Lo que durante mucho tiempo denunciamos como un doble comando en el ejercicio del poder terminó siendo reconocido por el propio ministro Posadas después de su interpelación. Una admisión que permite comprender por qué la provincia parece haber quedado atrapada en una disputa permanente por los espacios de poder, mientras las necesidades de la sociedad pasan a un segundo plano.
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La única prioridad del gobierno es su interna; la gestión es problema de la gente
El gobierno de Jujuy parece haber modificado definitivamente sus prioridades de gestión: hoy la principal preocupación no es resolver los graves problemas que afectan a los jujeños, sino administrar y contener su propia interna política.
La crisis tarifaria de la energía eléctrica, los severos problemas de la red hídrica provincial, la emergencia habitacional, la falta de medicamentos complejos en los hospitales, las deudas con los prestadores de salud, el déficit de la obra social provincial y las deficiencias de un sistema de transporte público cada vez más precario son apenas algunos de los problemas que esperan respuestas. Sin embargo, el gobierno parece tener otras urgencias.
La agenda de la gestión ha sido desplazada por las tensiones internas del radicalismo, donde la disputa por el poder parece importar mucho más que la obligación de gobernar.
Resulta verdaderamente llamativo que Sadir pretenda ser reelegido cuando el programa político que exhibe su gobierno parece reducirse a administrar la interna radical. ¿Qué propuesta de futuro puede ofrecer una administración que no logra ordenar sus propias filas y que, mientras discute candidaturas, posterga sistemáticamente las soluciones que reclama la sociedad? La provincia no puede convertirse en rehén de una disputa partidaria ni quedar paralizada por las ambiciones de quienes confunden el ejercicio del gobierno con la administración de sus cuotas de poder.
Los radicales parecen encaminados a llegar a las elecciones de mayo inmersos en una confrontación que tiene como protagonistas centrales a Gerardo Morales y a Carlos Sadir. Una tensión que atraviesa las decisiones políticas, condiciona la gestión y alimenta un escenario de incertidumbre institucional. Lo preocupante es que, mientras se dirigen liderazgos, candidaturas y espacios de influencia, los problemas de los jujeños siguen acumulándose sin respuestas concretas.
La sociedad no puede esperar indefinidamente; necesita soluciones, planificación, decisiones y un gobierno que se ocupe de sus obligaciones. Además, los ciudadanos financian con sus impuestos una estructura estatal millonaria, con funcionarios, asesores, cargos y organismos que deberían estar al servicio del interés general. No es aceptable que semejante estructura termine funcionando como una maquinaria destinada a resolver las disputas de poder de una dirigencia política.
En Jujuy, donde se escarba, aparece un problema sin resolver y, demasiadas veces, detrás de ese problema se advierte el condicionamiento de la interna gubernamental. La provincia parece detenida, no por falta de recursos humanos, capacidad técnica o necesidades identificadas, sino por una conducción política absorbida por sus propias contradicciones. No parece haber tregua ni voluntad de poner un límite a esta confrontación, aun cuando el costo de esa disputa lo paga una sociedad que soporta tarifas impagables, servicios deficientes, dificultades sanitarias y una creciente incertidumbre sobre su futuro.
Conviene aclarar que la política, por su propia naturaleza, no es el problema: la política es la herramienta fundamental para transformar la realidad, construir consensos y garantizar derechos. Son los dirigentes quienes la degradan cuando la convierten en una interna interminable, cuando subordinan el interés colectivo a sus ambiciones personales y cuando hacen del poder un objetivo en sí mismo, en lugar de entenderlo como una responsabilidad al servicio de la comunidad.
El problema de Jujuy es que hoy parece gobernarse más para resolver la interna del radicalismo que para resolver los problemas de los jujeños, y esa es una distorsión institucional y política que tiene consecuencias concretas sobre la vida cotidiana de la población. No se puede pretender renovar un mandato cuando todavía no se han dado respuestas satisfactorias a las demandas fundamentales de la sociedad. Tampoco se puede reclamar confianza cuando la gestión aparece condicionada por una disputa que consume energías, recursos y tiempo que deberían estar destinados a gobernar.
El poder no puede ser el único horizonte de un gobierno; gobernar exige responsabilidad, prioridades claras y capacidad para anteponer el interés público a cualquier ambición partidaria. De lo contrario, la gestión se transforma en una administración de privilegios y disputas, mientras la sociedad queda condenada a esperar. Y esa espera contradice precisamente los principios que deberían orientar toda acción de gobierno: constituir la unión provincial, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad, tal como lo establece nuestro preámbulo constitucional.
La pregunta que debería responder el gobierno de Jujuy es muy sencilla: ¿hasta cuándo los jujeños tendrán que soportar que sus problemas queden subordinados a la interna del poder? Porque una provincia no se gobierna para satisfacer las aspiraciones de sus dirigentes, sino para garantizar mejores condiciones de vida a sus habitantes. Y mientras Morales y Sadir disputan el control político del oficialismo, Jujuy sigue esperando que alguien se ocupe, de una vez por todas, de gobernar.