En la 4ta sesión especial de la Legislatura, el oficialismo logró aprobar la modificación de la ley orgánica del Tribunal de Cuentas.
Se aumentó la cantidad de fiscales y secretarios en el organismo, quienes podrán revisar y modificar el trabajo de los actuales vocales.
“El gobierno pretendía quedarse con los tres cargos para ejercer un dominio en materia de control de cuentas para amparar las irregularidades que saben que están cometiendo”, dijo el letrado.
Y sostuvo: “La inmediatez con la que respondieron a ese traspié confirma que tienen algo que ocultar”.
“Crearon tres fiscalías en el Tribunal de Cuentas cuyos funcionarios va a designar el gobernador”, agregó.
Nallar anticipó el desenlace que finalmente tuvo la maniobra del gobierno y basó su descontento en la desconfianza respecto de la idoneidad de los diputados oficialistas: “No advierto ningún legislador de los adeptos a Morales que tenga la honestidad suficiente como para decidir algo en el recinto que vaya a ofender la voluntad de su patrón”.
Luego, sentenció: “Pocas veces he visto personas que se presten con tanta facilidad a cometer ilícitos en beneficio del gobernador Morales”.
La decisión de los radicales, sostuvo, de liberar el control de los gastos públicos primero mediante los juicios y ahora dándole curso al proyecto de ley de modificación del tribunal, tienen el mismo efecto.
Para ilustrar su planteo, Nallar se refirió a la complicidad de quien le provee las armas al ladrón para que pueda robar.
“Lo que pasa en la Legislatura es una complicidad del gobernador con sus funcionarios sulbalternos en el manejo delictivo de los fondos del estado”, precisó.
Recordó entonces la “complicidad” de la Legislatura cuando, tiempo atrás, le otorgó al Poder Ejecutivo provincial la declaración de emergencia del sector tabacalero. “Fue para amparar una inminente quiebra de la Cooperativa del Tabaco que se dedicaba a pedir plata prestada en pesos y a devolverla en dólares, entre las que tengo entendido que alguien vinculado al gobernador hacia estas operaciones”.
“Le dio un aval para sacar crédito de 90 millones y ese aval es con la coparticipación de la provincia. Todo esto lo hicieron los inmorales que están en la Legislatura”, indicó.
Con ese mismo tono de denuncia, el abogado cuestionó la doble vara con la que se miden los delitos no solo en la Justicia sino también en la sociedad, al punto de naturalizar el delito de los funcionarios políticos.
“Los delitos políticos no existen, si un chico consumido por el paco me roba el celular es un negro delincuente. Ahora, si el que me maneja el presupuesto se lleva la mitad, contrae empréstitos en dólares, hace negocios con su familia, con el hijo de la marihuana, con otro hijo en el cine, con un hermano en vivienda, con otro hermano en la secretaria de la gobernación, con el pariente, el tío, la actual mujer. ¡Ah no, estos son delitos políticos y lo político sería un paraguas de protección, de impunidad!”, afirmó.
Y continuó: “Si yo me robo esta copa soy un delincuente, quiero que al gobernador si se lleva una parte del presupuesto también se lo considere un delincuente. Quiero que la sociedad se constituya en una empresa de seguridad para evitar que el gobernador se lleve algo más que una copa. El gobernador y su familia que son decenas que están en la función pública”.