La ruta del dinero del Contravencional N°1

Hay un dato que merece especial atención: según las publicaciones periodísticas de noviembre de 2026, el juicio por la causa del Juzgado Contravencional N.º 1 tiene previsto comenzar el 12 de noviembre y comprende a cinco acusados.

Matías Yebara llega al debate señalado por la fiscalía como presunto jefe de una asociación ilícita, además de enfrentar acusaciones vinculadas con fraude a la administración pública y lavado de activos. Otros cuatro imputados también deberán responder ante el tribunal, aunque llegan al proceso en libertad. Paralelamente, existe otra investigación relacionada con el exjuez contravencional Matías Ustárez Carrillo, imputado por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Corresponde preguntarse si la investigación ha alcanzado a todos los niveles de responsabilidad que podrían surgir de los hechos denunciados. El punto de partida es una cifra que, por su magnitud, exige una explicación institucional: alrededor de 500 millones de pesos que, según las denuncias y las hipótesis difundidas sobre la causa, habrían tenido un destino distinto del ingreso regular a las arcas públicas. Se investiga un presunto mecanismo de recaudación irregular mediante multas, actas contravencionales, remates y otros procedimientos administrativos; también se denuncian falsificaciones documentales, cobros por fuera de los circuitos oficiales y posibles desvíos hacia cuentas particulares o circuitos paralelos.

Es importante precisar que esos 500 millones constituyen una cifra difundida en las denuncias y publicaciones periodísticas, no un perjuicio definitivamente establecido mediante una sentencia judicial. Pero incluso con esa salvedad, la dimensión del caso obliga a formular preguntas que no pueden agotarse en determinar quién confeccionó un acta, quién recibió un pago o quién realizó una operación administrativa. La cuestión central es quién organizaba, quién autorizaba, quién controlaba, quién se beneficiaba y quién tenía la responsabilidad política de garantizar que los recursos públicos llegaran a su destino.

Aquí aparece el primer gran problema jurídico y político del caso: la asociación ilícita, contemplada en el artículo 210 del Código Penal argentino, no consiste simplemente en que varias personas hayan cometido un delito o participado de una misma maniobra. Se requiere acreditar la existencia de una organización de tres o más personas, con cierta estabilidad o permanencia, constituida con el propósito de cometer delitos. Es decir, debe existir un acuerdo criminal que trascienda la participación ocasional en un hecho determinado. Por eso, cuando una fiscalía sostiene que una persona era el jefe de una asociación ilícita, necesariamente debe investigar y demostrar la existencia de una estructura, la intervención de sus integrantes, sus funciones y el propósito delictivo común.

Y aquí surge la pregunta que da sentido a todo el planteo: si Yebara habría sido el jefe de una organización destinada a cometer delitos, ¿quiénes integraban esa organización? ¿Quiénes eran sus miembros? ¿Quiénes cumplían funciones operativas? ¿Quiénes aportaban los medios necesarios? ¿Quiénes facilitaban las maniobras? ¿Quiénes tenían capacidad para disponer de los fondos? ¿Quiénes recibían los beneficios? Y, fundamentalmente, ¿la investigación llegó hasta las personas que, por sus responsabilidades institucionales, podían conocer, autorizar, facilitar o encubrir el funcionamiento de semejante mecanismo?

La figura de asociación ilícita no puede transformarse en una etiqueta que permita explicar toda una estructura delictiva mediante la responsabilidad de una sola persona; si existe una organización, deben identificarse sus integrantes y probarse las conductas atribuidas a cada uno. La justicia tiene la obligación de investigar las denuncias, pero también de reunir elementos objetivos que permitan sostener una acusación penal; esa distinción es fundamental para que el reclamo de esclarecimiento no termine convirtiéndose en una condena anticipada de personas que todavía no han sido sometidas a un proceso.

