Más deudas y más promesas para revertir la imagen pública
Hay algo que debería preocupar seriamente a todos los jujeños: una nueva obra pública, que puede ser necesaria y que nadie discute que pueda mejorar la conectividad entre Alto Comedero y Los Alisos, pretende avanzar acompañada de un nivel de incertidumbre que resulta difícil de justificar cuando se habla de endeudar a la provincia en 85 millones de dólares.
No estamos hablando de una obra menor ni de dinero ajeno: estamos hablando de una deuda que van a pagar los jujeños durante años.
Cuando se pide semejante endeudamiento, lo mínimo que corresponde es transparencia absoluta, documentación completa y números precisos.
Sin embargo, según planteó el diputado Gastón Remy, se han aprobado expropiaciones sin conocer todavía con claridad cuánto deberá pagar el Estado por esas tierras.
Hay una pregunta difícil de eludir: si algunas de esas propiedades pertenecen actualmente a inmobiliarias, ¿cuánto terminará pagando la provincia por ellas y cómo llegaron esas tierras a manos privadas si originalmente eran terrenos fiscales?
Son preguntas elementales que deberían responderse antes de aprobar un solo peso de endeudamiento.
Una cosa es hacer obra pública y otra muy distinta es aprobar cheques en blanco.
Si se habla de algo más de cinco kilómetros, también resulta razonable preguntar cuánto cuesta realmente cada kilómetro del proyecto y por qué la cifra final se acerca a los 85 millones de dólares.
Una estimación de referencia habla de que una obra en doble trocha tendría un costo de 40 millones de dólares. Entonces, ¿por qué la diferencia? Si 85 millones de dólares ya de por sí es una cifra desproporcionada, debe explicarse qué incluye el proyecto y qué otros conceptos están contemplados.
Lo más preocupante es que el financiamiento está en la Comisión de Finanzas, donde el oficialismo cuenta con mayoría y además tendría el apoyo del PJ, como es habitual, aun con información incompleta.
Además, existe otro dato que no justificaría semejante financiamiento: la provincia tendría 453000 millones de pesos en la plaza financiera y registró un superávit de 130.000 millones en el primer trimestre del año. La obra, al costo actual del dólar, rondaría los 130.000 millones de pesos.
Los fondos son intocables porque el problema es la deuda. La intención parece ser generar impacto con una obra de infraestructura importante en plena campaña electoral, sumado al rumor de que en los próximos meses equipararían los salarios con la canasta familiar, en otra muestra de impacto electoral y no de justicia social.
La pregunta sería: ¿por qué no lo hicieron antes, si vienen hambreando al sector público desde hace 11 años?
¿Los trabajadores jujeños tienen memoria? Esperemos que sí.
Han soportado años de pérdida del poder adquisitivo, salarios de hambre y una política que les pide sacrificios a ellos, no a todos, porque los privilegios siguen y el enriquecimiento es indisimulable con la excusa del “todos”.
En 2027, los jujeños tendrán la oportunidad de evaluar todo lo sucedido durante estos años. Y ojalá que entonces no solamente se recuerden las cintas cortadas, sino también los años en los que los salarios no alcanzaron, las deudas contraídas, los recursos disponibles y no derramados para el interés general.
Las elecciones sirven para rendir cuentas, y la memoria de los trabajadores puede ser la factura que llegue cuando menos la estén esperando.