La política de los hechos consumados que terminó disparando la tarifa eléctrica

El 30 de agosto de 2022, mediante el Decreto N.º 6426, Morales declaró de interés público el proyecto impulsado por la empresa Juan F. Secco S.A. como iniciativa privada.

El 31 de agosto de 2022, JEMSE y EJESA firmaron el contrato PPA (Power Purchase Agreement), un acuerdo de compra de energía a largo plazo por 20 años. Es decir, el contrato precedió a toda revisión regulatoria.

El 6 de septiembre de 2022, mediante la Resolución N.º 265/2022 de la SUSEPU, la Secretaría de Energía aprobó el contrato ya firmado, sin audiencia pública.

Tres días después, el 9 de septiembre, otra resolución de la SUSEPU autorizó el traslado del precio de 79 dólares por megavatio/hora a la tarifa que pagan los usuarios, también sin audiencia pública.

Finalmente, el 14 de septiembre de 2022, JEMSE llamó a licitación pública para construir los parques solares. La empresa adjudicataria fue Juan F. Secco S.A., la misma que había impulsado originalmente el proyecto.

Lo que vemos no es simplemente una sucesión de fechas y decretos; es la radiografía exacta de cómo se monta un traje a medida con el bolsillo de los ciudadanos como garantía. Cuando se analiza la metodología con la que el Gobierno de Gerardo Morales y la SUSEPU validaron este acuerdo energético, lo que salta a la vista es una llamativa inversión del orden legal y republicano.

Estamos ante una política de hechos consumados, donde los organismos de control, lejos de ejercer su función reguladora, terminaron actuando como simples escribanías para convalidar decisiones que ya estaban tomadas entre gallos y medianoche. La secuencia resulta llamativa: primero se firma un contrato multimillonario por veinte años y, recién después, el aparato estatal acomoda las resoluciones y hasta una licitación pública que, según los cuestionamientos planteados, habría nacido con serios vicios.

La situación resulta aún más controvertida si se considera que durante todo este proceso no se realizaron las audiencias públicas previstas para trasladar a los usuarios un costo de 79 dólares por megavatio/hora. Hoy, con los parques de Chalicán, Perico y Cannava incorporando energía al sistema y con ese costo impactando en las facturas de los jujeños, las consecuencias jurídicas de este procedimiento comienzan a ser objeto de debate.

Desde la perspectiva del derecho público, distintos sectores sostienen que podrían configurarse causales de nulidad por presuntas violaciones a principios como la transparencia, la libre competencia y el debido proceso administrativo. En ese escenario, podrían impulsarse acciones judiciales por parte de usuarios y asociaciones de consumidores, además de otras investigaciones que la Justicia determine pertinentes.

El daño económico, en tanto, ya se refleja en las boletas de luz que pagan familias, comercios e industrias de toda la provincia.

Para dimensionar la magnitud del impacto, el primer dato relevante surge al comparar el precio pactado de 79 dólares por megavatio/hora con los valores del mercado eléctrico mayorista nacional administrado por CAMMESA. Mientras el costo promedio de generación suele oscilar entre los 55 y los 65 dólares, y los contratos de energía solar adjudicados en las últimas licitaciones nacionales se ubicaron entre los 35 y los 45 dólares, Jujuy quedó vinculada contractualmente a un precio significativamente superior para una tecnología similar.

Este desfasaje ya no constituye una proyección teórica ni una especulación política. Según los propios registros oficiales de la SUSEPU, el impacto económico trasladado a las tarifas supera los 254 millones de pesos.

La presión sobre el cuadro tarifario aumenta a medida que se incorporan nuevos parques al sistema. La entrada en operación de Chalicán, con 7,5 megavatios; Perico, con 12,5 megavatios; y la reciente incorporación de Cannava, con otros 6 megavatios, incrementa el volumen de energía despachada bajo las condiciones establecidas en ese contrato.

A ello se suma que se trata de un acuerdo dolarizado y con una vigencia de veinte años. En la práctica, cualquier variación del tipo de cambio oficial impacta directamente sobre las facturas en pesos que pagan los usuarios. La ausencia de audiencias públicas impidió que especialistas y asociaciones de consumidores debatieran previamente el alcance económico de estas decisiones, cuyos efectos seguirán proyectándose sobre las tarifas y sobre la economía de la provincia durante las próximas dos décadas.