La gravedad de las declaraciones de Yebara aumenta cuando se observa que sus señalamientos no se limitaron a personas que ocupaban puestos administrativos dentro del organismo investigado. Según la información publicada el 10 y 11 de noviembre, mencionó al exgobernador Gerardo Morales, al entonces ministro de Seguridad Guillermo Corro, a la exministra de Ambiente y actual diputada nacional María Inés Zigarán y también al legislador Adriano Morone. Yebara sostiene que estas personas habrían tenido algún grado de intervención o conocimiento sobre el funcionamiento de los circuitos de recaudación que denuncia. Esto debe ser presentado como una acusación de Yebara, no como una responsabilidad penal demostrada. Pero que una denuncia de semejante alcance exista obliga a preguntar qué tratamiento recibió, qué documentación la respalda y qué medidas adoptó el Ministerio Público para verificarla.

Pero independientemente de los detalles, aquí se violó la figura del arrepentido ofrecida por el ahora exprocurador Sergio Lello Sánchez al señor Yebara, ofrecimiento que fue aceptado bajo las condiciones que ofrece dicha figura y que, según el detenido, no se cumplieron, ya que sus aportes fueron enviados a archivo —según se lo informó el propio Lello Sánchez—. La pregunta sería entonces: ¿quiénes deben intervenir si hay incumplimiento del acuerdo? El fiscal de la causa, ¿por qué no lo hizo? El juez de la causa debe controlar la legalidad del acuerdo y el cumplimiento de las obligaciones. ¿Los organismos de control disciplinario, como el Consejo de la Magistratura, no van a actuar en consecuencia? Recordemos que la figura del arrepentido está regulada por la ley 27.304, de modo que estamos frente a un hecho institucional de extrema gravedad.

De todos modos, existe una diferencia igualmente importante entre recibir una denuncia de esa naturaleza y archivarla, ignorarla o no explicar públicamente qué medidas se tomaron para comprobarla. Si Yebara efectivamente aportó fotografías, documentación, números de expedientes y otros elementos probatorios, como afirma haber hecho, la pregunta que corresponde formular es qué ocurrió con esas pruebas. ¿Fueron incorporadas al expediente? ¿Se analizaron? ¿Se contrastaron con los movimientos administrativos y financieros del organismo? ¿Se investigó el recorrido del dinero? ¿Se tomó declaración a las personas señaladas? ¿Se estableció si existieron órdenes, autorizaciones o comunicaciones que vincularan a funcionarios de distintas áreas con las maniobras denunciadas?

No estamos hablando de cuestiones menores; si una estructura de recaudación irregular hubiera operado durante un período prolongado dentro de un organismo público, sería necesario determinar cómo pudo funcionar sin que las autoridades superiores advirtieran las irregularidades. El Juzgado Contravencional no era una organización privada que operaba al margen del Estado; era una dependencia pública, integrada a una estructura institucional y sometida a controles administrativos, jerárquicos y financieros. Por eso, la investigación no debería limitarse a reconstruir las acciones de quienes tenían contacto directo con los infractores, sino que también debería establecer qué controles existían, quiénes debían ejercerlos, qué información recibían las autoridades y si hubo decisiones u omisiones deliberadas que facilitaron las presuntas maniobras.

En este punto aparece el interrogante sobre la responsabilidad política de la gestión de Gerardo Morales: si las maniobras investigadas tuvieron lugar durante su gobierno, resulta legítimo exigir explicaciones acerca de la supervisión del organismo, la dependencia administrativa del juzgado, los mecanismos de recaudación y los controles sobre el destino de los fondos. Lo mismo corresponde respecto de los funcionarios que tenían responsabilidades en las áreas involucradas, pero debe distinguirse entre responsabilidad política, responsabilidad administrativa y responsabilidad penal. No son conceptos equivalentes; un gobernador puede tener que dar explicaciones políticas sobre el funcionamiento de una dependencia sin que eso implique automáticamente que haya cometido un delito: para atribuirle responsabilidad penal se necesitan pruebas de una conducta concreta, conocimiento, intervención y los demás elementos que exija el tipo penal correspondiente.

