En general, se considera que un Estado está ausente cuando no puede proveer los servicios básicos necesarios para el bienestar de su población, como la seguridad, la justicia, la educación, la salud, la infraestructura y otros servicios públicos.
También puede ser que no tenga control sobre su territorio y que no pueda garantizar la protección de los derechos y libertades individuales.
El término "Estado ausente" se utiliza comúnmente para describir situaciones en las que hay un vacío de poder o una falta de autoridad gubernamental.
La ausencia del estado conduce a un aumento de la violencia, el crimen y la inseguridad ciudadana, lo que genera temor e incertidumbre en la población.
También conduce a la falta de servicios públicos básicos, como agua potable, saneamiento, salud y educación, lo que puede provocar desorganización social y dificultades para la supervivencia y el desarrollo.
La ausencia del Estado también es sinónimo de corrupción y al abuso de poder, ya que los políticos o poderosos se aprovechan de la falta de regulación y control para actuar de manera ilegal o injusta.
También agrava las desigualdades sociales y económicas, ya que las personas más poderosas o privilegiadas se aprovechan de la falta de regulación y control para acumular más poder y riqueza.
La ausencia del Estado tiene consecuencias negativas en la vida de las personas, especialmente para aquellas que son más vulnerables y necesitan más protección y servicios públicos.
Los sectores más vulnerables de la sociedad son los que sufren en mayor medida la ausencia del estado. Esto se debe a que estos grupos dependen en exclusiva de los servicios públicos que brinda el estado, como la salud, la educación, la seguridad y la protección social.
Cuando el Estado está ausente, estos servicios pueden verse afectados o incluso desaparecer, lo que aumenta la vulnerabilidad de estas personas y las expone a mayores riesgos.
Si no hay servicios de salud accesibles y de calidad, las personas más pobres sufren enfermedades y dolencias que podrían haber sido prevenidas o tratadas con atención médica adecuada.
Asimismo, la ausencia del Estado genera mayor violencia e inseguridad en las comunidades más vulnerables, lo que afecta especialmente a mujeres, niños, adolescentes y personas mayores.
Se considera que la salud pública y la educación pública son responsabilidades fundamentales del estado, y es por ello, al menos en los papales, se han establecido sistemas y políticas para garantizar el acceso a estos servicios.
En el caso de la salud pública, el Estado desempeña un papel clave en la prevención y el control de enfermedades, en la promoción de hábitos saludables, en la supervisión y regulación de los servicios de atención médica y en la provisión de servicios básicos de salud a la población. La ausencia del Estado en estos ámbitos tiene consecuencias altamente negativas para la salud de la población y aumentar el riesgo de epidemias y enfermedades.
En el caso de la educación pública, el Estado puede ser responsable de la provisión de servicios educativos para todos los ciudadanos, la supervisión y regulación de la calidad de la educación, y la promoción de la igualdad de oportunidades educativas para todos los estudiantes.
Si el estado no proporciona servicios educativos de calidad, las personas deben recurrir a escuelas privadas, digamos que se privatiza el acceso a la educación.
La ausencia del Estado en estos ámbitos aumenta la brecha entre los ciudadanos y por ende adquiere un impacto negativo en el desarrollo económico y social.
Lo mismo ocurre con la salud, cuando el estado no proporciona servicios de salud accesibles y de calidad, las personas deben recurrir a los efectores privados, lo que en estos tiempos es demasiado oneroso.
El Estado tiene diversas funciones específicas que varían según el país y su sistema político y jurídico, pero algunas de las funciones más comunes y generales son:
Garantizar la seguridad y protección de sus ciudadanos y su territorio mediante la aplicación de leyes y la protección de los derechos humanos. Establecer y mantener un sistema de justicia que garantice la protección de los derechos y la aplicación de la ley en el marco de un Estado de Derecho.
Promover y regular la economía del país y asegurar un nivel de vida adecuado para sus ciudadanos, lo que implica la implementación de políticas fiscales, monetarias y de comercio.
Proporcionar servicios públicos y bienestar social para la población, como la salud, la educación, la vivienda, la seguridad social y el transporte.
Proteger el medio ambiente y los recursos naturales del país, y fomentar el desarrollo sostenible. Promover la cultura y la identidad nacional, y proteger el patrimonio cultural del país.
Representar al país en el ámbito internacional, manteniendo relaciones diplomáticas y comerciales con otros países. Definir y aplicar políticas públicas que respondan a las necesidades y demandas de la sociedad, y fomentar el desarrollo social y económico del país.
En general, el Estado tiene la responsabilidad de crear un entorno seguro, justo y equitativo para sus ciudadanos y de fomentar su bienestar y desarrollo.
