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Otra visita indeseada para Morales en Jujuy

Miembros del secretariado permanente de Tribunales de Cuentas de todo el país llegaron a la provincia para respaldar a los tres integrantes del organismo de control local que el oficialismo, con el gobernador a la cabeza, quiere remover. “No hay fundamentos jurídicos”, dijo su presidente, Sergio Díaz Ricci.

“La imputación no tiene sustento jurídico ni formal para el juicio político”.

Con esa frase, terminante, el secretario permanente de Tribunales de Cuentas de la República Argentina, Sergio Díaz Ricci, se refirió al proceso que impulsa el oficialismo en Jujuy con el objetivo de remover a tres integrantes del tribunal de cuentas de Jujuy, su presidenta Nora Millone de Juncos y los vocales Mariana Bernal y René Barrionuevo. 

Morales y sus seguidores acusan tanto el fiscal como a los integrantes del órgano de control, de haber mantenido complicidad con la dirigente Milagro Sala, por los delitos que la mantienen presa. 

En el caso de estos últimos, el gobernador los acusó de haber omitido su deber de control de los recursos que llegaban desde el gobierno nacional a Jujuy para construir obras que jamás se realizaron. 

Díaz Ricci aseguró que técnicamente eso no es cierto, y dijo que hay constancia de ello. 

“Hubo observaciones y está probado”, sostuvo el auditor tucumano. 

“Los municipios involucrados son 10 y aunque al principio, por tratarse de fondos nacionales, el control no era jurisdicción del tribunal de cuentas provincial, en la etapa posterior, el tribunal de cuentas observó el manejo de los fondos, tomó conocimiento y cumplió con informar a las autoridades nacionales”, agregó Ricci, quien se reunió con los legisladores que llevan adelante el proceso de juicio político contra Millone, Bernal y Barrionuevo.

“El Tribunal de cuentas de Jujuy es el cuarto más antiguo. Existe desde 1935. Hemos aprendido mucho de este órgano, de jerarquía y relevancia constitucional”, introdujo Díaz Ricci para destacar a sus colegas.

No obstante se preocupó de aclarar que el caso fue estudiado previo a la llegada a Jujuy. “Si hubieran causales no hubiésemos venido, no es una defensa corporativa”, remarcó. 

Los tribunales de cuentas de las provincias ejercen un rol fundamental en la lucha contra la corrupción. Ejerce una función de control permanente del uso de los fondos públicos, desde que se emite el dinero, cómo se lo gasta y la aprobación posterior de la correspondiente rendición de cuentas. 

Si las rendiciones no se aprueban comienza un juicio administrativo. Si el funcionario no logra justificar su administración, debe devolver el dinero de su bolsillo. “Se llaman cargos fiscales con juicios de cuenta. Luego se recurre a la justicia para que haga la ejecución”, explicó Díaz Ricci.

La principal sospecha en el caso de Jujuy apunta hacia allí: aunque no lo manifestaron públicamente, los acusados creen que hay temor en la gestión Morales por la rendición de la enorme cantidad de recursos de los que dispuso. 
 

 

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