Lo mismo vale para Guillermo Corro y María Inés Zigarán. Que hayan sido mencionados por Yebara no significa que sean culpables, pero tampoco debería significar que sus nombres queden fuera de cualquier examen judicial sin una explicación fundada. Si existen elementos verificables que indiquen una posible intervención, corresponde que el Ministerio Público determine si hay razones para profundizar la investigación y, cuando se reúnan los requisitos legales, disponer las medidas procesales correspondientes. La jerarquía política no puede funcionar como una protección frente al escrutinio, pero tampoco puede convertirse en un motivo para imputar sin pruebas.

La cuestión de la indagatoria es especialmente importante en el procedimiento penal; la declaración del imputado es un acto de defensa y una instancia procesal que permite conocer formalmente la atribución delictiva y ejercer el derecho a responder. No se trata de una condena ni de una declaración de culpabilidad. Por eso, si las personas mencionadas por Yebara no fueron convocadas a prestar declaración como imputadas, la sociedad tiene derecho a conocer si ello obedece a que la fiscalía no encontró elementos suficientes, a que existen investigaciones separadas, a que se están desarrollando medidas preliminares o a que directamente no se profundizaron las denuncias.

No es lo mismo una investigación que concluye fundadamente que no existen elementos para avanzar que una investigación que no explica qué hizo con pruebas y testimonios relevantes.

También hay que prestar atención a un aspecto que podría resultar determinante: la situación procesal del propio Yebara. Según las publicaciones consultadas, el acusado afirma que inicialmente declaró como colaborador o arrepentido y que, después de esa declaración, su imputación pasó de miembro a jefe de la asociación ilícita. Sostiene que aportó información sobre personas con mayor responsabilidad institucional y que, en lugar de utilizarse esa información para profundizar la investigación, terminó siendo utilizada en su contra. También denuncia que no se le entregaron registros audiovisuales de declaraciones anteriores que considera esenciales para su defensa. Estas afirmaciones fueron difundidas por distintos medios, pero necesitan ser contrastadas con el expediente, las resoluciones judiciales y la posición de la fiscalía.

Este aspecto merece una reflexión profunda: si una persona que conoce el funcionamiento de una presunta organización criminal decide aportar información y señala a personas con responsabilidades superiores, el Estado tiene la obligación de evaluar esa información con seriedad. No significa que deba creer automáticamente todo lo que declara un imputado —quien enfrenta una acusación penal puede tener intereses personales en su declaración, buscar mejorar su situación procesal o intentar trasladar responsabilidades—. Por eso, los testimonios deben ser corroborados; pero, precisamente porque existe esa posibilidad, la investigación debe buscar documentación independiente, registros bancarios, comunicaciones, expedientes administrativos, testimonios de otros participantes y cualquier otro elemento que permita establecer qué ocurrió.

Lo verdaderamente preocupante sería que la información aportada por un colaborador terminara siendo utilizada exclusivamente para construir una acusación contra él, sin que se investigaran de manera suficiente los hechos y las personas que señaló. Si eso hubiera sucedido, estaríamos frente a un problema institucional serio, no porque Yebara deba quedar exento de responsabilidad, sino porque el objetivo de una investigación penal no es encontrar a una persona sobre la cual descargar toda la responsabilidad, sino reconstruir los hechos y determinar la intervención de cada uno de los involucrados.

Aquí aparece la figura del denominado “perejil”, una expresión popular que describe a quien termina cargando con las consecuencias judiciales de una trama mucho más amplia, mientras otros actores con mayor poder o influencia quedan al margen. Es una expresión fuerte y no puede utilizarse como conclusión anticipada sobre este expediente; sin embargo, sirve para formular una preocupación legítima: ¿existe el riesgo de que se juzgue la parte operativa de una presunta estructura sin llegar a establecer quiénes tenían la capacidad de decisión y control?

La situación procesal de los cinco acusados también merece ser examinada. Las publicaciones señalan que Yebara es el único que llega detenido al juicio, mientras que los otros cuatro imputados llegan en libertad. Esto no demuestra por sí solo que exista un trato judicial privilegiado, porque las medidas cautelares deben evaluarse individualmente según los riesgos procesales, los antecedentes y las circunstancias de cada persona, pero sí constituye un dato que merece transparencia, especialmente cuando el principal acusado sostiene que no tenía atribuciones administrativas ni facultades institucionales para ejecutar por sí solo las operaciones que se investigan.

