Las democracias delegativas, según algunos teóricos, se basan en la idea de que, una vez que un candidato gana una elección para gobernador, tiene el derecho de gobernar como considere conveniente, sin necesariamente atenerse a las promesas que hizo durante su campaña. Esto significa que, en estos sistemas, el liderazgo se centra en la autoridad que otorga el mandato popular, pero sin necesariamente comprometerse con las políticas prometidas previamente.
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La democracia delegativa estimula el abuso de poder
Para intentar explicar una visión respecto de donde radica el problema sobre la falta de resolución de los multiples conflictos que tiene la provincia está en la interpretación sobre el modelo de democracia que rige en Jujuy, que es delegativa.
El problema aquí es que esto puede generar una desconexión entre las expectativas de la ciudadanía y las acciones reales del gobierno. La gente vota con ciertas ideas y promesas que creen que se cumplirán, pero si el gobernante actúa de manera diferente, se puede sentir que no hay una verdadera rendición de cuentas. Precisamente es lo que está ocurriendo.
Además, esta forma de gobernar puede contribuir a la inacción, porque las políticas públicas que no responden a los problemas reales de la población dejan a la gente sin soluciones concretas que mejoren su calidad de vida.
En esencia, el problema de las democracias delegativas es que, al centrarse solo en la legitimidad otorgada por la elección, pueden olvidarse de la responsabilidad que tienen con los ciudadanos. Creen que a partir de recibir el voto tienen la facultad de hace lo que se les da la gana sin consultar a nadie.
La esperanza sería que las democracias sean más participativas y responsables, donde los gobernantes se comprometan con las promesas y trabajen en forma permanente para resolver los problemas reales y cotidianos de la gente, no solo en campañas electorales.
En las democracias delegativas, la rendición de cuentas a instituciones que deberían controlar y supervisar al poder ejecutivo a menudo se percibe como un obstáculo para la autoridad del gobernador.
El líder se aísla de la mayoría de las instituciones políticas e intereses organizados, asumiendo en exclusiva la responsabilidad por los éxitos y fracasos de sus políticas. Esto genera una especie de centralización del poder, donde la responsabilidad recae solo en la figura del gobernador, sin una verdadera discusión o control por parte del sistema. Esto profundizó Morales al llegar al poder en 2015 y ahora Sadir lo continua sin moverse un milímetro de esta postura.
Este enfoque tiene un problema central: invita a la discrecionalidad, es decir, a la arbitrariedad en la toma de decisiones. Cuando el gobernador, o quien sea, se siente con plena libertad para manejar fondos públicos y diseñar políticas sin una adecuada supervisión, se abre la puerta a decisiones poco transparentes, incluso a prácticas poco éticas. Además, la centralización excesiva puede disminuir la presión social y el control institucional, favoreciendo acciones que quizá no respondan a los intereses del conjunto de la ciudadanía.
La consecuencia más grave es que se puede erosionar la confianza en las instituciones y en la democracia misma, ya que el poder no se ejerce responsablemente y sin fiscalización.
En una democracia verdadera no esto que vivimos en la provincia, la representación trae consigo la rendición de cuentas. Es decir, los representantes son considerados responsables por sus acciones ante aquellos a quienes dicen representar.
Esto significa que existen varias instituciones y poderes que actúan de manera autónoma, y que pueden cuestionar, investigar y castigar a quienes actúan de forma irregular o incorrecta, impidiendo así el abuso de poder.
La democracia delegativa en Jujuy, el poder se concentra en una figura o en un liderazgo que asume el control casi absoluto sin los suficientes controles institucionales que aseguren la responsabilidad.
Esto genera un escenario en el que el abuso de poder se vuelve insostenible, porque quien tiene el control no responde ante nadie y, por tanto, no hay sanciones ni responsabilidades claras.
Este modelo donde el poder se centraliza y las instituciones de control dejan de funcionar, atenta contra los principios básicos de justicia y transparencia que una verdadera democracia necesita para funcionar adecuadamente.
La rendición de cuentas y los controles son fundamentales para que todos los actores políticos y administrativos actúen con responsabilidad, y sin ellos, la confianza en las instituciones se deteriora, y los problemas sociales aumentan.