Sr. Bruera: por la transparencia de Cannava, menos intimidaciones y más papeles

Resulta, cuanto menos, contradictorio que se acuse a la Dra. Guzmán de desinformar mientras el propio Gobierno habría destinado 3.327 millones de pesos a pauta publicitaria entre 2025 y 2026; recursos de los jujeños que, según nuestro cuestionamiento, se utilizan para desinformar a la sociedad.

Construir un relato oficial y ocultar o minimizar las cuestiones que el poder no quiere discutir: ahí está el verdadero problema, señor Bruera. Mientras usted acusa a una ciudadana de desinformar, los jujeños deben preguntarse si parte de esa millonaria pauta pública no se utiliza precisamente para imponer una versión conveniente de la realidad, desacreditar las voces críticas y evitar que la sociedad conozca aquello que tiene derecho a saber.

No estamos hablando de dinero suyo, ni de Gerardo Morales, ni de ningún funcionario: estamos hablando de millones de pesos que pertenecen a todos los jujeños y que deberían destinarse a necesidades concretas de la población, no a financiar una maquinaria de comunicación política que pretende presentar como verdad oficial aquello que debería estar sometido al debate público y a la comprobación documental.

Si usted considera que la Dra. Guzmán desinforma, entonces exhiba los documentos, responda sus preguntas y demuestre con pruebas dónde están los errores de sus denuncias. Lo que no puede hacer es exigir credibilidad para su versión mientras se niega a ofrecer la información que permitiría contrastarla. La contradicción se vuelve todavía más evidente cuando el gobernador Carlos Sadir sostiene que su gobierno es de puertas abiertas y que sus funcionarios están a disposición para responder preguntas. Sin embargo, frente a las inquietudes de la Dra. Guzmán, la respuesta habría sido una carta documento de carácter intimidatorio, en lugar de una explicación pública respaldada por documentación.

¿En qué quedamos, señor Bruera? ¿Las puertas están abiertas, como afirma Sadir, o se cierran cuando alguien pregunta por Cannava y reclama información? ¿La transparencia es una política de Estado o solamente una frase para los discursos? Este episodio también deja expuesta una pregunta política inevitable: ¿quién conduce realmente la estrategia de Cannava? ¿El gobernador Sadir, que habla de puertas abiertas, o Gerardo Morales, cuyo peso político sigue siendo señalado como determinante en las decisiones de la gestión? Si, como se ha denunciado, hubo instrucciones de Morales para intimar a la doctora, corresponde aclarar quién tomó esa decisión y con qué fundamento.

No se puede proclamar apertura institucional por un lado y responder con intimaciones por el otro. La ciudadanía merece conocer si existe una contradicción entre el discurso del gobernador y las prácticas de quienes siguen respondiendo políticamente al exmandatario.

Señor Bruera, usted ocupa una función directiva en una empresa que desarrolla una actividad de evidente interés público para Jujuy. Por eso, su obligación debería ser dar explicaciones, facilitar la información que corresponda y demostrar que no hay motivos para desconfiar de la gestión. Abra las puertas de su despacho, reciba a quienes tienen inquietudes legítimas, exhiba los documentos pertinentes y facilite, mediante los procedimientos adecuados, el acceso a las instalaciones de Cannava.

Esas instalaciones no son patrimonio personal de Bruera ni de Morales: los jujeños tienen derecho a conocer cómo se administra, qué produce, cuánto cuesta, qué resultados obtiene y cuál es su situación económica y comercial. La transparencia no se demuestra con artículos periodísticos destinados a desacreditar a quienes preguntan ni con millones de pesos de pauta para sostener un relato oficial; se demuestra con balances, contratos, informes de producción, datos de comercialización y respuestas verificables.

También sería conveniente observar experiencias del sector privado, como CANNAFIS en Chaco, y estudiar sus prácticas de gestión, transparencia y comercialización, porque ninguna iniciativa debería considerarse por encima de la obligación de rendir cuentas. Si existen experiencias que pueden aportar herramientas para mejorar la gestión, corresponde analizarlas con información concreta, no descartarlas por conveniencia política.

Lo que parece incomodar no es la desinformación que usted denuncia, sino la posibilidad de que las preguntas obliguen a mostrar los papeles y contrastar el discurso oficial con los hechos. Esa es precisamente la diferencia entre informar y construir un relato: informar es exhibir pruebas, abrir los datos y permitir que la sociedad saque sus propias conclusiones; construir un relato es pretender que la población acepte una versión mientras se destinan millones de pesos públicos a difundirla y se cuestiona a quienes intentan discutirla.

Por eso, señor Bruera, antes de acusar a la Dra. Guzmán, debería explicar por qué los jujeños tendrían que confiar en una gestión que, según los cuestionamientos planteados, gasta sumas millonarias en pauta publicitaria mientras persisten interrogantes sobre una empresa estratégica para la provincia.

La publicidad oficial no puede convertirse en una herramienta para desinformar, condicionar el debate público o blindar políticamente a los funcionarios. Mucho menos puede utilizarse el dinero de los contribuyentes para instalar una verdad oficial que después se pretende defender mediante cartas documento.

Si el Gobierno es realmente de puertas abiertas, que lo demuestre. Si Cannava no tiene nada que ocultar, que presente la documentación. Y si usted está convencido de que la Dra. Guzmán falta a la verdad, responda con pruebas, no con intimidaciones; porque los jujeños no tienen por qué financiar con sus impuestos una estrategia de comunicación destinada a convencerlos de una realidad que no pueden verificar.

Como dijo la propia Dra. Cristina Guzmán: «menos cartas documento y más papeles». Porque en una democracia, señor Bruera, la información pública no es una concesión del poder: es un derecho de la ciudadanía, y ningún funcionario debería confundir el cuestionamiento legítimo con un ataque personal.