Su argumento debe ser sometido a prueba: si no tenía esas facultades, ¿quién las tenía? ¿Quién podía modificar registros, disponer sobre expedientes, autorizar devoluciones de vehículos o intervenir en el circuito de recaudación? ¿Cómo se explica la supuesta operatoria sin identificar a quienes tenían el control efectivo de esas decisiones?

Una organización criminal que opera aprovechando la estructura de un organismo estatal, si es que efectivamente existió en los términos denunciados, difícilmente pueda comprenderse examinando únicamente a quienes realizaban tareas subordinadas. Las maniobras administrativas y financieras necesitan ser reconstruidas desde abajo hacia arriba y desde arriba hacia abajo: desde abajo, para conocer cómo se ejecutaban los cobros, las modificaciones documentales y las operaciones concretas; desde arriba, para determinar quién tenía capacidad de decisión, qué controles se omitieron y si existieron instrucciones o mecanismos de protección.

El análisis de ambas dimensiones es indispensable para evitar una reconstrucción incompleta. Tampoco puede dejarse de lado la situación del exjuez Matías Ustárez Carrillo; su renuncia y su posterior imputación por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público constituyen un elemento central de la investigación. La responsabilidad de quien conducía el organismo merece un análisis particular, porque el titular de una dependencia pública tiene obligaciones vinculadas con su funcionamiento y supervisión, pero también es necesario determinar si su conducta fue una omisión negligente, una eventual colaboración deliberada o si existen otras responsabilidades que deban investigarse.

No son hipótesis equivalentes y requieren pruebas diferentes. La existencia de una causa separada contra el exjuez demuestra, además, que el expediente no se limita exclusivamente a la situación de Yebara.

Hay otro aspecto que no debería pasar inadvertido: la existencia de tres líneas de investigación vinculadas con los hechos. La información publicada desde 2025 refiere a una causa por asociación ilícita, otra por presunta malversación de fondos y defraudación al Estado, y una tercera relacionada con el incumplimiento de los deberes del exjuez. Esta separación puede responder a razones procesales legítimas, pero también obliga a preguntarse si existe una visión integral de los acontecimientos. Cuando una investigación se fragmenta en diferentes expedientes, resulta indispensable que las pruebas, las conexiones y las eventuales responsabilidades no se pierdan en la división administrativa de las actuaciones; de lo contrario, cada expediente puede terminar examinando una parte del problema sin llegar a reconstruir el conjunto.

La cuestión de fondo, entonces, no es si Yebara debe ser juzgado o no; si existen pruebas suficientes para sostener las acusaciones, tiene que responder ante la justicia, con todas las garantías constitucionales. Haber denunciado a otras personas no le concede inmunidad ni elimina su eventual responsabilidad penal, pero el mismo principio debe aplicarse a todos los demás: nadie puede quedar fuera de una investigación por haber ocupado un cargo político, haber integrado un gobierno o tener vínculos con sectores de poder. La igualdad ante la ley exige que tanto el empleado de menor jerarquía como el funcionario de mayor responsabilidad puedan ser investigados cuando existan elementos que lo justifiquen.

Por eso, el juicio que está por comenzar debería representar mucho más que la oportunidad de establecer la responsabilidad penal de cinco personas; debería ser también una instancia para esclarecer cómo funcionaba el Juzgado Contravencional N.º 1, qué sucedió con los fondos recaudados, qué mecanismos de control fallaron y qué destino tuvieron los recursos que presuntamente no ingresaron a las cuentas públicas. Si la investigación concluyera con condenas para algunos participantes operativos, pero dejara sin respuesta las preguntas sobre el circuito financiero, las responsabilidades jerárquicas y el destino del dinero, quedaría pendiente una parte sustancial del esclarecimiento.

