Jujuy | JUICIOS POLÍTICOS |

Fuertes declaraciones de un abogado contra Morales y su familia

Se trata de Alberto Nallar, asesor técnico de una de las vocales denunciadas en los fallidos juicios políticos que promovió el gobierno. Con la modificación al Tribunal de Cuentas, que avaló la legislatura, el ejecutivo podrá supervisar a quienes lo controlan. El letrado apuntó contra la complicidad de los legisladores "inmorales" que facilitarán "el manejo delictivo de los fondos del estado". Habló de la necesidad de que la sociedad controle los desmanejos de Morales y sus "decenas de familiares en la función pública".

  • El abogado Nallar hizo un fuerte descargo contra los legisladores del oficialismo por permitir una modificación que termina afectando la autonomía del Tribunal de Cuentas y permitiéndole al gobierno controlar a quienes lo controlan.
  • El letrado manifestó en el programa Sobremesa preocupación particularmente por los “delitos de la política” y la impunidad que los caracteriza.
  • No se salvó nadie del entorno de Morales. Pidió que se controle a su hijo a cargo del cannabis medicinal, a su hermano en Vivienda, e inclusive a su actual pareja.
  • Finalmente desentrañó la maniobra del gobierno ya no para eludir el control de las cuentas públicas sino para supervisarlo.

Ayer, en el programa Sobremesa, el abogado Alberto Nallar, quien asesoró a la presidente del Tribunal de Cuentas, Nora Milone Junco, durante los polémicos y cuestionados juicios políticos, hizo un fuerte descargo contra la insistencia del gobierno para controlar al organismo encargado de investigar como dispone del dinero público.

En la 4ta sesión especial de la Legislatura, el oficialismo logró aprobar la modificación de la ley orgánica del Tribunal de Cuentas.

Se aumentó la cantidad de fiscales y secretarios en el organismo, quienes podrán revisar y modificar el trabajo de los actuales vocales.

“El gobierno pretendía quedarse con los tres cargos para ejercer un dominio en materia de control de cuentas para amparar las irregularidades que saben que están cometiendo”, dijo el letrado.

Y sostuvo: “La inmediatez con la que respondieron a ese traspié confirma que tienen algo que ocultar”.

“Crearon tres fiscalías en el Tribunal de Cuentas cuyos funcionarios va a designar el gobernador”, agregó.

Nallar anticipó el desenlace que finalmente tuvo la maniobra del gobierno y basó su descontento en la desconfianza respecto de la idoneidad de los diputados oficialistas: “No advierto ningún legislador de los adeptos a Morales que tenga la honestidad suficiente como para decidir algo en el recinto que vaya a ofender la voluntad de su patrón”.

Luego, sentenció: “Pocas veces he visto personas que se presten con tanta facilidad a cometer ilícitos en beneficio del gobernador Morales”.

La decisión de los radicales, sostuvo, de liberar el control de los gastos públicos primero mediante los juicios y ahora dándole curso al proyecto de ley de modificación del tribunal, tienen el mismo efecto.

Para ilustrar su planteo, Nallar se refirió a la complicidad de quien le provee las armas al ladrón para que pueda robar.

“Lo que pasa en la Legislatura es una complicidad del gobernador con sus funcionarios sulbalternos en el manejo delictivo de los fondos del estado”, precisó.

Recordó entonces la “complicidad” de la Legislatura cuando, tiempo atrás, le otorgó al Poder Ejecutivo provincial la declaración de emergencia del sector tabacalero. “Fue para amparar una inminente quiebra de la Cooperativa del Tabaco que se dedicaba a pedir plata prestada en pesos y a devolverla en dólares, entre las que tengo entendido que alguien vinculado al gobernador hacia estas operaciones”.

“Le dio un aval para sacar crédito de 90 millones y ese aval es con la coparticipación de la provincia. Todo esto lo hicieron los inmorales que están en la Legislatura”, indicó.

Con ese mismo tono de denuncia, el abogado cuestionó la doble vara con la que se miden los delitos no solo en la Justicia sino también en la sociedad, al punto de naturalizar el delito de los funcionarios políticos.

“Los delitos políticos no existen, si un chico consumido por el paco me roba el celular es un negro delincuente. Ahora, si el que me maneja el presupuesto se lleva la mitad, contrae empréstitos en dólares, hace negocios con su familia, con el hijo de la marihuana, con otro hijo en el cine, con un hermano en vivienda, con otro hermano en la secretaria de la gobernación, con el pariente, el tío, la actual mujer. ¡Ah no, estos son delitos políticos y lo político sería un paraguas de protección, de impunidad!”, afirmó.

Y continuó: “Si yo me robo esta copa soy un delincuente, quiero que al gobernador si se lleva una parte del presupuesto también se lo considere un delincuente. Quiero que la sociedad se constituya en una empresa de seguridad para evitar que el gobernador se lleve algo más que una copa. El gobernador y su familia que son decenas que están en la función pública”.

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