Las exigencias de los inversores colombianos retrasan la venta en La Esperanza
Le pidieron aclaraciones al juez sobre las condiciones en que les serán transferidos los bienes de la empresa y desconocen la antigüedad de los empleados, pese a que se habían comprometido a sostenerla; el juez desestimó parcialmente los planteos y comienza la cuenta regresiva para que los inversores depositen el pago.
La venta del ingenio azucarero La Esperanza, del departamento San Pedro, atraviesa por una definición tan engorrosa como su historia.
La empresa lleva quebrada hace 20 años y es mantenida artificialmente con fondos públicos, ya que el estado se hizo cargo de los casi mil empleados que quedaron inicialmente, los que fueron mermando con el tiempo.
La salida para sangría a las arcas del estado pareció surgir - luego de decenas de intentos - el último 4 de abril, cuando el juez Juan Pablo Calderón, encargado de administrar el proceso de quiebra, resolvió aceptar la oferta gestionada por funcionarios del gobierno provincial, realizada por un grupo inversor colombiano. La misma consistía en la compra de la empresa y sus activos, a cambio de 86 millones de dólares.
Sin embargo, luego de ese paso fundamental, los supuestos nuevos dueños presentaron objeciones a la letra chica de la resolución de Calderón.
Le pidieron que sea claro respecto del momento en el que les serían transferidos los bienes de la empresa. Esto es, la fábrica, maquinaria y los enormes campos productivos con los que cuenta La Esperanza, en donde hasta se asegura que hay petróleo.
Allí surgieron varias interpretaciones. Mientras los inversores parecieron aspirar a tener la titularidad de los bienes sin realizar ningún depósito de dinero, el juez les remarcó que una parte de ellos les sería transferida cuando realicen el primer desembolso comprometido, de 15 millones de dólares.
Tras las otras dos cuotas restantes de 25 y 46 millones de la moneda norteamericana, que se completarían en los próximos 12 meses, recién serían los dueños de la totalidad de las posesiones del histórico ingenio.
Con esas objeciones planteadas en el expediente, el juez resolvió aclarar lo que consideraba necesario, es decir, el momento de los desembolsos y la posterior transferencia, y desestimó el resto de los planteos, dándole curso a la venta.
Esta última resolución tiene fecha del 10 de mayo. A partir de allí debería correr un plazo de 20 días para que los inversores que se adjudicaron la empresa realicen el primer depósito de 15 millones de dólares.
No obstante, en caso de no estar conformes con la respuesta a su pedido de aclaración, podrían apelar a nuevas instancias judiciales, lo que retrasaría aún más el proceso.
Por otra parte, quienes formaron parte de la compulsa le cuestionan serias irregularidades al comportamiento de la empresa colombiana, a la que acusan de no haber presentado toda la documentación respecto de su presencia formal en el país, ni haber depositado el 5% de garantía para competir por el ingenio.
“¿A quiénes les van a transferir los bienes y las tierras si ni quiera presentaron su documentación en el expediente?”, se preguntaba una fuente con acceso al litigio.
Así, La Esperanza intenta cerrar una etapa. 700 trabajadores sobrevivieron a dos décadas de descalabro y esperan empezar una nueva zafra en el mes de junio, para ofrecer en el mercado sus bolsas de azúcar. El futuro, como desde hace 20 años, es incierto.
Omar Leal, CEO del grupo inversor que ofreció U$S 86 millones para quedarse con el ingenio La Esperanza, junto al gobernador Gerardo Morales.