Es realmente indignante asistir a esta nueva puesta en escena en la Legislatura provincial, donde, con bombos y platillos, se aprueba una ley de fomento a las grandes inversiones como si el simple acto de sancionar una norma pudiera borrar por decreto una década de decadencia estructural. Escuchamos con estupor a la diputada Agostini vanagloriarse de que Jujuy es una potencia exportadora y un bastión del litio, inflando el pecho por el supuesto “papel fundamental” de la minería en nuestra economía. Pero cabe preguntarse con qué argumentos sostiene semejante afirmación frente a un pueblo que desconoce los acuerdos y las regalías miserables que dejan estas empresas.
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Las inversiones llegan con transparencia y división de poderes
Mientras se celebran leyes de promoción de inversiones, los indicadores económicos muestran estancamiento y pérdida de empleo en Jujuy. La falta de transparencia y de seguridad jurídica aparece como el principal freno al desarrollo.
Lo que estamos viviendo no es un motor de desarrollo, sino un verdadero “papelón” institucional: una farsa donde se habla de potencial productivo mientras el hambre golpea las puertas de los jujeños y la riqueza se fuga por las venas de una administración opaca. El inversor serio, aquel que trae tecnología y progreso real, no mira solamente los recursos naturales o los beneficios fiscales de ocasión; observa, sobre todo, si hay reglas claras, si los contratos se respetan y si la justicia funciona sin interferencias del poder de turno.
Pero en Jujuy la realidad es contundente y se refleja en los números que expuso el diputado Remy en el recinto: hace diez años se aprobaba la ley de promoción y empleo, pero los datos muestran que, a diciembre de 2016, había 58.963 trabajos registrados y, a diciembre de 2025, esa cifra cayó a 58.505. Es decir, tras una década de leyes vacías, hoy hay menos empleo que antes. Lo mismo ocurre con las empresas registradas, que pasaron de 5.477 en 2016 a 5.454 en 2023, sumado al cierre de 50 comercios en la capital durante el primer trimestre de este año. Estas cifras no son errores de cálculo, sino el síntoma de una provincia que no ofrece garantías y que incluso avanza sobre la propiedad privada, no solo de las comunidades originarias, sino de cualquier ciudadano.
Mientras Jujuy no recupere su institucionalidad —devolviendo independencia al Poder Judicial, a la Auditoría General de la Provincia y a la Oficina Anticorrupción—, cualquier ley de promoción será apenas un anzuelo para capitales oportunistas que buscan aprovechar la arbitrariedad. Esta cultura feudal, donde el silencio de los representantes se explica por una mezcla de complicidad y temor, es la verdadera ancla que frena el crecimiento del norte grande.
La transparencia es la base de la democracia y, sin ella, Jujuy seguirá desaprobando un examen fundamental. La prepotencia institucional no se corrige con discursos, sino con una reinstitucionalización profunda que hoy brilla por su ausencia.
Es fundamental entender que la seguridad jurídica no es un concepto abstracto ni un capricho, sino el cimiento indispensable para cualquier desarrollo real. Sin ella, toda ley de fomento a las inversiones termina siendo papel mojado. El capital es, por naturaleza, extremadamente sensible a la incertidumbre: cuando un inversor observa que las reglas pueden cambiar según la voluntad política, que la justicia carece de independencia y que no hay garantías sobre la propiedad, la desconfianza es inmediata.
No se puede pretender que empresas que generan empleo genuino arriesguen su capital en un contexto donde los contratos son frágiles y la arbitrariedad es la norma. En un mundo competitivo, los capitales buscan entornos donde la ley sea un límite al poder, no una herramienta de sometimiento. Esta es la razón por la cual, más allá de los discursos triunfalistas sobre el litio y la minería, los números siguen mostrando una caída en el empleo y en la cantidad de empresas.
Mientras Jujuy no garantice transparencia y reglas claras, los inversores de calidad seguirán eligiendo otros destinos, dejando el terreno a capitales especulativos que operan en contextos de debilidad institucional. La seguridad jurídica es el lenguaje de la confianza, y sin ella, el potencial productivo seguirá diluyéndose en un ciclo de promesas incumplidas y oportunidades perdidas.