Viviendas: detalles inéditos del plan criminal
La fiscalía dio a conocer un escrito en donde explica por qué sostiene que Milagro Sala fue la jefa de la banda y Eduardo Fellner su brazo ejecutor; de dónde vino el dinero y quienes participaron en la organización que, según la denuncia, se robó 1.200 millones de pesos en cuatro años.
Entre 2011 y 2015, los habitantes del pueblo de Jujuy sufrieron el robo de 1.200 millones de pesos, que el gobierno nacional incluyó en los presupuestos de cada año para que en la provincia se construyan viviendas.
Ese dinero hubiera alcanzado para levantar más de 2.000 casas en 10 municipios distintos: San Salvador de Jujuy, Palpalá, Perico, El Carmen, San Pedro, La Esperanza, Libertador General San Martín, Monterrico y Humahuaca.
Los terrenos en cada una de estas localidades están identificados, pero en el mejor de los casos hay algunos escombros con las viviendas a medio hacer. En otros, hay sólo tierra vacía.
Hasta aquí se trata de una historia conocida.
Sin embargo, en las últimas horas, el ministerio público de la acusación presentó ante la justicia un escrito en el que relata en forma escueta pero clara, los detalles del funcionamiento de la organización montada en el estado, con la complicidad de los más altos funcionarios y dirigentes políticos de Jujuy. En otras palabras, se detalló como nunca antes el plan criminal.
Según el documento, el circuito comenzaba en la secretaría de obras públicas, a cargo del tristemente célebre dirigente tucumano José López, quien pasó a la historia como el hombre que intentó esconder en un convento bolsos con casi 9 millones de dólares obtenidos de manera ilícita.
López, a través de la Subsecretaría de Tierra y vivienda que condujo Germán Nivello, fueron los artífices del Programa Federal de Integración Sociocomunitaria, creado el 30 de diciembre del año 2008.
Allí el gobierno nacional concentró dos objetivos centrales: paliar el déficit habitacional de millones de familias de todo el país construyendo viviendas, por un lado, y atacar el problema del desempleo, contratando para la construcción de las obras a miles de trabajadores agrupados en cooperativas sociales, constituidas a tal fin.
El gobierno de Jujuy suscribió rápidamente a esa política mediante convenios celebrados con el gobierno nacional, en el apogeo del kirchnerismo.
Sin embargo, la corrupción desvirtuó el espíritu del programa.
De acuerdo al relevamiento de la fiscalía de investigación N° 1, a cargo de Diego Cussel, se pudo constatar que en la ejecución del Programa de Integración Sociocomunitaria de los años 2011 a
2015, se produjo un desfalco grosero del dinero que llegaba para construir las viviendas, organizado desde la cabeza del poder ejecutivo, el ex gobernador Eduardo Fellner.
Dice el escrito que Fellner, “intencionadamente, por sí y por medio de sus funcionarios, defraudó al estado al permitir el descontrol de las erogaciones de dinero que se realizaban”.
Para ello, firmó un decreto en el que creó un inédito organismo, de forma solapada y ante el desconocimiento de la enorme mayoría de la sociedad, llamada Unidad Ejecutora Provincial. La hoy famosa UEP.
Allí colocó como funcionarios y responsables máximos de la administración de millones de pesos, a dos ignotos contadores, cuyos nombres pasaron inadvertidos por todos los jujeños pese a la enorme responsabilidad que concentraron en sus manos.
Se trata de Héctor Gustavo Carrizo y José Luis Mercado.
Estos dos funcionarios, según la denuncia de fiscalía, vieron pasar a lo largo de cuatro años los 1.200 millones de pesos que hoy se perdieron sin dejar rastro ni obras realizadas.
Habrían administrado 300 millones de pesos por año, durante cuatro períodos, y nadie nunca conoció sus rostros ni participaron de ningún acto oficial ni inauguración de viviendas de ningún tipo.
Dicen fuentes cercanas al expediente que Carrizo, desesperado ante el asedio de la justicia, llegó a declarar que “le llovía la plata” y que frecuentemente recibía retos por su lentitud para armar los expedientes que debían viabilizar el retiro del dinero que se depositaba en las cuentas de la provincia con alguna apariencia de legalidad.
Pero la UEP era sólo el principio. Para poder armar los expedientes que provocaban los retos a Carrizo, era imprescindible la participación del Instituto de Viviendas y Urbanismo de Jujuy (IVUJ).
En este punto, el escrito de la fiscalía manifiesta que el rol del IVUJ era el de simular control. Lo hacía emitiendo certificados de obras que el fiscal consideró apócrifos. De esta manera, mientras en los expedientes las casas se iban terminando para dar paso a la construcción de nuevas unidades, en la realidad el dinero salía del circuito sin que se ponga un solo ladrillo en los terrenos.
Por este hecho, están imputados y complicados en la causa el ex ministro de tierra y vivienda, Luis Cosentini, y el ex presidente del IVUJ, Lucio Abregú. Para la fiscalía, no hay posibilidad alguna de que ellos desconocieran la situación montada, pero jamás denunciaron la falta de obras.
Con los expedientes armados, la UEP le transfería el dinero a los municipios. Por esa razón, están imputados 10 intendentes – actuales y ex - como partícipes necesarios del delito de fraude a la administración pública.
Se trata del Rolando Ficoseco, de Perico, Raúl Jorge, de San Salvador de Jujuy, Elsa Flores, de Calilegua, Adrián Mendieta, de El Carmen y Leonel Herrera de Humahuaca, entre los que se
encuentran con mandatos vigentes, y Alberto Ortíz, de Palpalá, Juan Bautista, de La Esperanza, Julio Moisés, de San Pedro, Jorge Ale, de Libertador General San Martín, Nilson Ortega, de Monterrico y Elina Liquín, quien tuvo un breve paso por la intendencia de Humahuaca. Estos son quienes ya abandonaron sus cargos como jefes comunales.
Todos ellos manifiestan la voluntad de defenderse al momento de declarar: aseguran que fueron coaccionados y que entregar los cheques firmados era la única opción, o las organizaciones sociales que dirigía Milagro Sala les tomaban la intendencia con métodos violentos.
El problema para ellos es que aceptaron la situación durante años, en los que permanecieron en sus cargos conviviendo con el supuesto delito.
El eslabón final es la figura de Milagro Sala. Siempre según la denuncia de la fiscalía, con el dinero transferido desde las intendencias, concurrían a los bancos y se llevaban el dinero en efectivo. Millones de pesos, fraccionados en cheques de 50.000, por una restricción bancarias.
Así se configura la famosa imagen de los dirigentes de las organizaciones sociales saliendo con bolsos de dinero de los bancos.
La etapa que cierra toda esta investigación es el supuesto delito de lavado de dinero. Esto es, los bienes y el destino real de los fondos que sacaron del circuito legal para utilizarlos en beneficio propio.
Pero esa es una etapa que aún no comenzó.