La salida de Sergio Lello Sánchez del Ministerio Público de la Acusación (MPA) sigue generando fuertes cuestionamientos en el ámbito jurídico de Jujuy. Para Claudia González, abogada e integrante de la Asociación de Abogados, el principal problema no es solo la renuncia del exfuncionario, sino el silencio institucional que rodea una causa de extrema gravedad.
Un escándalo sin resolver: ¿Qué pasó con los $1.000 millones bajo sospecha?
La abogada Claudia González advirtió sobre la ausencia de información en una causa que involucra un presunto faltante de $1.000 millones. Cuestionó la designación de funcionarios, la inacción del Ministerio Público y alertó sobre un posible “pacto de impunidad”.
“Hace más de seis meses que nadie le da explicaciones a la ciudadanía”, afirmó, en referencia a la investigación que se originó tras denuncias de irregularidades dentro del MPA, entre ellas un presunto perjuicio al erario público cercano a los 1.000 millones de pesos.
González recordó que la propia Legislatura provincial habilitó medidas excepcionales, como la suspensión de Lelo Sánchez y otros funcionarios, además del secuestro de dispositivos electrónicos. Sin embargo, denunció que hasta el momento no se conoce el destino de esas pruebas ni el avance de la investigación.
“No sabemos qué juez interviene, dónde están las pruebas, si se cruzaron los datos o si algo de lo denunciado fue comprobado. No sabemos nada”, cuestionó.
Interrogantes sin respuesta
La abogada remarcó que, más allá de las denuncias por maltrato laboral y persecución dentro del organismo, que asegura haber conocido de primera mano, el punto más grave sigue siendo el posible faltante de fondos públicos.
“¿Dónde está esa plata? ¿Qué pasó con esos 1.000 millones? Porque hoy Lello Sánchez es tan inocente como cualquiera: no sabemos si hay investigación o no”, sostuvo.
En ese marco, también puso el foco en la designación del nuevo titular del organismo, el doctor Bosati, y planteó dudas sobre su rol frente al caso.
“No entiendo qué quiso decir cuando afirmó que el tema lo excede. Hay fiscales que deben investigar delitos contra la administración pública. Entonces, ¿qué es lo que falta?”, planteó.
Sospechas de encubrimiento
Uno de los puntos más sensibles de su análisis fue la posibilidad de que exista una decisión política de no avanzar con la causa.
“Me parece que hay un acuerdo político para no avanzar. No necesariamente con Lello Sánchez, pero sí porque sabe mucho de muchas cosas”, deslizó.
En esa línea, advirtió que la falta de investigación podría derivar en consecuencias económicas para la provincia.
“Si no se investiga y después se demuestra que fue acusado injustamente, la provincia puede enfrentar un juicio millonario que vamos a terminar pagando todos los jujeños”, alertó.
La “megacausa” y un fallo cuestionado
González también cuestionó el reciente sobreseimiento en la denominada “megacausa”, vinculada a fondos de obras públicas, al considerar que la resolución judicial carece de validez tras un fallo previo de la Cámara de Casación Penal.
“Es como si la sentencia la hubiera firmado alguien que no pertenece a la Justicia. No tiene validez”, afirmó, al tiempo que defendió el pase del caso a la órbita federal.
Críticas al sistema judicial y político
Más allá de los casos puntuales, la abogada trazó un diagnóstico crítico sobre el funcionamiento institucional en la provincia. Cuestionó la designación de jueces, el funcionamiento del Consejo de la Magistratura y la influencia política en el sistema judicial.
“Se pone más énfasis en lo político que en lo técnico. Así, la confianza se debilita”, advirtió.
También denunció irregularidades en concursos judiciales y apuntó contra prácticas de “amiguismo” que, según sostuvo, afectan la calidad institucional.