Y aquí es donde la justicia jujeña enfrenta una exigencia institucional particularmente importante. No alcanza con anunciar un juicio oral, presentar una acusación y obtener una sentencia contra quienes están sentados en el banquillo; la legitimidad de una investigación de esta magnitud también depende de que explique qué hizo con las denuncias que involucran a otras personas, qué pruebas examinó y por qué decidió avanzar o no contra determinados funcionarios. La transparencia no consiste en imputar a todo aquel que sea nombrado, sino en demostrar que las decisiones judiciales responden a elementos objetivos y no a jerarquías, afinidades políticas o conveniencias institucionales.

En ese sentido, sería importante que el Ministerio Público de la Acusación y los órganos judiciales competentes respondieran públicamente algunas preguntas fundamentales: ¿qué sucedió con la declaración de Yebara como colaborador? ¿Dónde se encuentran las grabaciones y la documentación que afirma haber aportado? ¿Qué medidas se adoptaron para verificar sus acusaciones contra Gerardo Morales, Corro, Zigarán y los demás funcionarios mencionados? ¿Se investigó el destino de los fondos desde el origen hasta su eventual destinatario final? ¿Se analizaron las cuentas bancarias y los movimientos patrimoniales vinculados con las operaciones denunciadas? ¿Qué responsabilidades administrativas y políticas fueron examinadas? ¿Por qué existen investigaciones separadas y cómo se garantiza que ninguna línea de investigación quede inconclusa?

La respuesta a estas preguntas es mucho más importante que cualquier declaración política o mediática, porque, si hubo un mecanismo organizado para desviar dinero público, la sociedad tiene derecho a conocer no solamente quién ejecutó las maniobras, sino también quién las hizo posibles, quién se benefició y quién permitió que ocurrieran. Y si las acusaciones contra los exfuncionarios carecen de sustento, también corresponde que eso sea establecido mediante una investigación seria, documentada y transparente.

En definitiva, el interrogante que deja planteado el caso Yebara es profundamente institucional: ¿puede considerarse esclarecido un presunto esquema de asociación ilícita y desvío de fondos públicos si no se explica de manera convincente el alcance de la estructura investigada y el destino del dinero? La respuesta debe ser necesariamente negativa. Una sentencia puede resolver la situación procesal de los acusados que llegan a juicio, pero no necesariamente agota la investigación de todos los hechos relacionados ni determina por sí sola la responsabilidad de quienes no fueron incluidos en ese debate.

Si la justicia logra demostrar que Yebara y los demás acusados participaron de una organización criminal, deberán responder por ello, pero si las pruebas revelan que existieron otros niveles de intervención, otras responsabilidades o mecanismos de protección institucional, la investigación deberá avanzar también en esa dirección. No puede haber una justicia para los empleados y otra para los funcionarios, una justicia que llegue hasta quienes ejecutan las órdenes y se detenga cuando aparecen los nombres de quienes tenían poder de decisión.

La pregunta final, entonces, no es solamente dónde están los otros integrantes de la presunta asociación ilícita, sino también qué hizo la justicia para identificarlos, qué pruebas reunió, qué responsabilidades examinó y qué razones tiene para no avanzar contra quienes fueron señalados. Si esas preguntas no reciben respuestas claras, la sospecha de una investigación incompleta seguirá instalada en la sociedad jujeña. Ésa sospecha, por sí misma, representa un problema para la credibilidad de las instituciones.

Porque los 500 millones de pesos que se denuncian como presuntamente desviados no pertenecen a un funcionario, a un gobierno ni a quienes administraban el organismo: pertenecen a la sociedad. Y la sociedad no necesita que se construya un culpable conveniente ni que se absuelva anticipadamente a nadie; necesita saber qué pasó con su dinero, quiénes intervinieron y por qué, si existió una estructura delictiva cuyos posibles integrantes todavía no aparecen en el escenario judicial.

La justicia no debe limitarse a juzgar a quienes están disponibles en el banquillo; tiene la obligación de investigar, con las mismas reglas y el mismo rigor, a todos aquellos respecto de quienes existan elementos concretos de responsabilidad penal.