Menos federalismo: Sadir promete obras a intendentes para retener la caja

Una maniobra que, lejos de resolver el conflicto, expone el costo político de un gobierno condicionado por las intromisiones del exgobernador Gerardo Morales, quien, según esta interpretación, pretende seguir disciplinando a los jefes comunales y frenando una ley que debería garantizarles previsibilidad y autonomía financiera. ¿Qué sentido tiene que un ciudadano común, que ya no ocupa la gobernación, pueda condicionar las decisiones de intendentes elegidos por el voto popular? Lo verdaderamente preocupante es que dos dirigentes que no fueron elegidos para gobernar hoy puedan seguir condicionando decisiones que afectan a toda la provincia, una situación difícil de justificar en pleno siglo XXI.

Pero detrás de esta disputa hay algo más importante: el control de la obra pública y de los recursos municipales. El oficialismo no quiere soltar esa caja; prueba de ello es el proyecto original de coparticipación, que contempla la creación del fondo de desarrollo comunitario, FODECO, al que se destinaría un cinco por ciento de la masa coparticipable que no llegaría directamente a los municipios. Así, los intendentes seguirían dependiendo de la aprobación del poder provincial para ejecutar obras, haciendo fila para conseguir recursos que deberían administrar con autonomía.

La lógica es siempre la misma: quieren elegir las obras, llamar a licitación y cortar las cintas, cuando esas decisiones deberían corresponder a los gobiernos municipales, dentro de sus competencias y con los controles que exige la ley. La pregunta inevitable es si detrás de este esquema existe también el interés de conservar el manejo político de las contrataciones y de los recursos públicos.

Lo más llamativo es el silencio de los intendentes. Fueron elegidos por el pueblo y tienen un mandato propio, no son delegados del gobernador ni subordinados de un exgobernador. ¿Qué les impide defender la autonomía de sus municipios y exigir una ley de coparticipación que les garantice recursos previsibles y reglas claras? Ningún gobernador debería tener la facultad de someterlos mediante promesas de obras o el manejo discrecional de los fondos. La autonomía municipal no es una concesión de Sadir ni de Morales: es un principio democrático que los intendentes tienen la obligación de defender.

Es necesario que los intendentes defiendan el principio democrático porque fueron elegidos por el voto popular y tienen un mandato propio que no depende de la voluntad del gobernador ni de las instrucciones de un exgobernador. Cuando aceptan que el poder provincial condicione sus decisiones mediante el manejo discrecional de los recursos y las obras públicas, debilitan la autonomía municipal y terminan subordinando la voluntad de sus comunidades a intereses políticos ajenos.

La coparticipación no es un favor del gobernador: es una cuestión de derechos, autonomía y distribución de recursos públicos. Los municipios necesitan reglas claras y previsibles para planificar obras, atender las necesidades de sus vecinos y administrar sus presupuestos sin depender de autorizaciones políticas; de lo contrario, el intendente deja de gobernar con autonomía y se convierte en un gestor que debe pedir permiso para responder a las demandas de su propia comunidad.

Defender ese principio también significa respetar a los ciudadanos que los eligieron porque, cuando dos dirigentes concentran las decisiones y los intendentes renuncian a ejercer sus atribuciones, no solo se debilitan los gobiernos municipales: se deteriora la democracia misma.

La pregunta de fondo es sencilla: ¿para qué el pueblo elige intendentes si después tienen que pedir permiso al gobernador o someterse a las decisiones de un exgobernador para gobernar? La autonomía municipal no es un privilegio de los intendentes; es una garantía para los ciudadanos y un límite necesario al poder político.