Me pregunto si Jubert, virtual vocero del ex gobernador Gerardo Morales, quien está involucrado en la causa por usurpación violenta en la localidad de Caspalá causa que se tramita en el fuero federal, comparte esta misma visión. Recordemos que las abogadas Silvana Yañez y Alejandra Cejas van a solicitar la imposición de una imputación en la causa contra Morales, proceso que se tramita en el fuero federal.
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La condena a CFK puede complicar a Morales en la causa Caspalá
El presidente del bloque radical en Jujuy, Santiago Jubert, hizo declaraciones respecto a la reciente condena a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, destacando que esta decisión "pone en valor a la justicia".
Lamentablemente, lo que se observa es un silencio autoritario desde el gobierno de Jujuy sobre este tema. Los legisladores como Jubert, en su mayoría, parecen responder más a los intereses del ex gobernador Morales que a la voluntad del pueblo que los eligió. Esto significa, una muestra palmaria del cinismo en las esferas del poder radical.
La política debe ser el compromiso por la justicia, la transparencia y la reparación por los hechos que afectan a toda la sociedad. La democracia no se sostiene en la sombra ni en el silencio cómplice, sino en la evidencia y en la justicia plena.
El diputado Santiago Jubert afirmó además que hoy los argentinos podemos sentirnos representados por un poder judicial federal que hace su trabajo y demuestra que hasta una ex presidenta puede ser condenada cuando se cometen delitos contra el pueblo. Sr Jubert: lo que ocurrió en Caspalá, durante el gobierno de su jefe Gerardo Morales, ¿no fue un delito contra el pueblo de esa comunidad? Usted, con la misma soltura con la que se expresa sobre estos temas delicados, debería responder también sobre las atrocidades que se cometieron durante esa gestión.
Porque si bien todos esperamos que la justicia sea efectiva y equitativa, ¿qué pasa cuando los hechos, como en estos casos, involucran a figuras de alta investidura, como gobernadores y ex gobernadores? En ese sentido, esperamos que Jubert también opine con la misma contundencia si la justicia decide avanzar en el pedido de imputación contra el ex gobernador Gerardo Morales por su supuesta responsabilidad en autorizar excesos de las fuerzas de seguridad contra la comunidad de Caspalá, y sobre los daños patrimoniales con alto valor ancestral para los habitantes de esa localidad.
Recordemos que el gobernador de Jujuy en el marco del ejercicio del poder es también comandante en jefe de las fuerzas de seguridad. Por lo tanto, no puede ni debe desligarse de las responsabilidades que se derivan de sus decisiones y acciones. La historia y la jurisprudencia nos muestran que en el caso de Cristina Fernández de Kirchner su responsabilidad por el conocimiento de los hechos no quedó en duda, especialmente en el proceso que analiza el modus operandi de sus funcionarios. La propia causa refleja que, como jefa de Estado, no pudo, ni debe, desconectarse de lo que ocurría en los distintos ámbitos del gobierno.
¿Y qué decir del caso de Caspalá? La posible responsabilidad del ex gobernador Morales en los hechos, si la justicia así lo determina, sería comparable en términos de responsabilidad y abuso de poder. La diferencia, y en eso coinciden muchos analistas, yace en el hecho de que, al igual que en el caso de cristina, hay acciones que evidencian un uso abusivo del poder, una violación a los derechos de la comunidad y un ejercicio excesivo de la autoridad. Todo ello enmarcado en un contexto donde la justicia tiene la última palabra, y donde la correcta percepción de justicia y responsabilidad debe prevalecer por encima de los intereses políticos o personales.
La justicia, entonces, debe actuar con independencia, pero también con firmeza y principios claros. La ciudadanía necesita confianza en un sistema que no solo condene a los poderosos cuando corresponda, sino que también garantice que la responsabilidad sea efectiva en todos los niveles del Estado.