En un contexto de malestar, se han denunciado cobros indebidos en las boletas y concejales del interior llegaron a crear una comisión investigadora para analizar los componentes de las mismas, y ya detectaron irregularidades.
Según expusieron recientemente desde una asociación de defensa del consumidor, hay millonarios “extras” que se cobran en las facturas jujeñas, llegando a un 45% de tasas e impuestos autorizados por SUSEPU.
¿Qué pasa en Salta?
Radio 2 dialogó con Natalia Sánchez, abogada de CODELCO Salta, para hacer una comparativa de la situación con el servicio de energía en la vecina provincia. Explicó que el Ente Regulador de Salta trabaja de manera coordinada y "aceitada" con las asociaciones de consumidores como CODELCO.
Dijo que ante los reclamos, el ente actúa con rapidez y aplica multas severas a las empresas (por ejemplo, 130 millones de pesos en multas el año pasado a EDESA), montos que se destinan a bonificaciones directas para los usuarios afectados.
Siguiendo con la línea de las protestas, marcó que en Salta existe un sistema de reclamo digital y telefónico ágil:
Si hay bajas de tensión que queman electrodomésticos, el Ente Regulador constata el día y la hora del incidente y obliga a EDESA a hacerse cargo legalmente, llegando a devolver los artefactos.
Haciendo mención a la participación ciudadana, señaló que en Salta funciona activamente el Consejo de Usuarios, una mesa de diálogo que integra al Ente Regulador, CODELCO, municipios, defensores del pueblo, la Universidad Nacional de Salta (UNSA) y el Colegio de Abogados. Desde este espacio se brinda educación al consumidor, enseñando a interpretar la facturación y los topes de los subsidios.
Para cerrar, la letrada enfatizó que al tratarse de monopolios donde el usuario no puede elegir otra empresa proveedora, el control estatal debe ser aún más riguroso. Al finalizar, puso a disposición a CODELCO para asesorar a los usuarios jujeños e impulsarlos a formalizar sus reclamos, señalando que "habituarse a la queja" es el único camino legal para forzar un cambio en el comportamiento de las empresas prestadoras.