Alicia Chalabe: “Si no van por un lado, van por el otro, eso no es democracia”

El sorpresivo “decretazo” del intendente capitalino Raúl “Chuli” Jorge para aumentar el boleto de colectivo a partir del próximo sábado ha generado una nueva polémica al problema del transporte urbano de pasajeros en Jujuy. Las reacciones por parte de los vecinos y las asociaciones de defensa del consumidor no se hicieron esperar y condenan este nuevo accionar irregular, esta vez por parte del Intendente municipal.

El aumento del boleto aprobado por ordenanza el pasado mes de noviembre debía entrar en vigencia a partir del 1 de enero de este año, pero dicha ordenanza fue suspendida por el juez Fernando Pedicone del Tribunal Contencioso Administrativo, luego de interponer una medida cautelar que frenaba la aplicación de la ordenanza.

Cabe recordar que la sesión en la que fue aprobada la ordenanza se realizó de forma “secreta” fuera del recinto deliberativo y solamente con la participación del bloque oficialista que contaba con mayoría propia.

Ahora, con el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) dictado por el Intendente Raúl “Chuli” Jorge, el municipio pretende pasar por arriba a la Justicia, que había frenado el incremento y además había dictado una medida de “no innovar”, lo que significa que las partes debían abstenerse de realizar nuevas medidas al respecto hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo.

Haciendo caso omiso a esto, el municipio –al que parece urgirle la suba del boleto sí o sí- decidió realizar el aumento recurriendo a un DNU que tiene valor de ordenanza y hacer efectivo el aumento a partir del próximo sábado 24 de enero.

Respecto de esta situación, la titular de una de las asociaciones de defensa del consumidor de Jujuy (CODELCO), señaló a Radio 2 que “en el caso de la asociación de consumidores que represento, vamos a presentar una acción judicial, una más de la  serie de acciones judiciales que hemos venido presentando el año pasado. En este caso, es una acción de amparo con una medida cautelar pidiéndole al juez que suspenda este aumento”.

“Se ha venido dando un acto administrativo tras otro, en el caso de la feria del mes de enero fueron dos decretos de la Municipalidad y anteriormente las ordenanzas, ahora se ha cambiado de departamento de lo que se dicta. Hay que recordar también que por la Carta Orgánica Municipal, la atribución de fijar tarifas y precios de los servicios públicos es del Concejo Deliberante”.

“Es un procedimiento viciado que evidentemente se ha hecho para desviar la cuestión planteada en la Justicia”, dijo.

Consultada sobre si esta acción del Intendente incurre en una “desobediencia judicial”, Chalabe remarcó que “hay tantas acciones judiciales y tantos actos administrativos que se dictaron uno tras otro, lo que hay que ver es la secuencia de cómo se fueron dando estos actos administrativos, lo que es evidente es que se pretendió de todas maneras implementar el aumento. Como no se pudo por la medida judicial dictada en diciembre ante una ordenanza del Concejo Deliberante dictada por un juez, se continuó la feria judicial con la convocatoria a las ponencias escritas y ahora este decreto con el aumento”.

“Lo que pretende este decreto es hacer una medida para que se cumpla a partir de mañana. Nosotros conocemos todo lo que ocurre con los hechos consumados, además de la tarea que se le da a la Justicia de averiguar la legalidad o no de un acto, es lo que sucede con un servicio público cuando sucede un aumento, lo que pretenden es empezar a implementarlo”.

“Entiendo que hay que revisar bien la Carta Orgánica Municipal porque no sólo es la desobediencia judicial sino que también puede haber algún argumento político. Este aumento lo dio el Concejo Deliberante, lo suspendió un juez y se decide hacerlo por el Intendente. Es decir que si no funciona por un lado, van por el otro. Así no tiene sentido que se le fijen atribuciones al Concejo Deliberante si esto lo puede hacer el Intendente. Para qué tanto desastre si esto podía haberlo hecho en el mes de noviembre”, cuestionó.

Finalmente, Chalabe se refirió a los derechos de los usuarios, manifestando que “los derechos están garantizados en la Constitución Nacional y justamente establece que hay un derecho y una garantía que tenemos los ciudadanos, que es el debido proceso. Si cada uno hace lo que quiere y no hay un procedimiento que cumplir, evidentemente no hay democracia, estamos hablando de otro régimen de gobierno. Si yo no puedo respetar el procedimiento, ¿cómo voy a garantizarle al usuario que sus derechos van a ser respetados? No depende de la voluntad de una persona que se cumpla o no determinado derecho”, concluyó.