Así el mandatario provincial se reservará la posibilidad de elegir a quienes de ahora en más tendrán el deber de controlarlo.
¿En qué consiste la modificación? Podría decirse que se basa en “copar” el organismo.
La nueva ley, aprobada con el número 6.148, agranda la cantidad de miembros con jerarquía en el máximo órgano de control de la provincia y cambia su forma de funcionamiento.
En la actualidad la estructura jerárquica está conformada por:
- Presidente (Nora Millone)
- Cuatro vocales (Juan Burgos, Juan Brajsich, Mariana Bernal, René Barrionuevo)
- Un fiscal general y uno adjunto (Luis Sadir y Flavia Hubeid)
- Dos secretarios (de actuación, Noemí Fernández, y administrativo, Fabiana Luz Cresspe).
Los cuatro vocales conforman hasta hoy dos salas que se reparen el control: una audita al Poder Ejecutivo provincial – a cargo del gobernador Gerardo Morales – y la otra las intendencias.
La nueva ley disuelve las dos salas y las divide en cuatro vocalías, una para cada vocal.
Cada uno de ellos estarán controlados por tres nuevos cargos que la flamante ley crea en la fiscalía general: dos fiscales contadores y uno abogado.
Estos nuevos funcionarios, que serán elegidos por el gobernador, tendrán la potestad de supervisar y eventualmente propiciar correcciones en el trabajo de los vocales.
Así lo indica el artículo 8 de la modificación aprobada ayer en la Legislatura, que crea el artículo 28 bis para la ley orgánica del tribunal de cuentas, y en el inciso “d” dice textual:
los fiscales de vocalía podrán presentar los recursos previstos en esta Ley cuando, a su criterio, la decisión de Vocalía sea adversa a los intereses estatales “los fiscales de vocalía podrán presentar los recursos previstos en esta Ley cuando, a su criterio, la decisión de Vocalía sea adversa a los intereses estatales”.
En otras palabras, Brajcich, Burgos, pero sobre todo Bernal y Barrionuevo, a quienes el oficialismo intentó expulsar del organismo vía juicio político semanas atrás, tendrán a partir de ahora la supervisión de los fiscales que designe el gobernador.
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Arriba: los apuntados por Morales, Millone, Bernal y Barrionuevo
Abajo: los "aliados" del gobierno, Brajcich y Burgos.
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Pero hay más.
El organigrama del tribunal de cuentas dispone una estructura de trabajo conducida por las secretarías de actuación y la secretaría administrativa.
Allí también intervino el oficialismo, ya que con la modificación se introducen tres nuevas áreas: secretaría de asuntos judiciales, secretaría de gestión administrativa y mesa de entradas, y secretaría de asuntos informáticos.
Además, el texto aprobado deja la posibilidad de evaluar a las secretarias en funciones, Noemí Fernández y Fabiana Luz Cresspe, quienes para continuar deberán integrar una terna y ser reelegidos por las autoridades del tribunal.
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Paradójicamente, en los fundamentos del proyecto, los diputados Alberto Bernis y María Eugenia Nieva (ambos de la UCR), aseguran que la modificación busca “eliminar la burocracia que tanto mal le hace al estado”.
Integrantes de la oposición daban por sentado luego de la sesión que cada uno de los cargos jerárquicos creados conllevará una estructura burocrática nueva, con más cargos administrativos.
Finalmente, en el artículo 12 se establece que los nuevos fiscales de vocalía tomarán participación inmediata en los expedientes que se estén controlando en la actualidad.
La oposición, a coro: "Morales no quiere rendir cuentas"
Entre amargas quejas y gestos de resignación, los diputados opositores repitieron con insistencia distintas variantes de la misma frase: el gobernador Gerardo Morales “no quiere rendir cuentas”.
La diputada del PJ Alejandra Cejas fue quizás la más vehemente a la hora de cruzar los argumentos del oficialismo.
“Esto es ilegal, inconstitucional e inmoral, Jujuy está en una crisis profunda, pero se convocan para salvarle la ropa al gobernador porque no puede rendir cuentas”, fustigó.
Además, Cejas consideró que la sesión fue nula, ya que el proyecto no pasó por comisiones, fue puesto a disposición de los bloques de la oposición en la mañana misma de la sesión y luego fue modificado con el conocimiento solo del radicalismo, en un evidente estratagema del oficialismo.
Alberto Matuk, del mismo bloque, fue puntual al señalar que con la creación de las vocalías con un solo integrante se elimina la posibilidad de disidencia y, en consecuencia, la posibilidad de intervención de la presidente, Nora Millone, a quien el oficialismo también intentó expulsar vía juicio político.
Además subrayó que se impusieron mayorías especiales para la realización de reuniones plenarias del tribunal, de manera que cada decisión o intervención que deseen hacer las autoridades va a requerir de un acuerdo extraordinario porque se necesitan cuatro votos sobre un total de cinco integrantes (la presidenta y los cuatro vocales). La posibilidad de actuación se reduce, sobre todo si se tiene en cuenta que dos vocales, Brajcich y Burgos, están identificados con el gobierno.
“Ya no se esconde si no que se pone a la luz un objetivo claro: neutralizar de manera concreta y fulminante el control del Tribunal de Cuentas”, dijo Matuk.
El encargado de defender la posición del gobierno fue Alberto Bernis, presidente del bloque oficialista, quien tuvo que leer sus argumentos. “Queremos afianzar un tribunal de cuentas como un organismo autónomo con capacidad para cumplir su mandato constitucional, permitiendo su evaluación y adaptación de nuevas formas de control de la administración pública”, repasó.
“No estamos modificando la ley para manejar y tener un control absoluto de quien tiene que controlar al poder ejecutivo, si no todo lo contrario, queremos agilizar, modernizar, y no queremos que siga como hasta ahora, que muchas veces diputados y comunicadores se han quejado del mal funcionamiento y la lentitud del tribunal de cuentas”, agregó Bernis.
Además, advirtió que “no es inconstitucional”. Esta última expresión tiene que ver con las presentaciones que ya prepara la oposición, que prometió ir a la justicia para denunciar el avance del oficialismo.
