La indiferencia política frente a frente con las comunidades originarias

La reforma constitucional, que debía ser un instrumento de protección y reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios, termina siendo una herramienta para blindar los intereses de las empresas mineras y otros emprendimientos económicos vinculados al poder que amenazan la autonomía, las tradiciones y los recursos naturales de estas comunidades. La criminalización de su resistencia, la represión brutal y las amenazas contra quienes defienden su territorio son una evidencia clara de que estos cambios legales privilegian los negocios por sobre los derechos humanos y territoriales.

Estos pueblos ancestrales se enfrentan a un proceso de despojo y destrucción de sus modos de vida, en un contexto donde los derechos colectivos están siendo pisoteados en favor de intereses económicos que, además, violan derechos fundamentales como el acceso al agua y la defensa de sus tierras. La resistencia que hoy expresan en las calles, en marchas y en actos de denuncia, busca que se respeten sus derechos, que se escuchen sus voces y que se haga justicia frente a la represión y el avance de modelos extractivitas que amenazan no solo su cultura, sino también la vida de toda la región.

En una democracia verdadera, los gobiernos deben cumplir y respetar la constitución, las leyes nacionales e internacionales, y garantizar los derechos fundamentales de todos los ciudadanos. Pero lamentablemente, en muchos casos, lo que estamos presenciando es una situación en la que gobiernos que parecen usurpar el poder desconocen, vulneran e incluso atacan estos derechos consagrados. Estas acciones atentando contra derechos constitucionalmente protegidos, como el derecho a la tierra, al agua, a la justicia y a la protesta social, representan una grave violación del estado de derecho.

Desde el punto de vista jurídico, lo que estamos viviendo es una clara contravención a las normas que deberían proteger a las comunidades y a las personas. La impunidad se compone cuando esas violaciones no son sancionadas, y además, cuando los poderosos operan en todos los fueros judiciales, incluso en los órganos internacionales, para asegurarse de que no haya sanciones y con ello perpetuar un modelo donde los intereses económicos prevalecen sobre la justicia y los derechos humanos. Esto es un atentado a los principios democráticos, donde el poder jurí­dico, para ser legítimo, debe ser independiente, imparcial y garantizar la protección efectiva de los derechos de todas las personas, sin distinción de clases, condiciones o pertenencias culturales.

La soberanía popular se ve amenazada cuando estos mecanismos de impunidad y represión operan en la sombra, manipulan las instituciones y violentan el estado de derecho.

Queremos dejar muy en claro que en una democracia y en un estado de derecho, los gobiernos y las autoridades están obligados a respetar tanto los protocolos nacionales como internacionales que protegen los derechos de los pueblos y las comunidades. Entre estos, destacan varios instrumentos fundamentales que debemos tener presentes.

Primero, la convención 169 de la organización internacional del trabajo (oit), que reconoce los derechos colectivos de los pueblos indígenas y tribales, incluyendo su derecho a decidir sobre sus territorios, recursos naturales y formas de vida. este instrumento ratificado por nuestro país obliga a los estados a consultar y obtener el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades en cualquier proyecto que afecte sus tierras y recursos.

Luego, tenemos la declaración de las naciones unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, que reafirma el derecho de estas comunidades a su auto-determinación, a mantener sus culturas y a participar de manera plena en las decisiones que les afectan.

A nivel nacional, está la convención constitucional y la legislación vigente que reconocen derechos territoriales, culturales y de autodeterminación de los pueblos originarios. También, la ley de protección del agua, que es un derecho humano fundamental y que está siendo vulnerado por las actividades extractivitas.

Es fundamental entender que estos protocolos no son meros documentos simbólicos, sino que establecen obligaciones legales y éticas que los Estados deben cumplir. La violación de estos derechos fomenta conflictos, viola derechos humanos y deteriora la confianza en las instituciones democráticas. Por eso, exigimos que tanto el gobierno provincial como las empresas cumplan con estos compromisos y respeten la justicia, la soberanía de los pueblos y el respeto por la vida y el ambiente.

Esperamos que este esfuerzo de una caminata casi interminable hacia esta capital sea compensado con un gesto político de recepción de los reclamos de lo contrario, estaremos frente a la confirmación de que la indiferencia gobierna el mundo.