Si tomamos la crisis tarifaria desde una mirada política, se entiende que no se trata de un fenómeno aislado ni repentino, sino del resultado de una cadena de decisiones tomadas durante años sin planificación suficiente, con escasa transparencia y con una lógica más orientada a administrar costos políticos que a construir una política energética sostenible.
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La prioridad siempre fueron los negocios y así chocó la política energética
La crisis energética en Jujuy dejó de ser un problema exclusivamente económico para convertirse en una crisis política e institucional. Mientras miles de familias ya no pueden pagar la luz y crecen los reclamos en toda la provincia, siguen apareciendo interrogantes sobre las decisiones que llevaron a que los jujeños paguen una de las energías más caras del país.
Durante once años, este gobierno fue postergando definiciones estructurales y trasladando el problema a las tarifas. Hoy se encuentra con una política energética que terminó colisionando contra la realidad y sin margen de maniobra.
La crisis tarifaria que atraviesa Jujuy ya no admite respuestas parciales ni dilaciones. Lo que corresponde es declarar la emergencia energética, congelar las tarifas, suspender los cortes del servicio y abrir una discusión pública, amplia y profunda sobre las causas que llevaron al sistema a este punto de quiebre.
Miles de familias, comerciantes y pequeños productores ya no pueden afrontar el costo de la electricidad, mientras la política parece más preocupada por administrar el conflicto que por resolverlo.
Sin embargo, la discusión no puede limitarse al monto de la factura. También debe alcanzar la composición de ese costo, porque los usuarios tienen derecho a saber por qué pagan lo que pagan y qué conceptos están financiando.
Existen cargos incorporados a las boletas que muchos ciudadanos consideran ajenos a la prestación del servicio eléctrico y cuya justificación merece ser explicada con absoluta transparencia. Del mismo modo, resulta indispensable revisar las decisiones de largo plazo que comprometieron el precio de la energía.
Si efectivamente se acordó un valor cercano a los 79 dólares por megavatio hora durante veinte años, la sociedad tiene derecho a conocer cómo se llegó a esa decisión, cuáles fueron sus fundamentos técnicos, quiénes participaron de la negociación, qué beneficios concretos se esperaban y si el proceso contó con las instancias de participación y publicidad que exige una decisión de semejante impacto económico y social.
Si no hubo información suficiente ni un debate público amplio, la desconfianza ciudadana es comprensible. La energía eléctrica es un servicio esencial y las decisiones que afectan su costo no pueden tomarse entre unos pocos.
Con respecto al plenario propuesto por los diputados, que pese a la gravedad de la situación todavía no tiene fecha, debería convocarse cuanto antes e incluir a funcionarios, especialistas, empresas, organismos de control y representantes de los usuarios para esclarecer todos estos puntos.
La transparencia no debilita a las instituciones; por el contrario, las fortalece. Y cuando la luz se vuelve impagable, la sociedad tiene derecho a conocer toda la verdad.