En la jornada de ayer, Empleados del ex Banco de Desarrollo realizaron una asamblea en las puertas de la entidad para expresar su preocupación.
Apuntaron contra su presidente Marcelo Fernández, a quien acusaron de pretender bajar los sueldos.
En el medio de este conflicto, hay un convenio bancario vigente que Fernández decidió no respetar.
Las autoridades hoy aducen que el ahora exBanco de Desarrollo cambia de denominación por una intimación del Banco Central, pero aquí entra en juego la responsabilidad del presidente del entidad y el incumplimiento de los objetivos planteados como tal.
Dichos fracasos generaron planteos de intervención y amenazas de toma de edificio para la próxima semana porque hay 130 familias afectadas y empleados con más de 20 años de antigüedad que ven como se incumplen convenios colectivos de trabajo.
Incluso la provincia le otorgó un préstamo millonario del que no se supo más nada. Fue el Estado prestándole al Estado y esto alimentó las críticas respecto de que la entidad “fue la caja chica de los últimos gobiernos”.
La explotación de máquinas tragamonedas junto al juego de la tómbola, a los porcentajes de los juegos de otras provincias comercializados en Jujuy y al cobro de aranceles de bingos y rifas, actualmente conforman la totalidad de los ingresos de la entidad, de cuya actividad viven 130 empleados estatales, 100 agencias de tómbola (de las que dependen agencieros, su agentes y corredores) y las instituciones organizadoras de Lotas, Bingos, bingos rifas y bonos contribución.
La explotación de máquinas tragamonedas se encuentra concesionada en la provincia a las empresas VIDEO DROME S.A Y SUPERSTAR S.R.L
El ingreso que se obtiene por la explotación de las salas tragamonedas, es el más importante, para las arcas del Banco.
Con el pretexto de la inactividad provocada por el cierre temporario de las salas de tragamonedas, durante algunos meses del año 2020 e invocando un balance que aún no se encuentra aprobado, el 4 de febrero de 2021 el presidente del Directorio del ex Banco de Desarrollo, suscribió un informe con, según denunciaron, datos erróneos y/o falsos que forman parte de una adenda.
Una adenda es un apéndice o un anexo. La adenda es usada en contratos de adhesión para realizar modificaciones o agregar detalles específicos.
En este caso puntual, dicha adenda modifica todas las condiciones contractuales de la explotación de todos los juegos de azar autorizados por el Banco de Desarrollo, provocando un vaciamiento deliberado a las arcas de la institución, debido a que cede todos los juegos de azar, sin un llamado a licitación bajo la modalidad de contratación directa , suscribiendo un contrato millonario sin exigir una adecuada garantía de cumplimiento, cuando ello se encuentra prohibido por la ley de contrataciones del Estado.
El contrato se celebra por el término de dos años prorrogable hasta el año 2035.
La adenda significa una desnaturalización total y absoluta de la contratación vigente con las empresas proveedoras del servicio de tragamonedas debido a que se modificaron todas y cada una de las condiciones contractuales celebradas oportunamente de acuerdo a los términos de una licitación pública nacional en el año 1988. En esta adenda se bajan, en forma alevosa, las ganancias que obtenía la institución y se eliminan los controles que por ley le corresponden al Estado. Con todo esto se está realizando un vaciamiento de arcas del banco para finalmente liquidarlo deliberadamente y privatizar la administración de los juegos en la provincia.
La adenda es nula de nulidad absoluta, ya que se amplió y modificó el objeto principal de la licitación original, totalmente vigente, se prorrogan los plazos de los contratos con las empresas autorizadas sin realizar el llamado a licitación pública nacional como corresponde por ley.
La nueva adenda por contratación directa, otorga el control total de todos los juegos de azar a una sola empresa sin un proceso legal de selección del contratante y sin la intervención de los organismos controladores pertinentes (Fiscalía de Estado y Tribunal de Cuentas).
La adenda no fue sometida al control preventivo del Tribunal de Cuentas conforme lo establece la Ley de Administración Financiera, ni de Fiscalía de Estado quien debe intervenir con el control de legalidad de actos celebrados.
En lo que respecta a la explotación de los juegos de azar y de tragamonedas, con la suscripción de la adenda ilegitima, la institución resultó totalmente perdidosa, toda vez que se desnaturalizó el contrato de concesión, pese a la advertencia que ya había realizado el Tribunal de Cuentas al respecto, estableciendo que se debía hacer una nueva licitación y que no se podía, bajo ningún aspecto, cambiar las condiciones de contratación.
Haciendo caso omiso, el presidente del directorio cambió el plazo de concesión, varió la contraprestación, se incluyeron todos los juegos que explotaba directamente la institución; tercerizándolos (agencias de lotería, adjudicatario de la licencia de juegos on line, explotación de VLT, Juegos de azar en vivo sin una licitación previa dejando a la sociedad del Estado en severa indefensión y vaciamiento de sus arcas, porque se le sustrajeron todas sus actividades, otorgándose en forma gratuita el juego de tómbola, bingos, explotación de VLT y juegos de azar en vivo.
Las prórrogas autorizadas, para la explotación de las concesiones han desnaturalizado la contratación y han generado severos perjuicios patrimoniales para el erario público, por lo cual se debe remitir la documentación para que se analicen las actuaciones a la oficina anticorrupción con el objeto de determinar si existió o no responsabilidad por parte del presidente del directorio, que suscribió las resoluciones modificando todas las condiciones de la licitación , en perjuicio del Estado, de los empleados y de los agentes de tómbola sin ejercer medidas de control respecto de todos los juegos de azar autorizados.
