó a Alejandro Bossatti y Gonzalo De La Colina para comandar el MPA.
Como era de esperarse ante un hecho de tal relevancia, las repercusiones no tardaron en llegar:
- El diputado de Izquierda, Gastón Remy, cuestionó el hermetismo y falta de información oficial en torno al escándalo.
- "La renuncia de Lello Sánchez, es consecuencia de la nefasta reforma de la Constitución del 2023", expresó el abogado constitucionalista Vicente Casas.
- Dirigentes sociales que han tenido causas en su contra, cuando Lello Sánchez estaba al frente del MPA, dijeron que no creen que “nada cambie” con los nuevos funcionarios.
Quien se sumó a estas voces fue Santiago Zamora, referente de la CCC, quien vivió en carne propia la persecución del organismo y sentenció que en Jujuy, la Justicia “está sucia”.
El dirigente social recordó lo vivido durante el denominado “jujeñazo” del 2023 con funcionarios ordenaban meter presos a manifestantes, mostrando la politización de la justicia. Dijo que el Juzgado Contravencional fue un invento para reprimir protestas, con corrupción en los cobros.
Siguiendo esa línea, enfatizó en que la falta de juicio político al ex procurador es una muestra de impunidad y protección a ciertos poderes.
Por último, llamó a la sociedad a analizar críticamente el sistema judicial y político de Jujuy y exigir cuentas a los legisladores. “ La justicia no es para todos, sino un negocio para algunos, y se ejerce presión sobre los ciudadanos comunes. La justicia debe garantizar protección ante la coerción del ejecutivo, legislativo y la policía ”, remarcó.