Crece el escándalo por la deuda pública
En menos de 24 horas, el gobierno logró autorización para aumentar en casi 20 mil millones de pesos la deuda pública. Los objetivos son: tapar déficit y financiar dos proyectos vinculados a la energía solar.
Con una inusitada premura, el gobierno consiguió por parte de los diputados que le responden, la autorización para contraer endeudamiento que, con el cambio actual, ascendería a casi 20 mil millones de dólares.
Se trata de tres proyectos que fueron aprobados pese a la resistencia de la oposición.
El gobierno había anunciado que gestionaría un crédito con ese fin aunque es la primera vez que blanquea el monto. A diferencia del plan inicial - la obra que ya se ejecuta - en este caso no hay certezas respecto de la ecuación económica con la que se obtendrán recursos para devolver el crédito y obtener rentabilidad.
Tiene como objetivo generar 12 pequeños parques solares en toda la provincia a fin de alcanzar una producción de 96 megavatios, que serán administrados por la estatal JEMSE y la privada EJESA. Tampoco se conocen detalles del negocio que haría al proyecto autosustentable.
Se trata de una deuda que se contraerá con organismos nacionales o internacionales, en pesos o en moneda extranjera, y está destinada a cubrir el déficit fiscal. Tal facultad fue aprobada por la ley de presupuesto de 2019, pero el gobierno logró aumentar el margen que ya tenía.
El debate estuvo impregnado por el malestar de los legisladores opositores, que le reprocharon el cúmulo de desprolijidades a sus pares oficialistas. Hubo cuestionamientos de forma y de fondo.
Desde el peronismo se escuchó las voces de Alejandra Cejas y Débora Bracamonte, quienes le exigieron a los representantes del gobierno que para aprobar la nueva deuda alcancen la mayoría agravada - es decir 32 votos de 48 posibles - lo que equivale a dos tercios, como exige la constitución.
Tal norma sostiene que “con fines de promoción económica la provincia podrá contraer empréstitos destinados a financiar obras productivas específicamente planificadas y cuyos servicios financieros deberán ser cubiertos por los rendimientos de la obra”.
No especifica si se necesitan dos tercios para proyectos como los que se estaban discutiendo. Los opositores sostienen que sí, los oficialistas que no, y la discusión podría terminar en estrados judiciales.
Los “rendimientos de la obra” también fueron motivo de discordia.
Es que el gobierno está solicitando más dinero para ampliar una planta que aún no está terminada, en el marco de una escandalosa falta de precisiones que inundan de sospechas de corrupción el mayor proyecto de la gestión Morales.
Sus autoridades no han podido explicar aún cómo obtendrán la rentabilidad que según ellos el parque solar de Cauchari logrará.
En ese contexto, los funcionarios de la gestión Morales se aseguraron la posibilidad de obtener 300 millones de dólares más.
En el supuesto negocio intervienen la firma mayorista de energía CAMMESA, hubo una licitación pública que fijaba ciertas condiciones (Renovar 1), plazos vencidos que se postergaron y que, en principio, tenían penalidades. ¿Cómo se articula la ampliación de la planta en medio de este entramado? Nada de eso explicó el gobierno. Mucho menos sus diputados, que en menos de 24 horas convirtieron en ley el pedido firmado por el gobernador Gerardo Morales.
Algo parecido ocurre con la otra norma que autorizó endeudamiento, la del proyecto solar fotovoltaico distribuido, que planea instalar 12 pequeños parques solares en toda la provincia, que serán administrados por la empresa estatal JEMSE y la privada EJESA.
En el texto de la ley aprobada no especificaciones sobre cómo obtendrá renta el gobierno de este emprendimientos, ni plazos de realización, ni detalles técnicos.
La oposición abandonó el recinto anunciando que evalúa recurrir a la justicia para denunciar la inconstitucionalidad de las normas aprobadas.