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Isolda Calsina: “La luz en Jujuy aumenta en forma desmesurada”

Tras la modificación que habilita la reelección indefinida de los miembros de la SUSEPU, la diputada provincial recordó las falencias en el control a los servicios públicos por parte del organismo.

“La ley que regula el funcionamiento de la SUSEPU es como el cangrejo, va para atrás”.

Así definió la diputada del partido LyDER, Isolda Calsina, durante su participación en Sobremesa, por la pantalla de Canal 2, a la modificación de la ley 5.242, que regula el funcionamiento de la Superintendencia de Servicios Públicos (SUSEPU), que eliminó la limitación para reelegir a sus actuales miembros en la conducción del organismo, habilitando la posibilidad de reelegirlos indefinidamente.

La legisladora cuestionó la gestión del organismo en su función de control a las empresas concesionarias de servicios públicos, señalando el aumento de tarifas como un claro ejemplo de las falencias en la regulación.

“Las boletas aumentan día a día en forma desmesurada y desmedida, sin relación alguna con el aumento de sueldo”, advirtió Calsina, al tiempo que recriminó la falta de inversiones. “En materia de energía, sin ir mas lejos, hay una pérdida de potencia continua, las dificultades son enormes por falta de inversión, mientras la empresa se escuda diciendo que ellos han querido invertir y no los dejan, porque la gente se opuso a que se hagan las plantas por cuestiones ambientales, sin embargo existen mecanismos para hacerlo ambientalmente más sustentable y menos riesgoso, haciendo el soterrado de los cables de las plantas transformadoras; lo que ocurre es que eso exige inversión, y acá, por lo que se ve hasta ahora, hay facturación sin inversión”, remarcó.

Por otro lado, la legisladora señaló la modificación de la ley como un acuerdo político entre el oficialismo y la oposición radical en la Legislatura.

La actual composición del directorio, muestra un reparto de los cargos entre las dos principales fuerzas políticas de la provincia, el PJ y la UCR, y es señalado por dirigentes locales como un caso paradigmático del hipotético acuerdo político que existiría entre las cúpulas de los partidos tradicionales para administrar en forma compartida las áreas del sector público.

Su actual presidente es Héctor Rodriguez Francile, el vocal 1º es José Luis Izquierdo, ambos de extracción justicialista, mientras que el vocal 2º es el ex diputado radical Mario Pizarro.

Calsina, quien adhiere a esta interpretación, sostuvo que las carencias en la gestión del actual directorio de la SUSEPU se deben a esta injerencia de la política en las designaciones.  

“Con el agua potable hay también un severo problema, puesto que existe una auditoría que la propia empresa encargó a un experto de (la provincia de) Salta, según la cual la provincia está derrochando aproximadamente un 40 % del agua potable porque no se hacen mantenimiento de la red que la traslada, con rajaduras en los canales, ni tampoco de los caños maestros que presentan numerosas fisuras; sin embargo después tenemos el contrasentido de que las autoridades de la empresa empiezan a pedirle a la gente que tenga conciencia en el uso del agua, la multan cuando lavan las veredas, cuando son los primeros en desperdiciar un valor muy preciado como es el agua”, cuestionó Calsina.

Según consigna la normativa que la regula, la SUSEPU es el organismo encargado de controlar y fiscalizar los servicios públicos, y tiene el deber de revisar que tanto EJESA como Agua de Los Andes, cumplan con la normativa de la concesión que el estado le dio.

Tiene además la responsabilidad de velar porque llegue a todos los vecinos un servicio eficaz, suficiente, permanente, continuo, y a un precio razonable.

En sus orígenes la ley disponía que sus miembros sean electos por concurso público, con un perfil técnico e idoneidad para poder tener un control eficaz sobre empresas con alta complejidad como son las empresas de servicios, que además tienen consultores muy especializados en el desarrollo. Esto se llevó a cabo de esa manera durante varios periodos desde su creación.

Sin embargo, en la última sesión de la Legislatura provincial se modificó su reglamento introduciendo la posibilidad de darle una duración indefinida a los mandatos.

Entre los argumentos se esgrime como positivo que los miembros sean técnico-políticos.

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