Jujuy | La Esperanza |

Griterío y pocas respuestas en la Legislatura

El paso del ministro de Desarrollo Económico, Juan Carlos Abud Robles, por la Legislatura para informar sobre la venta del ingenio azucarero fue un aporte más a la confusión generalizada; ante cuestionamientos de la oposición, el oficialismo respondió con gritos y hubo un escandaloso final. La operación sigue siendo una incógnita.

Como estaba previsto para este martes, se concretó la presencia del ministro de Desarrollo Económico de la provincia, Abud Robles en la Legislatura para brindar detalles sobre la controversial venta del Ingenio La Esperanza.

Los detalles de la transacción iban a ser brindados a los fines de evacuar las dudas de los diputados provinciales. Sin embargo tuvo el efecto contrario, lejos de llegar a un acuerdo, se terminó con discusiones y gritos que prestaron una mayor confusión.

En el medio del discurso de Robles se notaron respuestas débiles ante las dudas sobre la solvencia de la empresa colombiana en cuestión, Omega. Además se apreció cierta fragilidad a la hora de hablar sobre los cuestionamientos legales por la intervención del gobierno en la operación.

Desde la oposición también se plantearon sospechas respecto al origen de los fondos para concretar el arreglo.

Con un capítulo bochornoso, crecen las dudas en torno a La Esperanza.

Antes del escandaloso episodio, desde el gobierno se expuso que a finales de octubre se estaría haciendo la transferencia.

Señalaron un plazo de 90 días para que la empresa colombiana se radique en Jujuy y se capitalice en 5.2 millones de dólares.

Según Mariano Miranda, Fiscal de Estado, a partir de allí será una sociedad anónima controlada por el Estado.

¿Cómo se cubre el gobierno en caso de que no se pague? La respuesta fue a través de garantías líquidas por parte de la empresa.

Abud Robles habló de un compromiso de contratación de 600 trabajadores, los cuales serían 300 fijos y 300 transitorios.  Aquellos que se despidan cobrarán un bono por un año, el mismo lo pagará mitad la empresa y mitad el Estado.

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