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La chicana es el escudo en defensa del relato

Hoy nos encontramos ante un escenario político en Jujuy que parece más un ring de boxeo de baja categoría que un debate de ideas, donde el radicalismo local ha decidido abrir fuego contra los referentes de la libertad avanza en una maniobra que huele más a desesperación por la pérdida de centralidad que a una preocupación real por el bienestar del ciudadano.

Resulta casi tragicómico escuchar a figuras como el diputado Santiago Jubert arremeter contra el diputado Alfredo González por el precio de los combustibles, demostrando una ignorancia técnica en materia de energía alarmante o una mala fe absoluta al afirmar que la cámara de expendedores tiene la potestad de fijar precios, cuando en realidad son pymes que reman contra la corriente para sostener el empleo mientras el propio gobierno provincial asfixia a los jujeños con tarifas de energía eléctrica que son, a todas luces, usurarias y no guardan relación alguna con la pésima calidad del servicio prestado.

La hipocresía no termina ahí, porque cuando aparece en escena el diputado Diego Rotela para jugar la carta de los derechos humanos y atacar a Cristina Guzmán por supuestos vínculos con la dictadura, no hace más que mimetizarse con el manual kirchnerista más rancio que tanto dicen combatir; es de una desmemoria selectiva asombrosa, olvidar que el radicalismo tiene su propio archivo, desde las reuniones de Angeloz correligionario de Rotela, Morales, etc. Con figuras nefastas del proceso militar como el cardenal Raúl Primatesta en Córdoba o el general Mario Benjamín Menéndez, la mano dura de Videla en Córdoba, o más aquí en la historia las famosas fotos de Gerardo Morales con Milagro Salas que hoy intentan enterrar bajo la alfombra.

Rotela, que cargó con la responsabilidad de la seguridad pública durante los violentos episodios del “Jujeñazo”, no tiene la autoridad moral para señalar con el dedo cuando su gestión está marcada por la represión y la falta de respuestas pero resulta que los discípulos del padre de la democracia curiosamente aplican en Jujuy metodologías represivas propias de una dictadura.

Mientras circula este relato que no le importa a nadie la realidad es el silencio sepulcral sobre la transparencia que se niega y a propósito hay más datos o más preguntas sobre el tema: ¿cómo es posible que el gobernador Sadir pueda nombrar a su propio hermano, el contador Luis Sadir, como gerente de la auditoría general de la provincia? sería el colmo de la casta y el nepotismo donde el auditado pone al auditor, un esquema que el diputado radical Guido Luna aparentemente defiende con un cinismo que ya no sorprende a nadie.

Mientras los "soldados de la obsecuencia" como Jubert, Rotela y Morone se pierden en chicanas mediáticas y ataques de archivo, la gestión provincial se desmorona entre la falta de rendición de cuentas y una endogamia política que los jujeños ya no están dispuestos a tolerar porque, al final del día, los papeles sobre la mesa desmienten cualquier relato de transparencia que intenten vender desde la comodidad de sus despachos.

Sin embargo este nuevo escándalo que envuelve a la auditoría general de la provincia con la supuesta designación de Luis Sadir (hermano del gobernador) como gerente de la institución porque aquí ya no hablamos de una simple desprolijidad, sino de un golpe directo al corazón de la transparencia democrática.

Resulta que el gobernador Carlos Sadir habría decidido que el control de las cuentas públicas quede en manos de su propio hermano, en una maniobra que desafía cualquier lógica de ética pública y sentido común, transformando al órgano que debería ser el perro guardián del erario en un apéndice del árbol genealógico del ejecutivo.

Bajo este esquema de "yo me controlo a mí mismo a través de mi sangre", la designación seria no solo éticamente cuestionable sino legalmente sospechosa, ya que vulneraria el principio básico de independencia que debe regir a cualquier auditor externo; no se puede ser juez y parte, ni se puede pretender que un hermano audite con objetividad las transferencias, contrataciones y el manejo de fondos de quien se sienta en el sillón de Fassio.

Mientras el diputado Guido Luna y otros voceros del oficialismo intentan disfrazar este nepotismo explícito con tecnicismos vacíos, la realidad es que Jujuy asiste a la institucionalización de la impunidad, donde el nepotismo se convierte en la herramienta para blindar una gestión que le teme a la revisión de cuentas independiente.

Es una burla para el ciudadano que paga sus impuestos ver cómo se montan estas estructuras de protección familiar, mientras los "soldados de la obsecuencia" prefieren desviar la atención con peleas mediáticas estériles en lugar de explicar por qué el control estatal ha pasado a ser una cena de domingo entre parientes. Esta falta de idoneidad ética no solo erosiona la confianza en las instituciones, sino que confirma que el concepto de transparencia para este gobierno es apenas una palabra de campaña que se borra con el primer decreto de nombramiento familiar, dejando a la provincia en un estado de vulnerabilidad donde el control es, lamentablemente, un simulacro diseñado para que todo quede en casa.

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