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La Justicia jujeña con jueces en la mira

La división de poderes en Jujuy no se cumple y el Ministerio Público de la Acusación vuelve a al centro de prácticas inconstitucionales.

El Ministerio Público de la Acusación es un organismo inconstitucional legitimado por la escribanía legislativa del Sr. Morales, hacemos referencia a la Legislatura de la Provincia.

Para el senador Guillermo Snopek es un organismo, con una sola finalidad y es la de ejercer persecución a quienes piensan distinto en la Provincia. La estructura está compuesta por 22 fiscales conducidos por el fiscal general.

La reputación de estos funcionarios está severamente cuestionada por su notoria falta de independencia en el desempeño de sus funciones, que son sumamente importantes para el bienestar de la sociedad.

Sabemos que no es ninguna novedad el vínculo que mantiene el fiscal general con la Casa de Gobierno, el ultimo antecedente o escándalo de suma gravedad que revoluciono a toda la ciudadanía en la Provincia, es la de mala praxis en el último caso de los allanamientos a domicilios de dirigentes sociales, que están al frente de organizaciones sociales.

Tengo en mi propiedad el informe de la Comisión de Solidaridad con los pueblos en defensa de los Derechos Humanos, el cual es de suma importancia. Sobre todo el trabajo detalla de forma exhaustiva como se llevó a cabo los 16 allanamientos realizados de forma irregular, con objetivos de una notoria brutalidad sin brindar ningún tipo de notificación, sobre alguna imputación respecto de la investigación del Fiscal Funes.

Se observan además acciones de persecución política con armado de causas y obstáculos a la debida defensa, entendiendo el derecho de defensa como una garantía procesal que se encuentra ligado con la noción del debido proceso, plasmado tanto en la Convención Americana sobre Derechos Humanos en el art.8.

Es por ello que se observan graves contradicciones entre el Juez de Control, el Dr. Fernández y el Fiscal Funes, ya que el Fiscal plantea que no hay imputados en tanto Fernández habla de “allanados imputados”.

Por otro lado a los abogados de los dirigentes sociales no se les permitió tomar vista, conocimiento y mucho menos intervención en el expediente de la causa, lo cual es una clara violación al derecho a la defensa que podemos ver plasmado en el art.18 en la Constitución Nacional.

En los procedimiento se registró, la práctica del espionaje ilegal/infiltración, violando dos leyes, por un lado la ley de inteligencia y la de seguridad interior.

Por otra parte hay una denuncia de una familia integrante de una organización social, con 2 hijos de 24 y 19 años, junto a su madre y padre, luego de participar en una manifestación pidiendo alimentos para merenderos y comedores fueron detenidos por 7 días, si usted leyó bien 7 días, sufriendo las peores vejaciones, descalzos, bajo torturas y constantes amenazas, todo este accionar ocurrió a pocos metros del centro capitalino en el Penal de Gorriti.

Todo esto ocurre en el contexto de criminalización de la protesta social en la Provincia y es regulado por el famoso Código Contravencional que se utiliza como instrumento legal de persecución política. Diego Funes es el brazo ejecutor que tramita las contravenciones, este sujeto es Titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Económicos y contra la Administración Pública.

Es así como operan los funcionarios del Ministerio Público de la Acusación, de forma descarada, pero además como novedad y condimento a toda esta situación, me cuentan que estos funcionarios son designados como jueces subrogantes ya que la justicia penal no llama a concurso a las vacantes y son cubiertas por estos señores.

En todo este entuerto me pregunto: ¿Será cierto que estos señores cobran dos sueldos? ¿Uno por ser fiscal y el otro por cumplir funciones como juez subrogante al cien por ciento?...pregunto, nos debemos preguntar todos.

Otra de las preguntas que me realizo es: ¿Con que experiencia toman el cargo?, por otro lado ¿La preparación de un juez es la misma que la de un fiscal? Son interrogantes que espero que todos los ciudadanos tengan las respuestas pertinentes.

Con semejante antecedentes que he leído, demuestran la mala praxis en su accionar, me siguen disparando interrogantes: ¿Se animan estos señores a tomar el cargo de juez? ¿Hasta dónde llega el nivel de presión desde la fiscalía general o hasta donde llega la audacia por ambición de estos sujetos?

Mientras sigo analizando toda la situación con la información que tengo en mis manos, las preguntas no dejan de surgir, por ultimo ¿Hasta dónde llega el nivel de presión desde la fiscalía general o hasta donde llega la audacia por ambición de estos sujetos?, solo son preguntas.

Me comentan que esta misma metodología rige en la justicia civil en donde tampoco se llama a concurso pero allí los jueces de cámara son reemplazados por jueces de primera instancia. En este caso ¿Los sueldos por la subrogancia son al 30%? Si esto fuera fuera así ¿A donde va a parar el 70% de ese salario?

¿Ustedes se dio cuenta en manos de quienes estamos?, son muchas preguntas, pocas respuestas que nos merecemos tener, dejo para que lo piense.

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