En el mes de agosto, la Legislatura aprobó el proyecto que permite la conversión de empresas del Estado a sociedades anónimas. Desde el oficialismo justificaban la iniciativa como una adecuación a la Ley Bases mientras que desde la oposición la cuestionaban marcando irregularidades.
Versiones cruzadas sobre la posible venta de una parte de JEMSE
El informe y balance de una compañía privada marca la compra de acciones de “Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado”. Desde el gobierno desmienten esa versión pero en un contexto de dudas y falta de transparencia.
Esta posibilidad de privatizar compañías estatales despertaba incertidumbre teniendo en cuenta la cantidad de firmas que tiene el gobierno de Jujuy desde la gestión radical. Entre ellas aparecía JEMSE (Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado), la cual está en la mira desde hace tiempo por la falta de transparencia en el manejo de fondos.
En ese contexto, los últimos días estuvieron atravesados de rumores que señalaban que JEMSE había vendido su participación en proyectos de litio: Arcadium (ahora Río Tinto) declaró haber adquirido el 8,5% de las acciones.
A través de algunos medios locales, se aclaró que JEMSE nunca tuvo relación con Arkadium Lithium, una empresa que dejó de existir tras varias fusiones: primero Allkem + Livent, y luego terminó absorbida por Río Tinto. También que sigue siendo socia activa en los proyectos Exar y Sales de Jujuy, con un 8,5% de participación, para que la provincia produzca casi 70.000 toneladas anuales, cerca del 6% del litio del mundo.
Versiones contradictorias
Para abordar toda esta situación, Radio 2 dialogó con Alicia Chalabe, abogada y referente de la asociación de defensa del consumidor CODELCO.
Ante la información contradictoria por parte del gobierno sobre JEMSE, la letrada señaló la necesidad de datos más accesibles para los ciudadanos.
También cuestionó el destino de los ingresos generados por la producción de litio y su impacto en la provincia de Jujuy.
Remarcó la importancia de que JEMSE publique sus balances y se investiguen los proyectos productivos con SEGEMAR y la Facultad de Ingeniería. En ese sentido, cuestionó la falta de defensa de los derechos de los usuarios y la falta de información clara sobre los beneficios para los jujeños.