Integrantes de organizaciones sociales habían confirmado una marcha provincial pidiendo el cierre de casusas en las que se los acusa de asociación ilícita, y para rechazar la criminalización de la protesta.
Aseguraron que considerar asociaciones ilícitas a las organizaciones sindicales y sociales es un agravante en cuanto a cómo se percibe el derecho a la protesta y a movilizar, no solo de trabajadores precarios sino también estatales.
En la previa a la manifestación, se asentó un fuerte dispositivo con gran cantidad de efectivos asentados en el acceso sur a la ciudad. El mismo se trasladó hasta Casa de Gobierno donde se montó un importante cordón policial.
La convocatoria fue multitudinaria, distintas agrupaciones y asociaciones marcharon desde varios puntos de la ciudad para confluir por las cuatro esquinas de Plaza Belgrano.
A los espacios sociales, se sumaron los integrantes y referentes de Izquierda quienes además de exigir el cierre de causas injustificadas, pidieron el cese de ajustes del gobierno provincial.
“Son miles de trabajadores, exigiendo el cese de las causas y exigimos mejoras salariales porque no solo son organizaciones, los estatales están con sueldos de miseria”, expresó Gastón Remy.
Por su parte, Natalia Morales indicó: “El gobierno cree que se lleva todo por delante. Denunciamos a los fiscales por denunciar un espionaje a los referentes sociales y a los partidos políticos de izquierda”.
En tanto que, Eduardo Belliboni referente del Partido Obrero a nivel nacional expuso: “Todos los allanamientos son realizados por un enorme aparato judicial que criminaliza la protesta. Vamos a seguir con los reclamos, porque además del hambre no queremos que se criminalice la protesta social. El espionaje está dictado por la justicia que le hace caso a Morales”.
