La Fiscalía de Investigación Nº 1, a cargo de Liliana Fernández, informó el paso dado por la Justicia para liberar el espacio público en inmediaciones a Casa de Gobierno.
Imputaron a Milagro Sala por el acampe en Plaza Belgrano
El acampe es una forma de resistir las resoluciones adoptadas por un gobierno legítimo, en pos de dar transparencia a la administración de los millonarios recursos que llegaban a las organizaciones sociales, afirman los funcionarios.
Se le imputa a la líder de la Organización Barrial Tupac Amaru y a la Red de Organizaciones Sociales el delito de instigación a cometer ilícitos y tumultos, entendiendo que el día 14 de diciembre de 2015, Sala llegó a Plaza Belgrano acompañada de un gran número de personas y coordinó el acampe, a través de señas y ademanes que quedaron registradas por las cámaras de seguridad del lugar. Desde ese día hasta la fecha, el acampe continúa.
Además, el Gobierno entiende que Sala violó las nuevas disposiciones adoptadas para ordenar el manejo de los fondos públicos que llegan desde el Gobierno central a las arcas provinciales, para un tema tan sensible como la construcción de viviendas y la ayuda social.
El acampe es una forma de resistir las resoluciones adoptadas por un gobierno legítimo, en pos de dar transparencia a la administración de los millonarios recursos que llegaban a las organizaciones sociales, afirman los funcionarios.
Esta acción está contemplada como un delito en el Código Penal de la Nación y comprende penas de 1 a 4 años de prisión.
Lo cierto es que ya sin argumentos, Milagro Sala junto al grupo de dirigentes de organizaciones sociales que promueven el acampe, van quedando cercados por la Justicia, que empieza a exigirles que respeten la ley.
Pero además, ven su margen de acción limitado por el notorio rechazo del resto de la sociedad, que no acepta las razones que ellos exponen para continuar alterando la vida normal de los jujeños.
Además, el Gobierno entiende que Sala violó las nuevas disposiciones adoptadas para ordenar el manejo de los fondos públicos que llegan desde el Gobierno central a las arcas provinciales, para un tema tan sensible como la construcción de viviendas y la ayuda social.
El acampe es una forma de resistir las resoluciones adoptadas por un gobierno legítimo, en pos de dar transparencia a la administración de los millonarios recursos que llegaban a las organizaciones sociales, afirman los funcionarios.
Esta acción está contemplada como un delito en el Código Penal de la Nación y comprende penas de 1 a 4 años de prisión.
Lo cierto es que ya sin argumentos, Milagro Sala junto al grupo de dirigentes de organizaciones sociales que promueven el acampe, van quedando cercados por la Justicia, que empieza a exigirles que respeten la ley.
Pero además, ven su margen de acción limitado por el notorio rechazo del resto de la sociedad, que no acepta las razones que ellos exponen para continuar alterando la vida normal de los jujeños.