Estrategia política o negligencia institucional
La reciente admisión de la Legislatura de Jujuy acerca de su falta de capacidad técnica para analizar la Cuenta de Inversión del Poder Ejecutivo abre un debate que trasciende lo administrativo. La situación expone interrogantes sobre la eficacia de los mecanismos de control institucional, la independencia de los organismos encargados de fiscalizar el uso de los recursos públicos y el verdadero compromiso de la dirigencia política con la transparencia y la rendición de cuentas.
Que la Legislatura de Jujuy admita públicamente que no cuenta con personal idóneo para analizar la Cuenta de Inversión del Poder Ejecutivo constituye mucho más que una simple falencia administrativa. Se trata de una confesión que expone una de las debilidades más sensibles del sistema institucional: la incapacidad de ejercer uno de los controles fundamentales que la Constitución, en su artículo 145, punto 34, asigna al Poder Legislativo.
La Cuenta de Inversión no es un trámite burocrático cualquiera; es el instrumento mediante el cual el Gobierno debe rendir cuentas sobre cómo utilizó los recursos públicos aportados por los contribuyentes. Cuando el organismo encargado de revisar esos gastos reconoce que no tiene capacidad técnica para hacerlo, surge inevitablemente una pregunta que interpela a toda la dirigencia política: ¿para qué existe entonces ese mecanismo de control y para qué se destinan cuantiosos recursos a la Legislatura?
El problema adquiere una dimensión aún más preocupante cuando se observa que la revisión termina delegándose en la Auditoría General de la Provincia. Más allá de las formalidades legales, existe una percepción extendida de que los organismos de control no gozan de la independencia necesaria respecto del poder político. Cuando quienes deben controlar dependen directa o indirectamente de quienes son controlados, la confianza pública se deteriora y se instala la sospecha de que las observaciones, cuestionamientos o eventuales irregularidades nunca serán examinados con la profundidad necesaria.
En una república sana, los controles no son una molestia para el gobierno de turno, sino una garantía para los ciudadanos. Las causas de esta situación pueden encontrarse en años de debilitamiento institucional, en la escasa profesionalización del recurso humano, en la subordinación de los organismos de control a las mayorías políticas circunstanciales y en una cultura política que muchas veces privilegia la lealtad partidaria por encima de la capacidad técnica.
Las consecuencias son profundas y van más allá de una discusión administrativa. Cuando el control del gasto público se debilita, disminuyen los incentivos para la eficiencia, aumentan los riesgos de discrecionalidad en el manejo de los recursos y se vuelve más difícil detectar errores, sobrecostos, privilegios o decisiones equivocadas.
Esta desidia, provocada por incapacidad o deliberadamente, sea cual fuere el caso, no hace más que debilitar la calidad institucional.
Me parece que el debate de fondo no es solamente quién revisa una Cuenta de Inversión, sino qué tipo de Estado quiere construir Jujuy: un Estado donde los controles sean una formalidad destinada a convalidar decisiones ya tomadas, o un Estado donde cada poder cumpla efectivamente el papel que la democracia le asigna.