Sólo el Área Metropolitana de Buenos Aires (sitio más densamente poblado del país, que incluye al conurbano bonaerense y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires), cuenta más pérdidas que la provincia del norte.
Los datos de Jujuy sorprenden además si se lo compara con las otras cinco provincias de la región del noroeste argentino (NOA): entre Salta (47), La Rioja (61), Tucumán (14), Santiago del Estero (13) y Catamarca (0) suman 135 fallecimientos, es decir, entre todas acumulan menos de la mitad.
Las estadísticas locales llaman la atención en todo el territorio por el súbito ascenso de la curva. Entre el 20 de marzo, fecha de inicio del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) y el 16 de junio, Jujuy había registrado un solo deceso y apenas 16 casos positivos de COVID 19.
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Las terapias intensivas colapsaron en dos meses en Jujuy.
Aunque el gobierno de Gerardo Morales rechaza las críticas de quienes le endilgan haberse apresurado en la flexibilización del ASPO, promoviendo el turismo interno, la apertura de bares, restaurantes y locales comerciales, lo que queda expuesto es la debilidad del sistema de salud en la provincia: con sólo 58 camas de terapia intensivas disponibles (último dato oficial, brindado el 9 de agosto) los pacientes infectados comenzaron a morir en sus domicilios o en salas comunes esperando asistencia de mayor complejidad.
El representante de la filial Jujuy de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (SATI), Miguel Salva, reconoció que debido a la falta de camas con respiradores artificiales operativas, los médicos se ven en la obligación de utilizar guías de bioética para decidir, entre pacientes graves, a quien colocarle la asistencia.
Paradójicamente, en la provincia aseguran contar con equipamiento, pero escasean los recursos humanos: faltan médicos, enfermeros y kinesiólogos intensivistas.
El nivel de contagios en el personal de salud, además, llegó al 30%, el más alto del país, y hubo médicos fallecidos. Eso provocó que muchos trabajadores se muestren reacios a asistir a sus puestos por temor a los contagios. En ese marco, Morales firmó un decreto en el que conmina a los trabajadores a obedecer y presentarse o, caso contrario, afrontar multas de 40 mil pesos y hasta arresto.
La medida fue repudiada por los colegios profesionales.
En ese contexto extremadamente complejo, el gobierno intenta controlar la frenética curva de contagios, con una sociedad que, por si fuera poco, dejó de acatar las medidas de aislamiento, en un contexto de frustración, asfixia económica en muchos comerciantes y cuentapropistas, y descreimiento hacia las autoridades.
De acuerdo al último reporte oficial, hasta el momento se detectaron 8.860 casos positivos. Se recuperaron de la enfermedad 5.265, mientras que los casos activos son 3.341.