Jujuy | Ingenio La Esperanza

Cronología de un pésimo negocio

El gobierno – con ayuda de la justicia – cerró la venta del ingenio La Esperanza y sus valiosas tierras al grupo tucumano Budeguer, por una cifra que no alcanza para recuperar lo que invirtió en los últimos tres años, y que terminará de abonarse en el año 2.035; el gobernador Morales, el ministro Abud Robles y el juez Juan Calderón, protagonistas de una extravagante maniobra judicial que podría tener consecuencias.
30 de mayo de 2019 - 00:00

“Hoy es un día histórico, hemos vendido el ingenio de contado”. 

La frase fue pronunciada el 3 de diciembre de 2017 por el ministro de desarrollo económico Juan Carlos Abud Robles, en el Salón Blanco de Casa de Gobierno, en una conferencia de prensa de la que participaron además el gobernador Gerardo Morales y Omar Leal, el supuesto CEO del grupo colombiano Omega que prometía el desembolso de 86 millones de dólares para quedarse con el ingenio azucarero de San Pedro, quebrado hace dos décadas y mantenido desde entonces con dinero de los contribuyentes. 

Papelones y mentiras públicas mediante, la operación sufrió un estrepitoso fracaso, esencialmente por la falta de seriedad del inversor estrella traído por los funcionarios jujeños. 

El 28 de mayo de 2019, un año y cinco meses después de aquella célebre frase, el juez Juan Pablo Calderón, en definitiva el responsable del destino de la fábrica y sus bienes, firmó una resolución mediante la cual autoriza una venta con ribetes escandalosos. El nuevo comprador, si por fin se concreta la operación, será el grupo tucumano Budeguer. 

Se trata de una venta que, en resumen, se pactó bajo las siguientes condiciones: 

Un valor total de 50 millones de dólares, que se pagarán en cuotas hasta el año 2.035, a cambio de alrededor de 16 mil hectáreas aptas para riego. Según diputados del PJ, el valor de mercado es de 14 mil dólares la hectárea, lo que daría un monto cuatro veces mayor. 
De los pasivos que deja el ingenio se hará cargo el Estado.
Los primeros 5 millones de dólares se depositan cuando quede firme la resolución. Allí se adjudican las primeras 3.300 hectáreas. 
El segundo depósito será de 2 millones de dólares el 30 de octubre de 2019. Allí se escrituran 1.000 hectáreas más. 
El tercer depósito será de 3 millones de dólares el 30 de abril de 2020 pero podría demorarse hasta octubre de ese año. Se adjudican 1.300 hectáreas más. 
El saldo se pagará, sin intereses, en 15 años a partir de 2021. Las cuotas serán de 2.666.666 dólares, que se vencerán el 30 de septiembre de cada año. 
El grupo Budeguer se queda con los bienes a través de dos empresas de su propiedad, Productora del Noroeste y Gestión Inmobiliaria del Norte. 
Productora del Noroeste poseerá las tierras, mientras que Gestión Inmobiliaria del Norte tendrá las máquinas, herramientas y demás bienes de la planta fabril donde actualmente se produce azúcar. Todo estará hipotecado hasta que se cancele la deuda. 
Todo lo que inviertan las nuevas propietarias para mantener o restaurar la fábrica podrá ser descontado del saldo de 40 millones de dólares antes mencionado. 
Las nuevas empresas se comprometen a contratar 600 empleados, pero estos deberán rescindir primero los contratos que ya poseen. Las correspondientes indemnizaciones las paga el Estado. Aun así, las nuevas empresas se reservan el derecho a seleccionar el personal.
Una vez que quede firme la resolución y tras el pago de la primer cuota, las empresas adjudicatarias tienen un mes de plazo para inscribirse como empresas dentro de la provincia y aumentar el capital.

Vista aérea de la fábrica de La Esperanza. 

El gobierno concluye así un negocio, como mínimo cuestionable, por varios motivos. 

El primero es la evidente intromisión en el rol de la justicia. Desde el momento en que el ingenio La Esperanza se funde, es la justicia, a través del juez de la quiebra, quien debe monitorear la administración del ingenio. 

Para ello modificaron leyes provinciales - ayudados por los diputados oficialistas, con las manos siempre levantadas cuando se trata de proyectos que llegan desde casa de gobierno – y sometieron a una presión pocas veces vista al juez Calderón, que trató por todos los medios de emprolijar los engendros jurídicos que llegaban a su despacho. 

Pasaron tres años y una sangría calculada en más de 2.000 millones de pesos invertidos en todo concepto para el funcionamiento del ingenio, y el resultado de la operación no llegará a cubrir en 15 años lo que esta gestión ya gastó en 3. 

Se liquidó, además, un patrimonio que muchos consideran de los mas valiosos que hay en la provincia en una operación rodeada de oscuridad y cuestionamientos. 

El ministro Juan Carlos Abud Robles (izq.), en una de las tantas veces que realizó anuncios sobre el ingenio La Esperanza. A su lado, el ministro de Trabajo, Jorge Cabana Fusz. 

 

Pero además, el gobierno pagó un enorme costo político por extralimitarse en el tema. 

El gobernador Morales denunció públicamente que habían “robado” dentro del ingenio, apuntó contra su antecesor Eduardo Fellner y algunos funcionarios de esa gestión, y prometió denunciarlos penalmente. Se desacreditó al no concretar ninguna presentación judicial. 

Luego, cuando los rumores sobre la caída de la operación con el grupo colombianos arreciaban, desmintió públicamente a este medio en una conferencia de prensa, para reconocer tres días después que había mentido. 

Todo eso le costó este discreto resultado. Si de una vez por todas, la venta del ingenio La Esperanza se concreta, será recordada como uno de los peores negocios que se hayan concretado desde el Estado. 

A la derecha, Morales se da la mano con el "CEO" que iba a comprar el ingenio por 86 millones de dólares. A la izquierda, en la conferencia de prensa en la que ratificó aquella operación. Ninguno de los dos anuncios se concretó.