Lo que se advierte aquí son acciones que deben investigarse porque podrían constituir lavado de dinero, ya que la administración de todos los juegos de azar quedó en manos de un tercero y no del Estado quien debe controlar.
Las resoluciones suscriptas por el directorio carecen de eficacia jurídica al no tener intervención de los organismos de control, tal como lo señalan las normas legales.
La aplicación del sistema de canon reduce considerablemente las ganancias para la institución, provocando serios perjuicios patrimoniales además de los ya ocasionados con las adendas suscriptas en forma irregular.
Se deben establecer con relación a ambas empresas mayores controles respecto de cantidad de máquinas instaladas, lugares en las cuales se encuentran, recaudación de cada una de ellas, cumplimiento de las normas de la AFIP, Oficina Anticorrupción, etc para lograr un proceso transparente respecto de la recaudación de fondos públicos y cumplimiento impositivo, en cambio en esta adenda, se quita poder al Estado.
Se modifica en desmedro de los ingresos de la institución, la forma de cálculo de canon y el reparto en la participación de las utilidades que antes estaban fijadas.
Se modifica en desmedro de la institución el cobro de los intereses, en caso de incumplimiento.
No se especifica adecuadamente que inversiones debe realizar el concesionario.
El contrato que se celebra es millonario, sin embargo se establece como garantía un seguro de caución por la suma de 2 millones de pesos.
La empresa adeuda sumas millonarias al banco y en la cláusula vigésima segunda, el banco renuncia a los reclamos y a realizar acciones judiciales.
La adenda no fue refrendada por parte del Poder Ejecutivo.
En el año 2016 Morales presentó con corte de cinta, banda y agrupación palco, un nuevo mega proyecto, el Banco de Desarrollo de la provincia.
Supuestamente y, a decir del propio mandatario, una entidad creada con los fines de contribuir al desarrollo sustentable, promover el mercado de nuevos productos jujeños, atraer inversiones extranjeras y locales para el desarrollo e innovación tecnológica en la provincia y promover nuevos enfoques de desarrollo económico entre algunos de los principales objetivos.
Por supuesto que el resultado final no fue distinto al resto de los auspiciosos anuncios del gobierno, un rotundo fracaso para los intereses de los jujeños y un gran éxito de los prebendarios de siempre.
Pero todo esto parece tan lejano de la actual realidad a las funciones que el mismo banco viene realizando desde su creación a la cabeza del ex cuñado de Morales, Marcelo Fernández, un viejo conocido de la casa ya que estuvo también al mando del ex Banco de Acción Social y a quien los trabajadores acusaron de haber liquidado dicho organismo.
Esta vez parece que se repite la misma película ya que hace meses la situación de los trabajadores es insostenible y dan cuenta con un sinfín de irregularidades que el banco tiene ante la incapacidad de un presidente que prioriza sus interés personales y de los propietarios de las agencias de juego.
La respuesta ante este reclamo y la voz alta que tomaron los trabajadores dando a conocer la verdad fue cambiar el nombre del banco y por ende la función, pasándose a llamar de esta manera “Agencia de Desarrollo de Jujuy” ya que según Fernández siempre fue la intención desde un principio cumplir este objetivo, lo cierto es que las funciones realizadas en la entidad bancaria no iban acompañadas de todo lo que se anunció desde su creación. Es así como surgieron muchas irregularidades descubiertas y denunciadas por sus trabajadores con la asociación bancaria a la cabeza.
Ante los reclamos de los trabajadores, quienes la semana pasada realizaron un abrazo simbólico denunciando y oponiéndose a las aviesas intenciones de Morales y Fernández.
En una nueva asamblea, trabajadores y referentes gremiales solicitaron una audiencia para el tratamiento de la situación con todos los bloques de la legislatura, pero también con el gobernador Gerardo Morales.
La respuesta a los trabajadores no fue otra que la persecución laboral, las amenazas con bajarles el sueldo y hasta el despido, pero esto no solo queda ahí, ya que la reacción de Morales frente al escándalo fue un proyecto de ley que ingresó en la legislatura, con la intención crear de un “instituto provincial de juegos de azar” el cual hoy tomará estado parlamentario para ser tratado y aprobado en la próxima sesión ordinaria.
El Banco Central de la República Argentina manifestó en su resolución que se debía sacar el nombre de Banco de Desarrollo Humano a toda publicidad o denominación que haga referencia al mismo; esto, producto de la impericia del gobierno, que nunca pudo cumplimentar con los requerimiento administrativos formales.
Por estas horas, tanto trabajadores, como dirigentes sindicales y referentes políticos descreen en que tanta impericia se pueda manifestar de una manera tan brutal, y las sospechas ahora rondan a que este fue un proceso con inconfesables intenciones, ya que distintos instrumentos administrativos otorgan exagerados beneficios a los explotadores de los juegos de azar.
Para Sergio Palazo, secretario general de la Asociación Bancaria, Morales generó un conflicto cuyo final es incierto, y que lejos de dirimirse dentro de los límites provinciales, será un brete que tendrá una amplia repercusión nacional… “sabemos cuándo y donde comenzó, pero no sabemos cuándo y dónde terminará…” es la posición de la asociación bancaria.
