Este martes 25 de junio se llevó adelante la última y más importante ronda de indagatorias en el marco de la causa que investiga al Polo Obrero por defraudación millonaria al Estado: Eduardo Belliboni se presentó ante el juez federal, Sebastián Casanello, y el fiscal Gerardo Pollicita, y negó haber extorsionado a beneficiarios de planes y desviado fondos. Su declaración fue en el marco de una presentación inicial que hizo, y luego no respondió preguntas.
Ante la Justicia, Belliboni negó haber extorsionado a beneficiarios de planes
Además, rechazó desvío de fondos. El dirigente piquetero está acusado de defraudar al Estado. La principal sospecha es que se usaron fondos públicos para las campañas del Partido Obrero.
En relación a las acusaciones de facturas truchas dijo que es la AFIP la que debía controlar a las empresas como Coxtex, y mencionó que el organismo les comunicó que la compañía “era legal”. Además negó el sistema de multas para quienes se negaban a participar de las marchas y dijo que es falso que no hayan rendido $81 millones de los convenios del Potenciar Trabajo: “Se rindió casi la totalidad y lo que falta rendir está justificado, porque es para pagar sueldos de obras que se están realizando”.
Belliboni dijo tras su presentación en Comodoro Py: “Presenté tres carpetas con pruebas, de parte de nuestra defensa, para mostrar que no tuvimos jamás ningún tipo de denuncia de extorsión, y rechazamos con pruebas que haya habido defraudación al Estado”.
En relación a las facturas truchas dijo: “Hablamos sobre las facturas, la AFIP nos dijo en 2002 que Coxtex era una empresa legal, tengo lo que le compramos, en todo caso el problema lo tiene la AFIP, que no controló bien a esa empresa. A los titulares de Coxtex no los conozco, si tenía titulares truchos lo tendría que haber determinado la AFIP, yo no soy la AFIP”.
Las acusaciones de la Justicia a Eduardo Belliboni por defraudación millonaria al Estado y extorsiones
El líder del Polo Obrero enfrenta dos grandes escenarios de acusación: por un lado se le achaca el haber desviado fondos del Potenciar Trabajo hacia una serie de empresas investigadas por hacer facturas truchas (administración fraudulenta) y también se lo responsabiliza por las extorsiones, aprietes y amenazas a beneficiarios de ese programa social que se realizaron bajo la órbita de su organización.
Como unidad de gestión del Potenciar Trabajo, la Asociación Civil Polo Obrero debía comprar herramientas, vestimenta y elementos de trabajo para los beneficiarios de ese programa. Por ese motivo la organización de Belliboni recibió entre 2020 y 2023 unos $360 millones de los $81 millones nunca fueron rendidos, es decir, se desconoce para qué se utilizaron.
El juez Casanello recibió una respuesta del Ministerio de Capital Humano en el que se detallaba que el Polo Obrero incumplió con la rendición de cuentas de la plata que recibió como unidad de gestión. De hecho la cartera que conduce Sandra Pettovello ya intimó cinco veces al PO para que entregue la documentación respaldatoria, pero hasta ahora no obtuvo respuesta.
En total son cinco los convenios que el Polo Obrero no rindió por un total de $81 millones. El más importante es por $48 millones, otro por $24 millones y los restantes tres completan el número. En las intimaciones, Capital Humano pide que se presente la documentación respaldatoria de los gastos, lo que hasta el momento no ocurrió.
La Justicia recabó un volumen importante de pruebas vinculado a una posible maniobra del PO para desviar parte de la plata que el Estado le envió como unidad de gestión hacia una red de empresas investigadas por hacer facturas truchas para justificar gastos inexistentes y luego ocultar el destino final de la plata.
La Justicia comprobó que entre las rendiciones que el Polo Obrero había hecho ante el exMinisterio de Desarrollo Social había facturas truchas. La lista de compañías empieza por Coxtex (que en noviembre de 2020 fue declarada por la AFIP como apócrifa) y la imprenta Rumbos, muy ligada al espacio que conduce Eduardo Belliboni, ya que fue fundada en 2017 por Christian “Colo” Rath (histórico dirigente de la organización ya fallecido) y por Roberto Adrián Albornoz. Hacia la primera se desviaron $5 millones y hacia la segunda unos $20 millones.