El fiscal general Alejandro Ficoseco, Nora del Valle Millone Juncos, presidente del Tribunal de Cuentas, y los miembros de la Vocalía Contable Sala II, Mariana Leonor Bernal y René Antonio Barrionuevo Lacour fueron los señalados por el dedo acusador del oficialismo.
Las denuncias giraban en torno a una supuesta omisión en efectuar las denuncias que hubiese correspondido, avalando así que se cometa delitos en perjuicio del Estado vinculados a la “Megacausa”.
Entidades colegiadas, fiscales del país y diputados de la oposición denunciaron que se trataba de una maniobra irregular de un gobierno que buscaba eludir el control del gasto público y alertaron sobre una posible crisis institucional.
El oficialismo hizo caso omiso y continuó con su avanzada.
El propio gobernador ante tres representantes del Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina reconoció su interés en que se desplace a los denunciados en cuestión.
El mandatario tildó de “caradura” al fiscal Ficoseco y acusó a los miembros del Tribunal de Cuentas de complicidad con hechos de corrupción.
Ayer por la mañana en el salón "Manuel Padilla" de la Legislatura, tras una reunión de los legisladores, la Comisión Acusadora informó que no se logró obtener la cantidad de votos necesaria para que prosigan con los juicios políticos por lo que los mismos fueron desestimados.
Para que los juicios sigan avanzando debían contar con 16 votos, así que las denuncias quedaron sin efecto.
Hasta el momento no se conoció la identidad de las dos denunciantes a las que el gobernador llamó “valientes” y esto podría suponer una ramificación del tema dado que corresponde que la justicia penal investigue si se cometió un delito o si se trató de una falsa denuncia, dos cuestiones graves.
Consultado al respecto, el diputado Javier Hinojo sostuvo: “Dijimos que eran juicios políticos que nadan tienen que ver con el desempeño de los funcionarios denunciados. Hubo irregularidades desde la génesis. Según el gobernador había dos valientes ciudadanas y quedo demostrado que detrás de esto estaba el gobierno”.
Y continuó: “En la Constitución y el reglamento está previsto que cuando hubiere posible comisión de ilícito deben ser girados a la justicia penal. Eso está en la competencia de los juzgados que aprecien si hubo una falsa denuncia sí estuvo en juego su honorabilidad. No olvidemos que el gobernador los trato de corruptos”.