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Mendoza: no se reglamentará la reforma a la ley de minería, pero seguirán las protestas

El gobernador Rodolfo Suarez dijo que esperará hasta que haya un consenso. La nueva norma habilita el uso de cianuro y ácido sulfúrico.

  • La modificación de la Ley ambiental 7722 fue sancionada el jueves 19 de diciembre.
  • La respuesta de ambientalistas y vecinos fue marchar y protestar con sus cacerolas en las calles
  • El viernes pasado lo que se había anunciado como “la marcha ambientalista más grande”.

El descontento social se hizo sentir en Mendoza. El repudio mayoritario a permitir el uso de cianuro y ácido sulfúrico para activar la minería metalífera a cielo abierto, obligó al gobernador Rodolfo Suarez a frenar la reglamentación de la ley prominera.

"El primer deber que tiene un gobernador es garantizar la paz social. No voy a reglamentar la ley, no estará vigente", dijo el recién asumido gobernador de la UCR.

La modificación de la Ley ambiental 7722 fue sancionada el jueves 19 de diciembre, en un acuerdo entre los bloques del oficialismo (Cambia Mendoza) y el peronismo (PJ y kirchnerismo), principal partido opositor.

La respuesta de ambientalistas y vecinos fue marchar y protestar con sus cacerolas en las calles y, con mayor resistencia, en las zonas productivas, como el oasis del Valle de Uco.

El viernes pasado lo que se había anunciado como “la marcha ambientalista más grande”, que unió un corredor productivo de 120 kilómetros, terminó en incidentes y represión policial en la Casa de Gobierno. En Nochebuena y los días siguientes, las protestas no cesaron.

Además, hubo cuatro detenido acusados de amenazar de muerte por teléfono al gobernador por habilitar una actividad que “envenena el agua”.

Hubo cambios de postura en la oposición: el kirchnerismo que aportó votos para conseguir la reforma, luego se arrepintió; más allá de que la minería tiene aval del propio presidente Alberto Fernández. “Desde el Frente de Todos Mendoza solicitamos la derogación de la Ley 9209 para poder empezar el diálogo desde foja cero. Cualquier otra instancia que no sea vinculante, puede ser interpretada como una maniobra dilatoria”, planteó la mesa de conducción y tres de los legisladores que votaron a favor de la reforma minera.

La respuesta política del gobierno de Mendoza no tardó en llegar. En conferencia de prensa junto a parte de su gabinete, Suárez anunció: “Sin consenso social, la ley no se va a reglamentar”. Y abrió la puerta a una posible consulta popular vinculante, en el caso de que no hubiera consenso para mantener vigente la reforma. "Voy a hacer una gran convocatoria al diálogo e información con distintos sectores de la sociedad, incluso la Iglesia Católica (el propio arzobispo había pedido la derogación)", señaló Suarez, quien aún sostiene que la minería es necesaria porque traerá recursos y empleo a Mendoza.

“Hay mendocinos y mendocinas que la están pasando muy mal. Dijimos que en aquellos lugares con consenso social, con estrictos controles, se tenía que llevar adelante el desarrollo minero. Preservando nuestro recurso más preciado que es el agua. Si esta provincia no genera riqueza para optimizar nuestro recurso hídrico, nuestras generaciones futuras la pueden pasar muy mal”. “Hay mendocinos y mendocinas que la están pasando muy mal. Dijimos que en aquellos lugares con consenso social, con estrictos controles, se tenía que llevar adelante el desarrollo minero. Preservando nuestro recurso más preciado que es el agua. Si esta provincia no genera riqueza para optimizar nuestro recurso hídrico, nuestras generaciones futuras la pueden pasar muy mal”.

El gobernador defendió la “minería sustentable”. “El grave problema que tiene la humanidad es el calentamiento global. La minería se puede hacer en forma sustentable, cuidando el agua. Es muy fácil inculcar el miedo y la confusión en la sociedad. Plantear algo automático como minería, contaminación, agua".

En un trámite exprés, la Legislatura de Mendoza modificó el viernes pasado la ley que prohibía la minería metalífera y abrió la puerta a inversiones de cobre, plata y oro. Desde hace más de una década, buena parte de la población mendocina ha marchado a favor del agua y en contra de una ley prominera. El resguardo era la Ley 7.722, sancionada en junio de 2007, que prohibía todo tipo de minería metalífera. Con esta aprobación, se permitía el uso del cianuro y el ácido sulfúrico y sólo queda prohibido el mercurio.

Una de las abanderadas de la protesta es la actual reina nacional de la vendimia, María Laura Micames, quien ha participado activamente de las marchas. “Estamos en contra de la minería contaminante, con sustancias duras, como el cianuro”, dijo la referente social, que nació en el municipio de San Carlos, en la región del Valle de Uco, que resiste la reforma. Y en una carta abierta al gobernador junto a otras ex reinas planteó: “Sin agua no hay vendimia. Los mendocinos no tendremos nada que festejar y pedimos la suspensión de la celebración de la fiesta de la cosecha provincial”.

Las Asambleas Mendocinas por el Agua Pura (Ampap) coincidieron en continuar las protestas porque sostienen que “la no reglamentación” no garantiza el freno a la minería contaminante. “Es un artilugio porque está todo el pueblo movilizado y se están suspendiendo las fiestas departamentales y las reservas de la fiesta de la Vendimia. Pedimos que se derogue la ley del cianuro”, dijo Karina Alaniz de la Asamblea por el Agua del Gran Mendoza.

Fuente: Clarín

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