Exigen informes al gobierno y al municipio por la pauta millonaria y el despilfarro de fondos públicos

En el marco de la Ley N° 5.886 de Acceso a la Información Pública, el Consejo Defensor del Contribuyente, Usuario y Consumidores (CODECUC) formalizó un duro pedido de informes dirigido tanto al gobernador Carlos Sadir como al intendente capitalino Raúl "Chuli" Jorge. La presentación exige detalles precisos sobre el destino, los criterios de distribución y los montos millonarios que el Estado provincial y el municipio vuelcan mensualmente en concepto de pauta publicitaria.

Durante una entrevista en Sobremesa, el abogado y referente de la entidad, Alejandro Mur, tildó de "bochornoso y vergonzoso" el uso de los recursos públicos en propaganda oficial en un contexto de severa crisis económica. "Se trata de dineros públicos que surgen del esfuerzo de todos los contribuyentes a través de impuestos y tasas. Ver este nivel de despilfarro en publicidad, mucha de ella sin sentido, resulta perjudicial e indignante para la sociedad", aseveró.

Pagar para no informar y el rol del vocero

Uno de los puntos más severos señalados por Mur radica en la distorsión del rol del periodismo y la manipulación de la información pública. Según expuso el titular de CODECUC, existe una estructura donde los fondos estatales se utilizan para condicionar la línea editorial de diversos medios de comunicación.

"Hay dos temas gravemente preocupantes: el despilfarro de los fondos y el hecho de que se pague para no informar. Se le saca dinero compulsivamente a la gente para financiar a medios que no cuentan la verdad ni la realidad de lo que pasa en Jujuy, generando confusión y engaño en la ciudadanía"

En ese sentido, el pedido de acceso a la información pública incluye un punto específico sobre la figura del vocero oficial, Alberto Siufi. Desde la entidad solicitaron que el Ejecutivo detalle si el funcionario percibe o ha percibido fondos públicos por pauta publicitaria, recordando su anterior desempeño en medios privados antes de asumir formalmente la Secretaría de Comunicación.

Prioridades invertidas: salud, obras e infraestructura

El referente de los consumidores contrapuso la soltura con la que el Estado destina partidas multimillonarias a la prensa afín con las severas carencias que atraviesan los servicios básicos en la provincia.

Mur ejemplificó esta situación con la realidad hospitalaria del interior y los reclamos por infraestructura:

• Salud pública: Mencionó los reiterados reclamos por la falta de médicos especialistas e insumos en el Hospital de Abra Pampa, donde a pesar de las notas presentadas apenas se sumó un profesional.

• Conflicto tarifario y servicios: Remarcó la falta de presupuesto que argumenta el Gobierno para sostener las prestaciones del Instituto de Seguros de Jujuy (ISJ) o la provisión de medicamentos oncologicos, mientras en paralelo se liberan miles de millones para pauta.

• Servicios municipales: Cuestionó la gestión municipal tras 17 años de mandato del intendente Jorge, señalando el preocupante deterioro del asfaltado en avenidas principales y las fallas constantes en las redes de agua y cloacas.

"En Jujuy no faltan fondos, sobran los recursos públicos; lo que ocurre es que están mal administrados y destinados a prioridades que no le mejoran la vida a la gente", enfatizó Mur.

Un antecedente de reticencia oficial

Finalmente, el referente de CODECUC recordó que no es la primera vez que deben recurrir a la Justicia para obtener datos que deberían ser transparentes. Ya ocurrió con el pedido sobre la recaudación de la tasa vial, donde el Municipio no respondió en primera instancia y obligó a interponer un recurso de amparo.

Asimismo, la entidad sigue a la espera de respuestas sobre las medidas cautelares presentadas por los cortes de energía eléctrica registrados en julio y los pedidos de interpelación a funcionarios en la Legislatura. "El Gobernador dijo públicamente que este es un gobierno de puertas abiertas; esperamos que cumpla su palabra y sus funcionarios rindan cuentas. La transparencia no es una concesión de los gobernantes, es una obligación institucional", concluyó.